Una investigación que había sido descartada por el exfiscal general de El Salvador ha proporcionado abundantes evidencias de que la administración del presidente Nayib Bukele negoció en secreto con tres de las violentas pandillas callejeras del país.
El medio de noticias digital El Faro obtuvo la investigación inconclusa y publicó algunas de sus partes, que incluyen transcripciones de llamadas telefónicas interceptadas, archivos de audio, mensajes de texto e imágenes de cámaras de vigilancia, entre otros materiales que demuestran que los funcionarios de la administración llevaron a cabo negociaciones secretas con la Mara Salvatrucha (MS13), Barrio 18 Revolucionarios y Barrio 18 Sureños.
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No está del todo claro cuál es el quid pro quo entre las partes. Sin embargo, parece que, como mínimo, los líderes de las pandillas acordaron reducir los homicidios a cambio de mejores condiciones en las cárceles, lo que incluye comunicaciones más frecuentes entre los líderes de las pandillas en las cárceles y los que se encuentran por fuera de ellas. La mayoría de las pruebas reunidas por el Ministerio Público están relacionadas con funcionarios del gobierno que facilitaron estas comunicaciones dentro de las cárceles.
La investigación, denominada Operación Catedral, fue adelantada por una unidad especial de la fiscalía —la cual fue creada por el exfiscal general Raúl Melara para investigar las negociaciones entre las dos administraciones anteriores y las pandillas—. Dicha unidad allanó la Oficina de Prisiones del país en septiembre de 2020, donde incautó discos duros y libros de registros, poco después de que se publicara un informe de El Faro que dio a conocer el tema de las conversaciones del gobierno de Bukele con las pandillas.
Los fiscales además intervinieron líneas telefónicas, siguieron los movimientos de los sospechosos y entrevistaron a testigos, según informó El Faro, medio que confirmó gran parte de la investigación mediante sus propias entrevistas.
Algunas de las evidencias más sólidas de las negociaciones provienen de grabaciones de audio de líderes de pandillas, así como imágenes de cámaras de vigilancia de presuntos líderes de pandillas y negociadores del gobierno con pasamontañas, acompañados a las prisiones por Osiris Luna, director de prisiones de El Salvador.
En grabaciones transcritas por El Faro, algunos pandilleros de la MS-13 se refieren a las negociaciones y hablan de la necesidad de mantener los asesinatos en niveles mínimos. En una de ellas, un pandillero dice que a los funcionarios del gobierno les preocupa que “podamos cometer el más mínimo error”.
“A ellos les preocupa el más mínimo error que podamos cometer de parte de nosotros y también ellos tienen el cuidado de no cometer el más mínimo error para que esto no fracase y no salga a la luz pública que hay un entendimiento”, agrega.
En otra conversación, los pandilleros hablan en código acerca de los homicidios, diciendo que hubo más palmes (asesinatos) en octubre y que esto causaría una pérdida de privilegios en “las casas”, término que usan para referirse a las prisiones. Un pandillero afirma que “el sistema ya sabe que nosotros a cero”, aparentemente refiriéndose a las instrucciones de los líderes de reducir los asesinatos a cero.
Las fotos de videovigilancia y las entrevistas con el personal de las prisiones muestran que hubo funcionarios del gobierno que participaron en las negociaciones. Carlos Marroquín, jefe de la Unidad de Reconstrucción del Tejido Social, organismo gubernamental encargado de implementar programas sociales, educativos y económicos en barrios marginados, supuestamente asistió a varias reuniones con hombres que llevaban pasamontañas y que los investigadores identificaron como líderes de pandillas, según El Faro. En ocasiones, el propio Marroquín iba enmascarado al entrar y salir de las cárceles.
La investigación también reveló que Luna, el director de prisiones, aparentemente facilitó reuniones entre líderes encarcelados de Barrio 18 Sureños y hombres con pasamontañas, y que llevó a cinco hombres enmascarados a una reunión en la cárcel de máxima seguridad de Zacatecoluca, según un informe interno del encargado de esa prisión. Según El Faro, Luna y el oficial encargado del penal permanecieron afuera de las instalaciones mientras los hombres se reunían con líderes de las tres pandillas.
