Los secuestros reportados en México han disminuido de manera significativa; sin embargo, en los últimos años, al menos uno de cada 10 secuestrados ha sido un migrante que intenta llegar a Estados Unidos, situación que podría empeorar en beneficio de los grupos del crimen organizado, tras la reinstauración de una polémica política migratoria estadounidense.
De los 1.720 secuestrados hallados en operaciones realizadas por la Coordinación Nacional Antisecuestro (Conase) de México entre julio de 2019 y noviembre de 2021, alrededor del 10 por ciento eran migrantes de El Salvador, Guatemala y Honduras, según datos oficiales reportados por El Universal.
Es probable que el número real de víctimas sea mucho mayor, especialmente en lo que tiene que ver con los migrantes que son objetivo de los grupos del crimen organizado, que en ocasiones se encuentran coludidos con la policía local y con funcionarios del gobierno. En 2020, los secuestros en México tuvieron la tasa más alta de falta de denuncia, lo que se conoce como la “cifra negra”, según informó el año pasado el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) del país.
A nivel nacional, el instituto encontró que alrededor del 93 por ciento de los delitos no se denuncian en México. En el caso de los secuestros, esa cifra alcanzó el 98 por ciento en 2020. Algunos estados de la frontera norte que sirven como pasadizos para el ingreso de los migrantes a Estados Unidos, como Tamaulipas, tuvieron tasas por encima del promedio nacional.
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Los secuestros de migrantes son comunes en el norte de México, pero recientemente han sido más frecuentes entre quienes son devueltos a México bajo la política de Estados Unidos de “Permanecer en México”. Este esquema obliga a los solicitantes de asilo a quedarse durante meses al otro lado de la frontera, a la espera de sus audiencias en la corte de inmigraciones de Estados Unidos.
La política, conocida oficialmente como Protocolos de Protección al Migrante (Migrant Protection Protocols, MPP), fue establecida por el expresidente Donald Trump en enero de 2019. Desde que se comenzó a aplicar (como ocurrió con el Título 42, la llamada medida de salud pública implementada el año pasado en medio de la pandemia de COVID-19, que llevó a la suspensión de los asilos), los defensores de los migrantes han argumentado que la iniciativa es cruel y expone a los migrantes a peligros innecesarios.
Desde que asumió el cargo, el actual presidente Joe Biden comenzó a desmontar los MPP, y los eliminó oficialmente en junio de 2021. Sin embargo, debido a objeciones a nivel estatal, un fallo de la Corte Suprema le ordenó más tarde a su gobierno que restableciera la política. A principios de diciembre, los gobiernos de Estados Unidos y México llegaron a un acuerdo para reiniciar el programa a lo largo de la frontera, primero en El Paso y Ciudad Juárez, luego en San Diego y Tijuana, y es probable que lo mismo ocurra en otras ciudades fronterizas en las próximas semanas, según el Washington Post.
Análisis de InSight Crime
Los grupos criminales de México se han aprovechado durante mucho tiempo del transporte de migrantes y del secuestro de quienes se dirigen hacia el norte a través del país. El restablecimiento de los MPP y la continuación de políticas como el Título 42 les da ahora una oportunidad para beneficiarse del secuestro de quienes son retornados, especialmente a las ciudades fronterizas, que están plagadas de amenazas del crimen organizado.
Los migrantes son especialmente vulnerables en la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo, en Tamaulipas, donde la línea entre el crimen organizado y la seguridad del gobierno suele ser borrosa, y a veces está completamente ausente. La reinstauración de los MPP aún no se ha expandido a esta región fronteriza, pero es probable que lo haga en poco tiempo, según expertos consultados por InSight Crime. Esto significaría mayores peligros para quienes son devueltos y se ven obligados a valerse por sí mismos mientras esperan que sus casos pasen por los tribunales de Estados Unidos.
“En mi opinión, Nuevo Laredo tiene el sistema más organizado de secuestro de migrantes en la frontera”, afirma Stephanie Leutert, directora de la Iniciativa de Políticas de Centroamérica y México en el Centro Strauss para la Seguridad Internacional y el Derecho, de la Universidad de Texas en Austin.
“No es un grupo desarticulado de oportunistas, sino un negocio muy bien administrado”, agrega Leutert.
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En Nuevo Laredo, el Cartel del Noreste, una subdivisión de los otrora temidos Zetas, tiene un “control estricto sobre los secuestros de migrantes”, según un informe de diciembre de 2021 publicado por Leutert y el Centro Strauss, en el que se analizaron 65 casos de secuestro de migrantes en la ciudad entre 2018 y 2021 durante la vigencia de los MPP y el Título 42. Utilizando su control territorial, el grupo aprovecha la vulnerabilidad de quienes son enviados de regreso para llevar a cabo estos crímenes ellos mismos, en lugar de cobrarles impuestos a los grupos locales que operan allí.
Los rescates exigidos por los secuestradores suelen oscilar entre los US$7.000 y US$10.000. Después de hacer el pago, los migrantes son liberados y reciben una contraseña. Si son detenidos nuevamente, según Leutert le dijo a InSight Crime, el grupo revisa sus libros de contabilidad para confirmar que el migrante recibió una contraseña y que ha pagado el rescate.
“Para hacer eso, sus operaciones tienen que estar bastante centralizadas. Eso demuestra la importancia que este grupo le está dando a esta actividad”, puntualiza Leutert.
Los secuestros de migrantes son un negocio muy lucrativo. Dadas las potenciales ganancias, no es de extrañar por qué los grupos criminales lo han convertido en una prioridad. Por ejemplo, si un grupo determinado secuestra a 10 personas al día y exige entre US$7.000 y US$10.000, y obtienen en promedio siete pagos de US$5.000 por persona, gana un total de US$35.000 todos los días.
En el primer mes de reinstauración de los MPP, los funcionarios estadounidenses devolvieron 267 migrantes y solicitantes de asilo a México, la mayoría de ellos provenientes de Nicaragua (162) y Venezuela (59), según datos recopilados por el Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security, DHS). Esta cifra no incluye a los expulsados mediante el Título 42.
Si bien los migrantes son las principales víctimas, la magnitud de las ganancias obtenidas también tiene otras consecuencias no deseadas.
“Cuando se ganan decenas de miles de dólares por día con los secuestros de migrantes, se puede incluir a más personas en la nómina, corromper a más funcionarios y comprar más armas, municiones, automóviles y otra infraestructura táctica utilizada para resistir las incursiones de las fuerzas de seguridad y los grupos rivales”, dice Leutert.
Mientras la política de Estados Unidos continúe devolviendo a los migrantes a ciudades fronterizas como Nuevo Laredo, los grupos del crimen organizado pueden contar con un flujo de ingresos constante para reforzar su actividad ilegal.
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