Los Cachiros fueron uno de los grupos transportistas más grandes de Honduras, que llegaron a acumular un patrimonio neto de casi mil millones de dólares. El grupo estaba conformado por una familia de antiguos ladrones de ganado y se convirtió en un jugador importante en el comercio de cocaína entre organizaciones colombianas y mexicanas.
Se cree que el grupo compraba las drogas a organizaciones colombianas, posiblemente en Nicaragua, así como en su natal Honduras. Luego pasaban la cocaína al Cartel de Sinaloa y a otros grupos mexicanos. Los Cachiros tenían grandes intereses empresariales y políticos, que se extendían hasta la élite hondureña. Tenían contactos importantes en el ejército y en la policía, particularmente en el departamento de Colón, el bastión del grupo.
El gobierno de Honduras ignoró al grupo criminal hasta hace poco. Sin embargo, recientemente el gobierno de Estados Unidos comenzó a mostrar un especial interés en Los Cachiros, atacando los activos del grupo. En septiembre de 2013 ejerció fuerte presión sobre el gobierno hondureño para que confiscara entre 500 y 800 millones de dólares en propiedades de la familia. Presuntamente a través de un acuerdo negociado con la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA por sus iniciales en inglés), dos de los líderes de esta organización se entregaron a las autoridades estadounidenses en enero del 2015, dejando a la organización ante un futuro incierto.
Historia
Operando a lo largo de la frontera entre Olancho y Colón, los hermanos Rivera Maradiaga, al parecer con la anuencia de su padre, empezaron a robar y a revender ganado. Sus propiedades se expandieron con el tiempo, y hacia finales de los noventa y principios del nuevo siglo se unieron a la figura más importante del hampa en la zona, Jorge Aníbal Echeverría Ramos, alias “El Coque”.
El Coque estaba bien posicionado, tanto económica como políticamente. Salía con Margarita, una de las hijas del entonces congresista Ramón Lobo. Así mismo, Javier, el mayor de los Rivera Maradiaga, salía con la hermana de El Coque. Por su parte, Ramón Lobo es propietario de varios terrenos en la región, aunque aún no ha sido vinculado formalmente con actividades criminales.
Eventualmente, El Coque sería capturado y deportado a Honduras, donde fue encarcelado y asesinado tres días después.
Con Coque fuera del camino, Los Cachiros quedaron a cargo y Javier dirigiría las operaciones. Comenzaron a manejar envíos regulares, desde la región de Gracias a Dios hasta el occidente de Honduras o Guatemala, donde entregaban la mercancía a compradores mexicanos o a sus contrapartes guatemaltecas.
El momento era propicio. Honduras estaba pasando por un periodo de agitación política cuando el presidente Manuel Zelaya fue derrocado por los militares y expulsado del país en 2009. El gobierno provisional que se instauró pasó la mayor parte de su tiempo lidiando con la inestabilidad política resultante. Las drogas comenzaron a fluir libremente y Honduras se convirtió en un importante puente entre las organizaciones narcotraficantes colombianas y mexicanas.
Los Cachiros aprovecharon esta situación y comenzaron a cobrar entre US$2.000 y US$2.500 por cada kilo que movían. Así mismo, este grupo tomó el control de varias rutas aéreas: un alto miembro del Departamento del Tesoro estadounidense afirmó que el grupo controlaba el 90 por ciento de las pistas de aterrizaje clandestinas en Honduras. Las ganancias eran enormes, como lo ilustran las incautaciones realizadas por el gobierno de Honduras en 2013.
Los cabecillas de Los Cachiros se encuentran actualmente bajo custodia de las autoridades estadounidenses. Durante su juicio en Nueva York, Devis Leonel Rivera Maradiaga aceptó su participación en el asesinato de 78 personas, entre las cuales se destacan el zar antidrogas, Julián Arístides Gonzáles; el exasesor de Seguridad Nacional, Alfredo Landaverde, y el periodista Aníbal Barrow. Adicionalmente, su declaración involucra a miembros de la élite política y económica en actividades de narcotráfico y sobornos. Entre los implicados se encuentran el fallecido magnate hondureño Mauricio Facussé; el hermano del presidente actual de Honduras, Antonio Hernández, y el expresidente Porfirio Lobo y su hijo Fabio.
