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Pecar, rezar y empatar: el vano ciclo de la violencia policial en Río

BRASIL / 7 MAY 2021 POR CHRIS DALBY ES

Ni siquiera lo que parece ser una masacre por parte de la policía podría cambiar la dinámica de la violencia extrajudicial de la policía en Río de Janeiro, Brasil.

A la casa entró un desconocido, tambaleándose y dejando un rastro de sangre tras de sí. Corrió hacia la parte trasera, hasta el dormitorio de la niña de nueve años. Había policías cerca, y gritaban para saber dónde estaba. Habían seguido el rastro de sangre. Los niños se protegían detrás de su madre. Los agentes entraron a la habitación trasera y dispararon.

"Mi hija nunca va a volver a querer dormir allí", dijo luego la madre a los periodistas, en frente de una pared manchada de sangre. 

Los testimonios de los habitantes de Jacarezinho son anónimos y difíciles de verificar. Pero todos parecen apuntar hacia la misma conclusión: se trató de una masacre.

El 6 de mayo, al menos 25 personas fueron asesinadas en ese barrio del norte de Río de Janeiro, entre ellas un agente de policía, en la que es considerada la peor redada policial de la ciudad.

A primera hora de la mañana, unos 200 policías, escoltados por un helicóptero en el que iba un francotirador, llegaron hasta la favela. La redada surgió a raíz de "información concreta de inteligencia" de que el Comando Vermelho (CV), una de las pandillas más grandes de Brasil con presencia en Jacarezinho, había estado reclutando menores, según un comunicado de la policía.

Pero como consta en declaraciones de testigos recogidas por medios brasileños e internacionales, muchos de los muertos fueron abaleados dentro de las viviendas, en muchos casos en casas ajenas, mientras trataban de huir en lugar de oponer resistencia.

Un miembro de la comisión de derechos humanos del Colegio de Abogados de Brasil (Ordem dos Advogados), Joel Luiz Costa, dijo en Twitter que había ido a varias casas en Jacarezinho, donde vio inquietantes pruebas de ejecuciones extrajudiciales similares en cada una de ellas: "Casas revolcadas, disparos, ejecuciones. No había señales de intercambio de disparos. Un niño murió sentado en una silla. Esto fue una ejecución".

VEA TAMBIÉN: Policía de Brasil ejerce su licencia para matar en Río de Janeiro

Otras organizaciones internacionales llegaron a una conclusión similar.

"A pesar de que las víctimas eran sospechosas de asociación para delinquir (lo cual no ha sido probado), ejecuciones sumarias como estas son totalmente injustificadas. La policía tiene el poder de arrestar, pero los tribunales tienen el deber de procesar y juzgar a los sospechosos de cometer crímenes", expresó Amnistía Internacional en un comunicado.

Análisis de InSight Crime

Es poco probable que los asesinatos de Jacarezinho marquen alguna diferencia, a pesar de las fuertes protestas locales e internacionales.

Y es que allí se repite un patrón funesto. En junio de 2018, Marcos Vinicius, de 14 años, fue asesinado a tiros desde un helicóptero de la policía mientras iba vestido de escolar en el distrito de Maré, en Río de Janeiro. Se inició una investigación, pero no pasó nada.

En septiembre de 2019, Agatha Vitória Sales Félix, de 8 años, recibió un disparo en la espalda y murió en la camioneta en la que se dirigía a casa con su madre, en el distrito de Alemão, en Río. Se inició una investigación, pero tampoco pasó nada.

Estos incidentes de fuego cruzado son comunes, al igual que la falta de seguimiento a los casos. En 2021, en Río se han presentado 30 casos en los que tres o más personas han sido asesinadas a tiros, con un total de 139 muertos, según el Instituto Fogo Cruzado de Brasil. Pero las autoridades se niegan a detener a la policía.

VEA TAMBIÉN: Letalidad policial continúa en Brasil durante la pandemia

Varios factores han determinado la cultura de impunidad al interior de las fuerzas de seguridad de Río de Janeiro.

En primer lugar, las declaraciones de ciertos políticos y periodistas que han glorificado el asesinato como una insignia de honor para la policía. El presidente Jair Bolsonaro ha dado carta blanca a la policía, y el exgobernador de Río, Wilson Witzel, dijo una vez que se les debería permitir a los agentes "masacrar [...] bandidos" desde helicópteros.

Incluso después de los asesinatos de Jacarezinho, Tino Junior, presentador de Balanço Geral RJ, un popular programa de televisión de la ciudad, encendió la polémica en Twitter tras felicitar a la policía por sus acciones y animarla a llevar a cabo más redadas, incluso sugiriendo que las madres de las víctimas deberían “darse por bien servidas".

