Nicaragua niega violaciones por parte de paramilitares

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El comandante del Ejército de Nicaragua ha negado la presencia de grupos paramilitares en la agitada nación, y de esta manera se convierte en el más reciente país centroamericano en negar las acciones de dichos grupos, a pesar de las claras evidencias de su participación en violaciones a los derechos humanos.

En un encuentro con periodistas como parte de la conmemoración del 40 aniversario de fundación del Ejército, el comandante de la institución castrense, Julio César Avilés, afirmó que en Nicaragua no había ninguna evidencia de actividad paramilitar.

“Bajo ningún punto de vista aceptamos ese concepto de fuerzas paramilitares”, dijo durante la conferencia de prensa, añadiendo que el Ejército había sido víctima de una campaña de desprestigio.

Esta es la primera vez que el Ejército se pronuncia en torno a la presencia paramilitar en el país, después de las crecientes críticas sobre el papel de los grupos de civiles armados en la represión de las protestas contra el gobierno que se iniciaron en abril de 2018.

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La postura de Avilés refleja la de la jefatura de gobierno. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, también ha negado cualquier conexión con los escuadrones, y anteriormente se había referido a los grupos paramilitares como “policía voluntaria”.

Sin embargo, Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales han documentado y denunciado la participación de grupos armados progubernamentales en la represión de las protestas. Según El Nuevo Herald, estos grupos armados se han visto implicados en la muerte de por lo menos 150 personas desde que comenzaron las manifestaciones.

Análisis de InSight Crime

Los intentos del Ejército de Nicaragua por distanciarse de la actividad paramilitar es un indicio de la permanente lealtad de los militares al régimen de Ortega. Para el asediado presidente, el apoyo del Ejército y de los grupos armados partidarios del gobierno es esencial para evitar los levantamientos civiles que amenazan su estabilidad en el poder.

Con el anuncio de Avilés, Nicaragua se ha convertido en el más reciente país centroamericano en negar las atrocidades cometidas por grupos paramilitares.

Guatemala, así como Nicaragua, no ha dado la cara en cuanto a los escuadrones de la muerte paramilitares. Un líder de uno de estos grupos, Kamilo Rivera, fue hasta el año pasado viceministro de Gobernación del país. Durante la guerra civil de 36 años en Guatemala (1960-1996), el Ejército creó milicias civiles conocidas como Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), que fueron responsables de la mayor parte de las casi 20.000 muertes y desapariciones perpetradas durante el conflicto, así como de más de un millón de desplazados guatemaltecos.

Su vecino, El Salvador, también se ha mostrado renuente a investigar las denuncias de que altos oficiales de la Policía Nacional crearon redes criminales que participaron en ejecuciones extrajudiciales, violaciones sexuales y extorsiones.

En Honduras, el exdirector de la Policía Nacional, Juan Carlos “El Tigre” Bonilla, presuntamente vinculado a escuadrones de la muerte, no ha sido hallado culpable de ningún delito.

En varios países de la región, gobiernos de diversas orientaciones políticas han recurrido a los paramilitares como una manera de reprimir e intimidar a grupos armados o civiles que se oponen a su autoridad. En otros casos, como ha ocurrido en Centro América, escuadrones de la muerte paramilitares se han originado en las fuerzas de seguridad del Estado y han posibilitado el asesinato de pandilleros.

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Y en toda Nicaragua, bandas de paramilitares encapuchados han presuntamente asaltado pueblos, disparando contra manifestantes desarmados, incendiado casas y secuestrado opositores. Estos escuadrones han sido señalados también de usar armas de grado militar para atacar a manifestantes, además de cometer asesinatos extrajudiciales, secuestros y crueles torturas.

Algunos otros países de la región, como Guatemala y Honduras, han sido objeto de sanciones de Estados Unidos en relación con graves violaciones a los derechos humanos. El aislamiento de Nicaragua de la comunidad internacional y las abundantes sanciones en su contra significan que la reciente negación de las violaciones por parte de paramilitares quizá también quedará impune.

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