El testimonio de Rivera Maradiaga en 2017 también reveló que el excongresista Tony Hernández, hermano del actual presidente, aceptó US$50.000 en sobornos de Los Cachiros a cambio de que el gobierno le pagara una deuda a una compañía utilizada por el cartel de la droga para blanquear dinero.
Sin necesidad de ser extraditado, Tony Hernández fue capturado por agentes de la DEA en Miami en noviembre de 2018, acusado de narcotráfico y porte ilegal de armas. Hernández fue hallado culpable en su juicio en octubre de 2019 en Nueva York.
El excomandante regional de la Dirección Nacional de Investigación Criminal, Carlos Alberto Valladares Zúñiga, es otro caso que ha salido a flote después de las declaraciones de los hermanos Rivera Maradiaga. Valladares Zúñiga se declaró culpable en 2018 por conspirar con Los Cachiros: no solo protegió el tráfico de drogas de este grupo criminal, sino que además eliminó a rivales como “El Sapo” y reclutó miembros de la policía para facilitar la logística y seguridad y de los hermanos Rivera Maradiaga.
Además, el congresista Midence Oquelí Martínez Turcios ha sido señalado de tener control directo sobre drogas traficadas desde territorio colombiano hasta llegar a manos de carteles mexicanos. Las autoridades de Estados Unidos piden la extradición de Martínez Turcios y miembros de la familia Urbina Soto por tráfico de drogas.
Desde el juicio de los hermanos Rivera Maradiaga en 2017, las autoridades hondureñas han seguido incautando una serie de activos y propiedades vinculados a la organización Los Cachiros y sus socios, un indicio de que continúan las investigaciones sobre las actividades ilícitas del grupo y que en el futuro podrían presentarse nuevos cargos criminales contra otros sospechosos.
Liderazgo
El clan familiar de Los Cachiros solía contratar a habitantes de la región, con quienes tenían poca relación y contacto, lo que minimizaba el riesgo en caso de que alguno de ellos fuera identificado por las autoridades.
Javier Eriberto Rivera Maradiaga, alias “Javier Cachiro” y su hermano Devis Leonel Rivera Maradiaga son los presuntos líderes del grupo. Por temor a ser asesinados, ambos hermanos se entregaron a la DEA en enero de 2015. Javier Rivera se declaró inocente de cargos de tráfico de drogas en Febrero de ese año.
Geografía
El grupo operaba en el departamento de Colón, en la costa noroeste de Honduras. Su territorio se extendía al oriente hasta Gracias a Dios, al sur hasta Olancho y al occidente hasta San Pedro Sula, el centro criminal de la región.
El grupo también tenía operadores en Nicaragua, donde sus contratistas recibían y transportaban drogas desde Costa Mosquitos hasta Gracias a Dios y Colón, donde eran dividas en cargamentos más pequeños y movidas a través del país.
Aliados y enemigos
Según informes, Los Cachiros enviaban cocaína y otras drogas al Cartel de Sinaloa en México y se piensa que esta organización también tenía vínculos con la organización criminal colombiana Los Rastrojos.
El grupo utilizaba pandillas para transportar algunas drogas, que eran transportadas en motocicletas para evitar los controles militares mediante el uso de carreteras secundarias.
Perspectivas
El imperio de Los Cachiros como grupo especializado en el transporte de drogas podría haber terminado con el encarcelamiento de sus líderes en Estados Unidos. La cooperación de los hermanos con la justicia estadounidense ha revelado su penetración en las altas esferas del gobierno. Si estas acusaciones resultan ser ciertas, la profunda conexión entre el crimen organizado y las élites del país quedaría expuesta, un hecho que pone en evidencia cómo la complicidad entre quienes sustentan el poder político y quienes se mueven en el mundo del hampa pueden lucrarse enormemente de las economías ilegales.