El líder pandillero de Haití Jimmy Chérizier, alias “Barbecue”, es uno de los principales objetivos de posibles sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU, mientras que otra resolución solicita un destacamento armado internacional para ayudar a enfrentar la crisis de seguridad que padece el país.
Las sanciones propuestas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) incluirían la implantación de un embargo sobre las armas, congelación de activos y vetos a la movilidad para Barbecue, líder de la confederación de pandillas G9 y Familia (G9 an fanmi, G9), según informó Associated Press el 13 de octubre. Aunque la resolución mencionó de manera específica a Barbecue, las sanciones también apuntan a otros grupos haitianos y a otros líderes pandilleros.
Otra resolución aparte redactada por la ONU invita al "despliegue inmediato de una fuerza multinacional de acción rápida" en Haití, según copia de la resolución que llegó a manos de McClatchy y el Miami Herald.
La discusión sobre las sanciones se conoce un mes después de que Barbecue y los combatientes de la G9 bloquearan la entrada a la Terminal Varreux, la mayor terminal petrolera del país y punto esencial para abastecer de combustible a la capital. Acciones como estas, dice el borrador de la resolución, "han contribuido directamente a la parálisis económica y la crisis humanitaria que vive Haití”.
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Barbecue es objeto de sanciones del Departamento del Tesoro estadounidense desde 2020, y no se sabe cuál será el impacto de las nuevas sanciones avaladas por la ONU sobre el pandillero.
Jake Johnston, investigador sénior asociado del Centro de Investigaciones Económicas y de Políticas (Center for Economic and Policy Research, CEPR), le explicó a InSight Crime que "las sanciones a líderes de grupos armados, como Chérizier pueden ser meramente simbólicas y no lograrán mucho para cambiar la situación en el terreno”.
Las propuestas se conocen casi una semana después de que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, manifestara su apoyo frente a un despliegue de una fuerza especial armada internacional en Haití. El primer ministro haitiano Ariel Henry había solicitado el apoyo de un ejército internacional para reforzar la capacidad de la policía nacional de contener y enfrentar a las pandillas.
La Comisión para una Solución Haitiana a la Crisis, también conocida como Acuerdo de Montana, publicó un comunicado en Twitter el 7 de octubre, oponiéndose a cualquier intervención extranjera. El Acuerdo es una coalición de más de 650 organizaciones de la sociedad civil haitiana y de diversos grupos políticos, según describió The New Republic.
El 17 de octubre, el Consejo de Seguridad concluyó una sesión especial sobre Haití sin votar si apoyará la solicitud de ayuda internacional urgente hecha por el país.
Análisis de InSight Crime
Privar a Puerto Príncipe del suministro vital de combustible ha sido una táctica lucrativa para Barbecue, tanto desde un punto de vista político como financiero, pero las posibles sanciones que enfrenta, además del despliegue de una fuerza armada internacional, pueden matar su gallina de los huevos de oro.
El bloqueo de la Terminal Varreux por parte de Barbecue, más el control de extensas zonas de Puerto Príncipe le han reportado ingentes ganancias del gobierno haitiano en el pasado. Después de bloquear la entrada a la Terminal Varreux en noviembre de 2021, Barbecue finalmente permitió la reapertura de la terminal luego de negociaciones con el gobierno. Aunque no se conocen los detalles del acuerdo, la pandilla había exigido públicamente US$100.000.
El control sobre infraestructura vital le ha permitido a Barbecue poner en jaque al gobierno y le ha dado una considerable influencia política. Barbecue no solo exigió que la administración de Henry le otorgara una amnistía y anulara las órdenes de arresto contra los miembros del grupo, sino que además solicitó cargos en el gabinete de Henry.
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Aunque no se conocen las verdaderas intenciones políticas de Barbecue, el mayor actor criminal de Haití ahora ejerce gran poder en el sistema político formal. Con el apoyo de los votantes en las áreas de la ciudad que Barbecue controla, podría postularse para un escaño en el parlamento en el futuro. Allí quedaría cobijado por la inmunidad parlamentaria, como le explicó a InSight Crime Brian Concannon, director ejecutivo del Instituto para la Justicia y la Democracia en Haití (IJDH).
“El bloqueo de Varreux también podía ser una maniobra de negociación con la comunidad internacional. Un ejército internacional no querrá combatirlo, sino que preferiría negociar un acuerdo, tal vez uno que brinde a Barbecue alguna participación política y protección contra atentados, a cambio de que la comunidad internacional pueda declarar la victoria con la reanudación de la provisión de combustible”, anotó Concannon.
La legitimidad de Barbecue es una amenaza creciente para la clase política haitiana, y la eliminación de esa posible amenaza garantizaría la supremacía de Henry y su administración en el poder. Por esa razón, Johnston escribió hace un tiempo que algunos actores políticos están avivando la crisis, agravando el deterioro, y esperando la intervención extranjera. Aunque las sanciones contra Barbecue sean ineficaces, según señala Johnston, preferiría ver sanciones “contra los miembros de la élite política y económica que proveen financiación y armas a los grupos armados”.
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