Con una cifra récord de detenciones, el gobierno de El Salvador redobla y extiende sus políticas de seguridad, repitiendo una estrategia de mano dura que no ha logrado producir resultados duraderos.
El 12 de abril, el presidente de El Salvador Nayib Bukele proclamó que su gobierno había arrestado a más de 10.000 pandilleros en 17 días como parte de una campaña nacional contra las pandillas. La operación se dio tras una oleada de homicidios sin precedentes, atribuida a las pandillas de la MS13 y el Barrio 18, que a finales de marzo produjo conmoción en todo el país.
Las detenciones masivas comenzaron luego del 27 de marzo, cuando la Asamblea Legislativa de El Salvador decretó un estado de excepción por un mes como respuesta a la masacre de los días anteriores. Esta figura flexibiliza la reglamentación para privar de la libertad a cualquier ciudadano, y otorga más poderes al gobierno nacional. En desarrollo de la medida, las fuerzas de seguridad del país han sido acusadas de cercar barrios enteros, realizando cateos casa por casa e instalando retenes militares en un intento por acorralar a presuntos pandilleros. Además, en las redes sociales oficiales se han publicado videos donde se observa a las autoridades maltratando a los detenidos e imágenes en las que la policía parece torturar a pandilleros. El contenido, que demostraría abusos por parte del gobierno, luego fue borrado de las cuentas.
Bukele ha hecho caso omiso de las quejas por abusos contra los Derechos Humanos e insiste en que en esta campaña su gobierno ha privado de la libertad exclusivamente a pandilleros, pese a reportes de los medios que citan evidencia de que las autoridades también han detenido a ciudadanos ordinarios, y a que el mismo mandatario ha admitido que alrededor del uno por ciento de los detenidos pueden haber sido privados de la libertad injustamente.
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Y esta no es la única política de mano dura impuesta por el gobierno para reprimir a las pandillas. El 30 de marzo la Asamblea Legislativa del país aprobó nuevas leyes que aumentaban de 9 a 45 años los topes de prisión para los pandilleros, a la vez que autorizó la privación de la libertad de menores desde los doce años de edad.
Los diputados también sancionaron una ley que prevé sentencias de hasta 15 años de prisión para los medios informativos y periodistas que difundan mensajes de las pandillas o informen sobre el control territorial que estas organizaciones tienen en El Salvador. La medida, que ha sido criticada por periodistas, organizaciones de derechos humanos y funcionarios del gobierno estadounidense, hace que sea ilegal publicar investigaciones periodísticas como las que pusieron al descubierto un presunto pacto entre la administración de Bukele y las pandillas del país, mediante el cual se negoció la reducción de homicidios a cambio de beneficios en prisión para los líderes de las pandillas.
Bukele, por su parte, ha negado insistentemente la existencia de tal pacto y en lugar de eso atribuye el desplome de los homicidios en los últimos años, uno de los logros más importantes de su administración, a sus medidas de seguridad.
La caída de los homicidios ha contribuido a la gran popularidad de Bukele en El Salvador, un país en que las medidas represivas contra las pandillas tienen en general amplio respaldo entre la población, hastiada de la violencia y la extorsión.
Análisis de InSight Crime
Aunque las medidas de mano dura han sido una constante en la política de seguridad de El Salvador desde comienzos de los 2000, las recientes disposiciones adoptadas por la administración Bukele llevan las cosas a otro nivel.
Las miles de detenciones registradas por el gobierno en un lapso de apenas dos semanas no solo exceden los resultados de campañas anteriores, sino que además han requerido medidas legales más estrictas que reducen los derechos constitucionales del salvadoreño común. La legislación aprobada por la Asamblea, que incluye el aumento de penas de prisión para pandilleros, el constreñimiento a la libertad de prensa y la restricción de los derechos de los menores de edad, también marca un notorio aumento del alcance de las medidas represivas.
Además, el presidente Bukele ha redoblado su discurso antipandillas, al comparar los símbolos de las pandillas con la iconografía nazi, en un esfuerzo por justificar las leyes que prohíben la publicación de contenido relacionado con estos grupos. Incluso, en un discurso reciente, el presidente amenazó con privar de alimentos a los pandilleros presos.
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En años anteriores las medidas de mano dura han demostrado tener poco impacto en las causas de la violencia pandillera en El Salvador, que tiene su origen en la pobreza y la inseguridad social. La ola de homicidios de marzo fue una señal de que las pandillas aún tienen la capacidad de sembrar caos según su conveniencia, y hay poca evidencia de que las medidas extremas de Bukele hayan logrado desplazarlas de las zonas en las que ejercen un control territorial tan absoluto que hasta les permite usurpar las funciones del Estado.
De igual manera, los esfuerzos por encarcelar masivamente a los pandilleros también han resultado contraproducentes en ocasiones anteriores, pues a lo largo de su historia las pandillas han usado las prisiones como centros de reclutamiento y bases de operaciones desde las cuales coordinan actividades ilícitas, como la extorsión. En este contexto es muy poco probable que la situación de seguridad mejore encerrando a miles de nuevos reclusos en las ya hacinadas cárceles del país.
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