Convulsionada por casi ocho semanas de protestas contra el gobierno nacional, la ciudad de Cali, en Colombia, también ha experimentado un crudo aumento de los homicidios.
Solo en mayo, la ciudad contabilizó 177 homicidios —el mes más sangriento de los últimos cinco años. En las primeras cuatro semanas de junio las muertes ascienden a 114 —80 más que durante el mismo mes de 2020—, según cifras entregadas a InSight Crime.
Altos funcionarios de seguridad de Colombia se han apresurado a atribuir la culpa de la violencia al narcotráfico y los grupos guerrilleros que según dicen han infiltrado las protestas, mientras que los manifestantes afirman que la responsabilidad es de la brutalidad policial.
Pero el reciente descontento social y económico ha sido el catalizador, no la causa, de la oleada de asesinatos en Cali. La tercera ciudad más grande de Colombia ya presentaba señales de un incremento en la violencia antes de que estallaran las protestas en abril. La agitación le ha echado leña al fuego, fracturando el panorama criminal de la ciudad y dejando a la policía incapaz de dar una respuesta efectiva.
Protestas sacudidas por la violencia
El 28 de abril, las frustraciones por el colapso económico en medio de la pandemia del coronavirus llegaron a un punto crítico cuando el presidente Iván Duque propuso una inoportuna reforma tributaria. Las protestas contra el gobierno estallaron en ciudades de todo el país.
Cali se situó como epicentro del descontento, por buenas razones. Por lo menos el 65 por ciento de sus habitantes han visto sus economías afectadas por la pandemia, como le comentó a InSight Crime un politólogo que ha estudiado la violencia en Cali. Él pidió que se mantuviera su anonimato porque no tenía autorización de su empleador para hablar con los medios.
La policía y el Escuadrón Móvil Antidisturbios conocido como ESMAD, por sus siglas, se enfrentaron con los manifestantes durante semanas. Actos de brutalidad policial quedaron capturados en video, incluidos los disparos de las autoridades a los pies de los protestantes y el uso de armas no letales a poca distancia. En un hecho emblemático, Marcelo Agredo Inchima, estudiante de colegio de 17 años, murió de un disparo en la cabeza mientras huía después de propinarle un puntapié a un policía.
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En toda la ciudad y sus alrededores, las protestas derivaron en disturbios, con quemas de autobuses, robos a comercios y saqueo de estaciones de gasolina. Los manifestantes montaron más de dos docenas de bloqueos, a los que llamaron puntos de resistencia. Varios de estos se convirtieron en el escenario de cruentos enfrentamientos.
Cali se ha transformado. Las estructuras vacías de bancos y tiendas saqueados se suceden uno tras otro en las principales avenidas. Grafitis con expresiones contra el gobierno y la policía adornan los edificios. De la estatua de Sebastián de Belalcázar, fundador de la ciudad, derribada por manifestantes indígenas, solo queda un pedestal vacío.
“La protesta ha sido en su inmensa mayoría pacífica, pero uno no puede ignorar el hecho de que hay una violencia que se está ejerciendo sistemáticamente por parte de otros actores”, comentó Alberto Sánchez Galeano, experto en seguridad ciudadana, que ha estudiado el crimen en Cali, en conversación con InSight Crime.
El dedo apunta a los sospechosos de siempre
No había pasado una semana de las protestas cuando el fiscal general del país Francisco Barbosa, ya había señalado culpables.
Detrás del caos y la violencia en Cali, alegó, hay estructuras vinculadas al narcotráfico, insurgencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
La Fiscalía General anunció con un gran despliegue y varios arrestos en Cali como evidencia de esa afirmación. Entre los detenidos estaban Anderson Johan Maldonado Cáceres, alias “Jacobo”, a quien los fiscales señalan como líder de una célula disidente de las FARC; y Yeison Lerma Castro, alias “Lerma”, de quien los fiscales alegan que es el presunto cabecilla de la red urbana del frente José María Becerra del ELN, según un comunicado de prensa del 13 de mayo, donde se anunciaba las capturas.