“Debido a la beligerante postura de ‘mano dura contra el crimen’ esgrimida por el presidente, muchos políticos de derecha, policías y gente del común se sienten envalentonados e instan a que se imponga mayor represión, no menos. Hay una proporción considerable de brasileños —cariocas inclusive— que apoyan las medidas de fuerza contra los bandidos. De hecho, es desconcertante el número de ciudadanos que apoyan las chacinas (matanzas) como las ocurridas en Jacarezinho", como dijo a InSight Crime Robert Muggah, fundador y director de investigaciones del Instituto Igarapé, centro de pensamiento brasileño dedicado al estudio de la seguridad en Brasil. 

Según Muggah, solo un verdadero cambio en el liderazgo político puede conducir a acciones sustanciales para mejorar la situación.

"Debe haber una comisión de investigación sobre la masacre, que incluya la destrucción de evidencia. Al mismo tiempo, deben restablecerse los mecanismos de veeduría a la acción de la policía, entre ellos mayores restricciones al uso discrecional de la fuerza, sanciones disciplinarias más severas, el uso de cámaras en el cuerpo y adiestramiento y respaldo a los agentes que sufren de enfermedades psicológicas. Estos son enormemente problemáticos debido a la influencia de las asociaciones policiales y a la oposición política más amplia", agregó.

En segundo lugar, los esfuerzos de los tribunales para sofocar la violencia son sistemáticamente ignorados o desestimados. En junio de 2020, la Corte Suprema de Brasil prohibió las redadas policiales en Río de Janeiro durante la pandemia de COVID-19. El juez Edson Fachin dictaminó que solo podía haber redadas en "casos absolutamente excepcionales".

Pero aunque las operaciones policiales disminuyeron significativamente durante unos meses, ahora han vuelto a los niveles previos a la pandemia. Las redadas cayeron un 64 por ciento entre junio y septiembre de 2020, con respecto al año anterior, pero a partir de octubre de 2020 aumentaron rápidamente, hasta llegar al menos a una al día. Entre junio de 2020 y marzo de 2021, la policía de Río mató a 797 personas, según un informe de la Universidad Federal Fluminense (Universidade Federal Fluminense, UFF)

"Es absurdo. El máximo tribunal toma una decisión, y las autoridades políticas no la respetan, la violan deliberadamente. Esto es un riesgo para el Estado de derecho en Brasil", dice Daniel Hirata, profesor de sociología y autor del informe.

Según Benjamin Lessing, profesor de la Universidad de Chicago dedicado al estudio del crimen organizado, la decisión de la Corte Suprema fue un paso en la dirección correcta.

"Es difícil imaginar una decisión de la corte que hubiera prohibido totalmente la entrada de la policía a las favelas. Debía haber excepciones. Pero la violencia mantuvo una reducción durante meses. Y el único método más consistente para reducir la violencia en Río es limitar los operativos policiales", comentó Lessing a InSight Crime.

"Es complicado demostrar que el operativo se realizó deliberadamente para favorecer a las milicias, pero sí las favorece, y si en pocos meses Jacarezinho se convierte en territorio miliciano, debemos mirar en retrospectiva a esta masacre como un paso importante", puntualizó Lessing.

"Independientemente de eso, las milicias en todos lados pueden usar esto como una manera de ganar respaldo civil. Estos tiroteos no ocurren en zonas controladas por las milicias, de modo que ellos pueden prometer a los residentes que no habrá más tiroteos", añadió.

Las protestas ya han iniciado en Jacarezinho, donde los indignados residentes están pidiendo que se inicie una investigación. La policía ha dicho que la operación estuvo justificada, que se siguieron los protocolos y se realizó en coordinación con la Delegación de Protección de Niños y Adolescentes de Río (Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, DPCA). Quizá esta protección ya no será de mucho consuelo para la niña de nueve años que vio cómo tiroteaban a un hombre en su dormitorio.

No hay duda de que por mucho tiempo los grupos del crimen organizado de Brasil han estado reclutando menores, que la mayoría de las veces son utilizados como mensajeros para llevar drogas. Ya en 2002, la Organización Internacional del Trabajo informaba sobre el reclutamiento de menores por parte de grupos narcotraficantes de Río, utilizados para transportar drogas, hacer vigilancia o empacar drogas. En 2020, el gobierno del estado de Goiás, en el centro del país, informó que se había interceptado mensajes dentro de un centro de detención juvenil, lo que demuestra que el CV y sus rivales del Primer Comando de la Capital (PCC) han estado reclutando adolescentes.

Pero quedan las dudas acerca de si esta incursión tendrá algún impacto en la capacidad del CV para continuar haciéndolo.

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