Una ola de asesinatos inédita desde los días de la guerra civil en El Salvador fue el mensaje fúnebre de las pandillas del país, en el idioma que usan para pronunciarse hacia el gobierno.
Al parecer las pandillas se dieron a la tarea de ultimar indiscriminadamente a civiles cuando estos se encontraban en sus labores cotidianas, lo que incluyó a vendedores callejeros, pasajeros de autobuses y personas en comercios, durante los tres días de derramamiento de sangre que se iniciaron con 14 homicidios el 25 de marzo.
Al día siguiente, las autoridades contaron 62 homicidios más, lo que marcó el día más sangriento registrado en las últimas tres décadas, desde el fin de la guerra civil. Otras once personas fueron asesinadas el 27 de marzo, para un 87 homicidios en 72 horas.
La prensa local hizo notar que era posible que los pandilleros hubieran recibido instrucciones de dejar los cuerpos a la vista de todos. Incluso, un cadáver fue arrojado a un lado de una vía.
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La respuesta del gobierno no se hizo esperar. El 27 de marzo, la asamblea legislativa de El Salvador aprobó el estado de excepción por un mes, en respuesta a la solicitud presentada el día anterior por el presidente Nayib Bukele. Esta declaración suspendió derechos constitucionales, como la libertad de asociación y flexibilizó la reglamentación para hacer detenciones. Dichas medidas también autorizan la instalación de retenes militares en todo el país.
Más tarde, las autoridades de El Salvador anunciaron la captura de más de 570 pandilleros en un lapso de dos días, entre quienes se contaban los líderes pandilleros señalados de ordenar los homicidios, según la Policía Nacional y el ministro de Seguridad del país.
El gobierno también impuso duras restricciones en las prisiones donde hay pandilleros recluidos. En Twitter, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció el confinamiento por todo el día de los reclusos en prisiones de máxima seguridad.
“Por sus acciones, ahora sus “homeboys” [pandilleros] no podrán ver ni un rayo de sol”, dijo el mandatario en el mismo trino en Twitter el 27 de marzo.
La airada reacción de Bukele fue una respuesta a la oleada de homicidios que amenaza con torpedear los avances de su administración en la reducción de la tasa de homicidios en el país. Los 87 homicidios entre el 26 y 28 de marzo llevaron a 329 el saldo anual homicidios en El Salvador, 21 más que en el mismo periodo de 2021.
Bukele se ha llevado todo el crédito de la reciente disminución de los homicidios y ha negado cualquier negociación con las pandillas para mantener la paz. No obstante, la Fiscalía General de la República había sacado a la luz evidencia de reuniones clandestinas entre funcionarios del gobierno y líderes de las pandillas presos. Y en diciembre de 2021, el Departamento del Tesoro estadounidense sancionó al director de prisiones de El Salvador y a otro alto funcionario por su presunta participación en dichas negociaciones.
Análisis de InSight Crime
En lugar de enfrascarse en guerras prolongadas con las autoridades estatales o entre ellas mismas, las pandillas de El Salvador parecen haber optado por olas relámpago de violencia indiscriminada.
La ola récord de homicidios ocurre pocos meses después de que otra campaña homicida dejó un rastro de 46 cuerpos en un lapso de 72 horas en noviembre de 2021. Otro pico repentino de homicidios en abril de 2020, cuando se contabilizaron docenas de muertos, fue una de las primeras señales de gran inconformidad de las pandillas en el mandato de Bukele.
Según los analistas, estos repuntes relámpago de violencia parecen coincidir con rupturas en el presunto pacto con las pandillas, y con ellos las pandillas parecen usar los cuerpos de civiles como fichas para la negociación.
"Las pandillas usan su capacidad de alterar los índices de violencia para presionar al gobierno para que cumpla ciertas demandas", señaló Tiziano Breda, analista del International Crisis Group para Centroamérica.
Pero “las pandillas no parecen tener interés en desbaratar todo el proceso", comentó en entrevista con InSight Crime. En lugar de eso, lo que les interesa es "hacerle ajustes".
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Las olas de violencia evitan cualquier conflicto prolongado con actores estatales. Esta estrategia parece evitar la confrontación directa con las fuerzas del gobierno. Las pandillas han evitado atentar contra miembros de las fuerzas de seguridad en sus recientes campañas violentas, lo cual refleja un distanciamiento de la confrontación directa. El fracaso de la anterior tregua de pandillas derivó en una guerra sin cuartel entre las pandillas y las fuerzas de seguridad a mediados de la década de 2010, y esa violencia sostenida provocó un récord en la tasa de homicidios para 2015.
"No hay que interpretarla como un inicio de una guerra, sino como un golpe de mesa", señaló Juan Martínez d'Aubuisson, antropólogo y experto en pandillas salvadoreño, y agregó que las pandillas seguramente están usando los homicidios para expresar su descontento con las negociaciones secretas con el gobierno.
Martínez también comentó que la inconformidad entre los pandilleros rasos de la MS13 puede ser la causa del pico de homicidios. Aunque hace tiempo que la pandilla usa los homicidios para exigir un trato preferencial del gobierno, los beneficios se han dirigido en su mayoría a los jefes de la pandilla privados de la libertad. Ahora, según Martínez, puede decirse que los pandilleros rasos están usando la misma estrategia para mostrar a sus líderes la inconformidad con las negociaciones.
"Puede que le estén dando [a la ranfla] un poco de su propia medicina", dijo Martínez.
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