Barbosa comentó en el comunicado que los arrestos confirmaron la hipótesis de que había «organizaciones criminales vinculadas a los actos de violencia”.
Posteriormente, los fiscales imputaron a siete personas —a quienes señalaron de ser responsables de los bloqueos en las vías, de vandalismo y enfrentamiento con las fuerzas de seguridad— de pertenecer a una red urbana de la Segunda Marquetalia, facción disidente de las FARC liderada por el excomandante de las antiguas FARC Luciano Marín Arango, alias «Iván Márquez”, según un comunicado oficial del 25 de mayo.
El concejal de la ciudad de Cali, Roberto Rodríguez Zamudio, declaró a InSight Crime que delincuentes de todo tipo aprovecharon el caos.
“La ciudad tiene hoy en día una deuda social gigante con los sectores más vulnerables. Llega el paro nacional y es la oportunidad que han tenido, tanto las personas manifestantes que han podido expresar sus voces de rechazo y la evidencia de sus problemas, pero detrás de ellos lo han aprovechado de manera muy eficiente las bandas criminales”, señaló, haciendo referencia a grupos dedicados al microtráfico, narcotráfico y grupos armados irregulares. Cali se ubica en un corredor de drogas que conecta con la ciudad portuaria de Buenaventura, aunque es principalmente un foco de narcomenudeo callejero y lavado de activos.
Rodríguez Zamudio señaló, citando informes de inteligencia, que en meses recientes Cali ha tenido una “presencia más activa de los grupos alzados en armas del ELN y las FARC, ambos con sus milicias». El resultado ha sido más enfrentamientos armados que “han generado la tasa de homicidios que hoy tenemos”, dijo, y calificó el barrio de Aguablanca, al este de la ciudad, de ser un “fortín para las milicias urbanas”.
El politólogo que habló con InSight Crime explicó que el sector este de Cali alberga a desplazados de otras regiones de Colombia, y padece altas tasas de pobreza, extorsión y abuso de sustancias, así como reclutamiento de jóvenes en pandillas y guerrilla, y agregó que históricamente, los homicidios en Cali han afectado de manera desproporcionada a los jóvenes en este sector de la ciudad.
Cualquier intento de vincular el aumento de los homicidios con un tema de interferencia de la guerrilla representa “una visión reduccionista” y que puede ser “peligrosa en el sentido de que no hace entender las dinámicas o las necesidades que están detrás de todo eso”, señaló.
Por otro lado, el espectro del paramilitarismo se ha sumado a la volátil situación en Cali.
Al comienzo de las protestas pudieron verse civiles armados disparando contra los manifestantes, frente a la inacción de la policía. Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), describió tales actos como «paramilitarismo sicarial«, con la complicidad de las autoridades.
El 28 de mayo, un bloqueo en el sector La Luna, en el centro de Cali, se transformó en una escena macabra cuando un hombre disparó a la multitud y asesinó a dos manifestantes. Videos de los minutos posteriores al tiroteo lo muestran alejándose de un cuerpo antes de ser apresado y linchado por los manifestantes, quienes luego descubrieron que era un funcionario del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), una división de la Fiscalía General.
Fuera de control
Los recientes cambios en las tasas de homicidios en Cali no ofrecen explicaciones fáciles.
Los homicidios habían caído a la mitad en los últimos siete años, de 928 en 2013 a 436 en el último año, de acuerdo a cifras oficiales. La ciudad, sin embargo, sigue siendo la más violenta de Colombia.
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La idea de que la agitación política fue el único motor de la violencia en mayo, radica en el hecho de que marzo y abril presentaron incrementos de los homicidios de alrededor de 30 y 50 por ciento en comparación con 2020. La ciudad también tuvo un promedio de 100 homicidios mensuales entre julio y diciembre de 2020, a pesar de las restricciones a la circulación debido a la pandemia.
“Si la tendencia sigue como va, Cali puede poner perfectamente 300 homicidios más para este año, y eso ya le borra a usted numéricamente hablando la reducción de todos estos cuatro o cinco años”, pronosticó el experto en seguridad Sánchez Galeano.
