Varios ministros del gobierno guatemalteco han presentado su renuncia y miles de ciudadanos han inundado las calles para protestas contra recientes movimientos de las élites por institucionalizar la corrupción, sumergiendo al país en una agitación mayor y mostrando cómo una ola de presión nacional podría decidir el desenlace.
En un comunicado de prensa conjunto del 19 de septiembre, los ministros de Trabajo y Prevención Social, de Gobierno y de Finanzas en Guatemala presentaron sus renuncias en medio de la “crisis política” que según ellos les ha cerrado las oportunidades de tratar los “problemas de importancia” para el pueblo guatemalteco.
Los funcionarios prometieron seguir en sus cargos hasta que se eligieran sus reemplazos, y luego continuar trabajando en otra posición por un “país más justo, próspero, transparente y equitativo”. También presentaron sus renuncias varios viceministros.
En las semanas que precedieron a las renuncias, el congreso había iniciado un procedimiento parlamentario para analizar la conducta del ministro del interior Francisco Rivas Lara, lo que eventualmente les permitiría usar un “voto de falta de confianza” para destituirlo de su cargo.
Durante meses, Rivas Lara ha sufrido el acoso del congreso y del presidente Jimmy Morales por su respaldo a las investigaciones anticorrupción dirigidas por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que tiene el aval de las Naciones Unidas. Esas indagaciones han llegado hasta la persona de Morales, con declaraciones de los investigadores que afirman tener evidencia de que el presidente puede haber aceptado contribuciones ilícitas en su campaña, las cuales presuntamente incluyen dinero de un conocido narcotraficante.
Además de las renuncias, miles de guatemaltecos salieron a las calles el 20 de septiembre para una “huelga nacional” contra la corrupción y la impunidad. Las tres principales demandas de la huelga son la renuncia de Morales, la reforma a las leyes de finanzas electorales y la destitución de los miembros del congreso que votaron recientemente por una controvertida reforma considerada por muchos como un “pacto de impunidad“.
Análisis de InSight Crime
Las dimisiones recientes de altos funcionarios y el desbordamiento de la indignación pública indican que la presión por que se mantengan las iniciativas anticorrupción no hará más que aumentar. De mantenerse, las protestas pueden llevar incluso al derrocamiento de Morales, un destino muy parecido al de su antecesor Otto Pérez Molina, quien dejó su cargo en 2015 y poco después fue a la cárcel por cargos de corrupción.
“Hace dos años, vimos que la sociedad civil guatemalteca puede crear una presión enorme cuando se decide a hacerlo”, comentó a InSight Crime la profesora de ciencia política y experta en Centroamérica Christine Wade. “Sea cual sea el respaldo del que originalmente hubiera gozado Morales como candidato anticorrupción y antiestablecimiento se ha evaporado… No creo que esté descartada una repetición de lo que pasó en 2015”.
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La actual indignación ya obligó a la clase política del país a echar marcha atrás en sus esfuerzos por blindarse de cargos por corrupción, aun cuando la fuerte censura internacional no logró impedir el avance de dichas medidas. Y el congreso anunció recientemente que planea revisar una votación realizada a comienzos del mes que protegía la inmunidad de Morales contra procesos judiciales y evitaba el avance en la investigación sobre las finanzas de su campaña.
Esto indica que, aun si Morales sigue en su cargo, la presión pública seguirá teniendo un impacto crucial en el desenlace de la actual crisis.
“Preveo que las protestas y demandas de renuncia [de Morales] aumentarán”, observó Wade. “La pregunta es cómo responderá la administración (y el ejército) a esas protestas”.