Las recientes revelaciones sobre una red de espionaje político son un nuevo indicio de que la administración presidencial de Ricardo Martinelli en Panamá empleó tácticas mafiosas para debilitar a la oposición y posiblemente dilatar las investigaciones del gobierno contra él y su equipo de gobierno.
La Procuraduría General de Panamá ha confirmado que el sistema de espionaje conocido como Pegaso, que fue obtenido por la administración de Martinelli en 2012, fue utilizado en una oficina privada que pertenece al empresario Gabriel Btesh, informó La Prensa.
Btesh fue miembro del llamado "círculo cero" del expresidente, término utilizado para describir a un importante grupo de políticos y empresarios que presuntamente participaron en redes de corrupción durante la administración de Martinelli (2009-2014).
La Corte Suprema de Justicia de Panamá inició la investigación sobre Martinelli en junio de 2015, acusándolo de que había ordenado grabaciones telefónicas ilegales para espiar a más de 150 personas, entre las que se encontraban importantes miembros del partido de la oposición, el Partido Revolucionario Democrático (PRD).
El equipo de monitoreo le fue comprado a la compañía israelí NSO Group Technologies por US$8 millones, y estaba destinado a ser utilizado por el Consejo Nacional de Seguridad de Panamá. Según las autoridades, sin embargo, Pegaso funcionó en el sexto piso de un edificio de propiedad de Btesh entre el 29 de enero de 2013 y el 14 de mayo de 2014, diez días después de la elección del actual presidente Juan Carlos Varela.
Martinelli ha negado las acusaciones de grabaciones ilegales, alegando que está siendo víctima de "persecución política". Se cree que el expresidente vive actualmente en Miami.
Análisis de InSight Crime
Los sistemas de inteligencia pueden ser utilizados para bien o para mal. Los sistemas de inteligencia paralelos y por fuera de las instalaciones regulares se utilizan casi siempre para mal. En este caso, Martinelli estaba por lo menos espiando a su oposición. Pero si él estaba actuando como la mayoría de los políticos que han empleado tácticas similares, probablemente también estaba espiando a sus propios fiscales y jueces, los mismos que ahora lo están investigando por múltiples esquemas de malversación de fondos.
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En efecto, hay bastante evidencia que apunta a esa conclusión; las denuncias por corrupción han estado rondando a Martinelli incluso desde antes de que finalizara su mandato. Además de los cargos de espionaje, la Corte Suprema está investigando al expresidente por su presunto papel en un escándalo que involucra millones de dólares de contratos inflados y devoluciones ilegales en un programa de asistencia alimentaria estatal. En total, Martinelli enfrenta al menos seis cargos de malversación de fondos, espionaje y tráfico de influencias, y en diciembre de 2015 un tribunal panameño despojó al expresidente de su inmunidad, de modo que pueda ser juzgado por cargos de uso inadecuado de información confidencial.
Una dinámica similar se presenta en otras partes de Latinoamérica, donde se han empleado redes de espionaje financiadas por el gobierno para fines oscuros e individuales. En Colombia, por ejemplo, dos altos funcionarios del gobierno fueron condenados el año pasado por su papel en un escándalo de espionaje telefónico que tuvo lugar durante la administración del expresidente Álvaro Uribe. Desde que terminó su mandato en 2010, el expresidente ha sido acusado de vínculos con grupos narcotraficantes y paramilitares, y su hermano fue arrestado recientemente porque se presume que creó un escuadrón de la muerte de paramilitares derechistas en la década de los noventa. Uribe no ha sido condenado por ningún delito.
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