Una abrumadora mayoría de los homicidios ocurren en las comunas, donde también operan las bandas criminales de la ciudad, según un sondeo de 2019 sobre la criminalidad en Cali, llevada a cabo por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD).
Casi el 80 por ciento de las bandas de Cali se concentran en solo seis comunas. Todas ellas con excepción de una han visto un alza en los homicidios este año. Otras, como la comuna 6, al norte de la ciudad, y la comuna 1, al oeste, también han presentado repuntes menores en las muertes violentas.
“Fueron comunas que han sido históricamente complejas, pero no estuvieron tan relacionadas con los incrementos de violencia [y ahora] están completamente salidas de control”, indicó Sánchez Galeano.
Los bloqueos, señaló, han cambiado drásticamente el panorama criminal de la ciudad. Bajo la fachada de las barreras, las bandas han iniciado nuevas guerras territoriales, y redoblado las extorsiones y el narcomenudeo en las calles.
Aunque algunos delincuentes se han visto beneficiados con esta dinámica, otros están viéndose afectados negativamente «por los bloqueos, porque no tienen una operación plena para poder funcionar”, comentó y añadió que esto también agudiza el conflicto.
En lo que se ha llamado Puerto Resistencia, una zona de clase obrera que es la línea frontal de las protestas, los jóvenes que conforman el bloqueo han dicho que han recibido amenazas de actores criminales, explicó Sánchez Galeano.
Siloé, un laberíntico asentamiento en las laderas del extremo oeste de Cali, ha sido uno de los más golpeados por las matanzas en medio de las protestas. Los bloqueos en Siloé cortaron una vía importante que aisló el barrio. La policía se vio obligada a abandonar Siloé durante semanas, luego del 3 de mayo, cuando una redada nocturna de más de 100 agentes, apoyados por helicópteros, degeneró en un conflicto frontal con los habitantes.
Para mediados de mayo, la cifra de muertos en Siloé llegaba a 18.
Sánchez Galeano opina que para él la situación de Siloé es la más complicada de Cali, y señala los repetidos ataques a la estación de policía El Lido, contra la que hombres armados han abierto fuego y lanzado explosivos.
“Mientras en el resto de la ciudad los ataques a la infraestructura de la policía han sido de baja organización”, explicó, “en Siloé, usted tiene intentos reiterados, organizados, sistemáticos de afectar la infraestructura de la policía con una capacidad de fuego enorme”.
En el episodio más reciente que alarmó a los residentes, el 11 de junio, quedaron capturados en las cámaras de seguridad hombres portando armas de fuego que van bajando por una calle gritando “quédense adentro” y “cierren las ventanas”.
Un asesinato sin explicación
El desangramiento siguió en Cali a lo largo de junio. La ciudad, célebre pro su vibrante cultura salsera, se vio sacudida después del asesinato del cantante Hárold Angulo Vencé, más conocido como Junior Jein.
El 13 de junio, hacia la medianoche, en las afueras de una discoteca de Cali donde debía presentar su nuevo sencillo “La Recompensa”, Angulo Vencé bajó de una camioneta vestido con traje de mariachi. Pero antes de que pudiera entrar al lugar, fue abatido por un par de sicarios.
La policía persiguió a los asaltantes, quienes fueron capturados con un rifle Colt AR-15 y una pistola de 9 milímetros. Las autoridades dicen que uno de los acusados, Iver Tomás Banguera Flórez, tiene antecedentes entre los que se cuentan homicidio y tráfico de armas. También se presume que hizo parte de las disueltas FARC.
El motivo de la muerte de Junior Jein sigue siendo difuso. Inicialmente se informó que se había negado a pagar una extorsión a los Espartanos, disidencia de un grupo criminal de Buenaventura. Pero su familia dice que no había recibido amenazas.
Pionero de un estilo de salsa urbana conocido como «choke», Junior Jein basó gran parte de su música en su experiencia como hombre negro nacido en Buenaventura, y fue uno de los intérpretes de ¿Quién los mató?, una canción sobre la masacre de cinco jóvenes afrocolombianos en una plantación de caña de azúcar en el sector de Llanos Verdes en Cali.
También era un defensor declarado de las protestas nacionales.