Con el despliegue de miles de soldados en zonas rurales de El Salvador y una nueva legislación que permite enjuiciar cientos de personas a la vez, el presidente Nayib Bukele prolonga y estimula su política de mano dura contra las pandillas del país.
Las fuerzas de seguridad salvadoreñas desplegaron 7.000 soldados y 1.000 agentes de policía en Cabañas, un departamento predominantemente rural y poco poblado, ubicado al norte del país en la frontera con Honduras.
El objetivo del refuerzo de seguridad, según anunció Bukele en un tuit del 1 de agosto, es ir tras los pandilleros del Barrio 18 y la MS13 que se estima están refugiados en dicho departamento. El 30 de julio, varios pandilleros atacaron supuestamente a agentes de policía del municipio de Ilobasco, e hirieron a dos de ellos. Como respuesta a este agresión, los oficiales rodearán completamente a Cabañas, con el fin de evitar que los presuntos pandilleros huyan.
“Ningún pandillero podrá salir, mientras nuestros equipos de extracción se encargan de sacarlos de sus escondites”, escribió Bukele en su tuit.
El aumento de tropas en Cabañas se da tras la aprobación de una reforma legislativa por parte de la Asamblea Nacional el 26 de julio. La nueva ley permite llevar a cabo juicios colectivos de presuntos pandilleros, en grupos de hasta 900 personas, y eleva la pena máxima de prisión para los líderes de las pandillas pasando de 45 a 60 años.
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Las anteriores son las más recientes medidas contra las pandillas enmarcadas en una política de mano dura sin precedentes contra estas agrupaciones. Durante más de un año, el gobierno salvadoreño ha mantenido la figura de un estado de excepción para justificar la guerra total contra las pandillas. Las medidas de emergencia han suspendido algunos derechos constitucionales, como el derecho a un abogado y a un juicio justo, y han llevado al encarcelamiento de casi 72.000 personas, lo que representa el 2% de la población adulta del país.
Dichas maniobras han permitido reducir las tasas de homicidio y desmantelar las pandillas, lo que ha disparado la popularidad de Bukele por encima de un 90%. El mandatario afirmó el 1 de agosto que el país podría registrar una tasa de homicidios de solo 2,2 por 100.000 habitantes en 2023, una significativa disminución en comparación al abultado 103 por 100.000 en 2015.
“El Salvador es un lugar donde las maras ya no gobiernan y ya no tienen presencia", afirma el periodista salvadoreño Juan José Martínez d’Aubuisson, colaborador de InSight Crime.
A pesar de la popularidad de las estrategias antipandillas entre los salvadoreños, las organizaciones de derechos humanos han criticado el estado de excepción, denunciando violaciones a los derechos humanos, como detenciones arbitrarias masivas y procedimientos judiciales injustos.
Análisis de InSight Crime
Aunque la tasa de homicidios y la presencia de pandillas han disminuido en El Salvador, Bukele no da señales de disminuir la represión de su política contra las pandillas. Por el contrario, los esfuerzos se están redoblando, apuntando a nuevas áreas geográficas y limitando cada vez más las garantías judiciales.
La movilización en Cabañas da continuidad a las tácticas previas de mano dura, que, a primera vista, han sido exitosas. En mayo de este año, Bukele envió 5.000 soldados al municipio de Nueva Concepción, en el departamento de Chalatenango, como respuesta al asesinato de un policía por parte de presuntos pandilleros. Las tropas rodearon la ciudad, realizaron inspecciones y detuvieron a quienes estuviera en la zona, provocando el arresto de al menos 50 personas.
Ahora, las fuerzas de seguridad están utilizando la misma estrategia en todo el departamento de Cabañas, donde el número de detenidos probablemente superará al de Nueva Concepción.
Tras el inicio del estado de excepción en marzo de 2022, las autoridades recibieron total permisividad para hacer detenciones indiscriminadamente. El gobierno suspendió los requisitos que deben emplear los policías en el momento de informar a los detenidos el motivo de su arresto y el derecho de ser presentados ante un juez en un plazo de 72 horas. Esto ha facilitado el encarcelamiento de miles de personas tanto pertenecientes o no a las pandillas.
“Los policías y los militares se han convertido en jueces”, afirma Martínez d’Aubuisson. “Y una vez son capturados en estas redadas, sus posibilidades de salir en corto plazo son muy complicadas.”
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Con los juicios colectivos y con el aumento de las penas de prisión, el gobierno ha establecido las herramientas legales necesarias no solo para llevar a cabo arrestos masivos, sino también para mantener a los detenidos en las prisiones.
La legalización de los juicios colectivos prorroga una práctica ya existente, que aunque técnicamente es ilegal, se instrumentalizará para condenar a los detenidos de manera rápida y con escasa evidencia.
El aumento de la sentencia máxima para los líderes de las pandillas se suma a previos ajustes de las condenas para los acusados de delitos relacionados con pandillas. Al comienzo del estado de excepción, el gobierno anunció que aumentaría las penas máximas para los líderes de pandillas de nueve a 45 años, y el reciente aumento eleva dichas penas hasta los 60 años de encierro.
Junto con la construcción de una megaprisión, estas medidas apoyan a las autoridades en su objetivo de mantener a los detenidos en prisión indefinidamente.
“No van a regresar nunca a las comunidades, a las colonias, a los barrios y a nuestras ciudades del país", dijo en marzo pasado Gustavo Villatoro, ministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador.
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