Luna también presuntamente ayudó a encubrir las negociaciones con las pandillas después de que El Faro informara, en septiembre del año pasado, que aparecía en libros de registros acompañando a líderes de pandillas enmascarados a las cárceles. Según la última investigación, Luna ordenó la eliminación de 221 libros de registro de Zacatecoluca, así como discos duros y computadoras.
Bukele no ha respondido directamente al informe de El Faro, pero dijo en Twitter: “Quieren que contestemos el mismo refrito, que ya contestamos y que ya publicaron 5 veces”.
Análisis de InSight Crime
La revelación de la investigación del exfiscal general sobre las negociaciones con pandillas por parte del gobierno de Bukele tiene tres implicaciones principales para el presidente de El Salvador, quien durante su mandato se ha empeñado en reducir los homicidios, enfrentar a las pandillas y señalar a las administraciones anteriores por realizar pactos ilegales con los líderes de las pandillas.
En primer lugar, hay pruebas contundentes de que algunos funcionarios del gobierno dirigieron las negociaciones, violando los protocolos penitenciarios y ofreciendo concesiones a los líderes de las pandillas a cambio de una reducción de los homicidios. Si bien Bukele se ha ufanado durante mucho tiempo de que su plan de seguridad es el que ha llevado a la fuerte disminución de los homicidios en el país, la evidencia indica que son las propias pandillas las responsables de una de las tasas de homicidios más bajas en la historia reciente de El Salvador.
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Una lista de 19 exigencias hechas por los pandilleros, según El Faro, incluía mejores condiciones carcelarias, el cese de las operaciones antipandillas a gran escala y oportunidades de empleo. Los beneficios reclamados por los pandilleros son similares a los que reclamaban en una tregua mediada por funcionarios en 2012 durante la administración del expresidente Mauricio Funes.
Bukele ha acusado frecuentemente a las administraciones anteriores de negociar de manera ilegal con las pandillas, a menudo haciendo dichas acusaciones mediante las redes sociales. De hecho, el departamento fiscal que terminó investigando al gobierno de Bukele se creó inicialmente para investigar a legisladores, alcaldes y ministros de administraciones anteriores. Varios de ellos fueron acusados penalmente el año pasado de negociar con pandillas, con el fin de obtener beneficios políticos.
En segundo lugar, la investigación revela un importante encubrimiento que culminó con la destitución, en mayo de este año, del fiscal general Melara, quien también había utilizado dicho departamento para investigar la corrupción entre los leales y aliados de Bukele. Tras la destitución de Melara, el nuevo fiscal general, Rodolfo Delgado, destituyó al jefe de esa unidad, lo que aportó aún más pruebas de los intentos del gobierno de Bukele por desmantelar la investigación.
En tercer lugar, es probable que la confirmación de que el gobierno de Bukele negoció con las pandillas genere aún más tensiones en las relaciones entre Estados Unidos y El Salvador, en lo que respecta al control de las poderosas pandillas callejeras del país y el freno a la migración. Las oleadas de solicitantes de asilo que han llegado a la frontera con Estados Unidos han señalado a la violencia de las pandillas como la razón que los ha obligado a huir; por otro lado, Estados Unidos ha acusado a los principales líderes de la MS13, con la esperanza de llevarlos a los tribunales estadounidenses para que enfrentaran acusaciones de terrorismo, entre otros cargos.
Sin embargo, funcionarios de Estados Unidos y El Salvador le dijeron recientemente a InSight Crime que un pacto secreto entre pandillas y el gobierno podría estar detrás de la decisión judicial de frenar estas extradiciones, comenzando con la de Armando Melgar Díaz, alias “Blue”, el primer líder de la MS13 en enfrentar cargos de terrorismo.
Los fiscales estadounidenses habían adelantado la acusación contra Blue y otros importantes líderes pandilleros. Entre los acusados por Estados Unidos se encontraba Borromeo Enrique Henríquez, alias “Diablo de Hollywood”, quien aparentemente participó en negociaciones de pandillas con funcionarios de la administración de Bukele.
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