Las operaciones policiales de Ecuador en este año han descubierto niveles impactantes de deterioro ambiental causado por la minería ilegal en la provincia de Napo, lo que indica que dicha práctica continúa proliferando en áreas remotas de la selva amazónica.
El caso más reciente se dio a conocer el 24 de noviembre, cuando fueron arrestadas seis personas, entre ellas un exfuncionario de la agencia de recursos naturales de Ecuador, por operar minas ilegales en la provincia de Napo, al norte del país.
En esta zona del Amazonas ecuatoriano, poco desarrollada y de difícil navegación, la minería de oro se ha expandido en un catastrófico 21.000% en las últimas dos décadas, según cifras publicadas por el Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP) en agosto de este año. Unas 556,8 hectáreas de la provincia habían sido tomadas por la minería ilegal en 2020.
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Y este crecimiento no muestra signos de desaceleración. El organismo de control encontró al menos 120 sitios mineros que operaban en Napo en 2021.
La vertiginosa velocidad de la expansión de la minería ilegal ha tenido un profundo efecto en el medio ambiente. El uso de metales pesados y productos químicos letales para extraer oro de los sedimentos en las vías fluviales de la provincia, incluido el río Napo, que se extiende por 1.130 kilómetros, ha causado estragos en los ecosistemas locales, según señala el MAAP. Un informe del año 2020, publicado por la Universidad Regional Amazónica Ikiam en conjunto con el Ministerio de Ambiente y Agua (MAAE) de Ecuador, respalda estos datos, y revela que aproximadamente el 90% de los ríos analizados en Napo tenían cierta toxicidad, lo que apunta a “niveles crónicos de contaminación” que amenazan la vida silvestre y las comunidades locales.
Análisis de InSight Crime
El deterioro ambiental de Napo, aunque muy preocupante, no es inusual dentro del contexto amazónico. Hace parte de una creciente lista de áreas remotas en toda la región amazónica que están siendo explotadas por sus recursos, y cuyo aislamiento sirve casi como una barrera protectora frente a las indagaciones.
Como InSight Crime informó recientemente, cada vez se están conociendo más focos de minería y tala ilegales bastante concentradas en toda la cuenca del Amazonas.
En el sur de Perú, la minería ilegal de oro ha seguido avanzando, a pesar de la intensa represión gubernamental desde hace varios años. En 2019, la Operación Mercurio intentó expulsar a 5.000 mineros ilegales de La Pampa, en el departamento de Madre de Dios. Si bien la operación logró trasladar a la mayor parte de los mineros, estos simplemente se trasladaron hacia áreas desconocidas del Amazonas, devastando el medio ambiente a medida que avanzaban. Las comunidades indígenas en los alrededores de Madre de Dios registraron un aumento del 128% en la deforestación minera después de la Operación Mercurio, según señaló el MAAP este año.
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Y en Surinam, el embalse de Brokopondo ya es un foco de minería ilegal de oro, que invade áreas protegidas como el Parque Natural de Brownsberg. Durante décadas, los funcionarios policiales no han logrado desplazar a los pequeños mineros en el remoto parque, debido a la falta de recursos estatales.
En Roraima, al norte de Brasil, las zonas poco accesibles de la reserva de Yanomami se han vuelto bastante rentables para los garimpeiros (mineros ilegales). Allí se han construido pistas clandestinas para la entrega de maquinaria pesada y para retirar los minerales extraídos. Los garimpeiros operan con tanta impunidad, que pueden invadir el territorio yanomami con bombas de gas y con tiroteos para acceder a posibles sitios mineros.
En el Valle del Javari, un remoto territorio indígena en el oeste de Brasil en la frontera con Perú y Colombia, la tala ilegal, la pesca ilegal y el tráfico de drogas han prosperado durante años. La zona llamó la atención internacional a principios de este año, debido al asesinato del periodista británico Dom Phillips y del activista indígena brasileño Bruno Pereira.
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