El líder opositor y presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela ha presentado su plan de seguridad para cuando inicie un eventual gobierno de transición, y ha anunciado una serie de propuestas para restablecer la seguridad ciudadana y neutralizar a los grupos criminales armados que tienen el país bajo su control.
El plan de seguridad hace parte del “Plan País”, la estrategia de reconstrucción nacional promovida por Juan Guaidó desde que fuera declarado presidente interino en enero pasado. Desarrollado a lo largo de un año de reuniones con expertos y representantes de la sociedad civil, el plan detalla las reformas sociales y económicas que constituyen la médula de la visión alternativa de Guaidó para Venezuela.
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Presentado el 11 de abril en Caracas, el plan de seguridad contiene una serie de medidas a corto, mediano y largo plazo con el objetivo manifiesto de “cambiar la relación entre el ciudadano y los cuerpos de seguridad para crear una alianza que garantice la vida y el respeto a los Derechos Humanos de los venezolanos”.
El plan establece como prioridad cuatro áreas de intervención para restaurar la estabilidad nacional: la actuación policial, la prevención para reducir la violencia, así como reformas al sistema judicial penal y al sistema penitenciario. También contiene propuestas para el control de armas, un aspecto vital para combatir la criminalidad en el país.
Análisis de InSight Crime
Las prioridades trazadas en el plan de seguridad de Guaidó demuestran que es consciente de que el éxito de cualquier gobierno transicional en Venezuela requerirá neutralizar los elementos armados, y cada vez más criminalizados, de los que depende el régimen de Nicolás Maduro.
Un enfoque clave es la profesionalización de la fuerza de policía mediante mejor adiestramiento, condiciones laborales y procedimientos de ascenso. Transferir las funciones de seguridad a un cuerpo de policía responsable es fundamental para reducir los crímenes y los homicidios.
También se presta atención a la necesidad de mayores restricciones en el sistema penitenciario, con la meta de debilitar el poder de los jefes de la prisión, conocidos como "pranes". En la actualidad, estas figuras carcelarias dominan el sistema penitenciario de Venezuela y controlan poderosas redes criminales desde su reclusión.
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Crucial para el éxito del plan es el programa de registro y control de armas y municiones. Esta medida busca reducir el gran número de armas en manos de civiles en todo el país. Esta, en particular, será una tarea cuesta arriba. Maduro trabaja activamente para salvaguardar su régimen armando a grupos paramilitares, conocidos como "colectivos", y el armamento de alto calibre abunda entre las "megabandas" que controlan las zonas populares de Venezuela.
Para complicar aún más la situación, está la presencia de grupos armados colombianos, entre ellos las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Ambos grupos dependen de la complicidad de la administración de Maduro para contar con protección y acceso a economías lucrativas, como el corredor de la cocaína en el Caribe, y las operaciones mineras ilegales. Estos grupos han expresado su disposición de defender militarmente el régimen que les concede tales beneficios, y han sido vistos trabajando con los colectivos para impedir el ingreso de ayuda humanitaria a Venezuela.
El plan de Guaidó es sin duda ambicioso y bien pensado, pero con esa plétora de actores armados alineados con Maduro, la capacidad de Guaidó de implementar su estrategia dependerá de las lealtades vacilantes de los mismos grupos que pretende neutralizar.
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