Un nuevo reportaje señala que Estados Unidos financió una unidad de élite de la Policía Nacional Civil en El Salvador, responsable de indignantes abusos de fuerza, incluidas ejecuciones extrajudiciales. Esto pone en evidencia fallas en el proceso de escrutinio que sigue el país norteamericano para seleccionar a los beneficiarios de asistencia para seguridad.
La Fuerza Especializada de Reacción (FES) de la Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador recibió “importantes recursos de Estados Unidos” a pesar de su presunta responsabilidad en las ejecuciones de 43 sospechosos de pertenecer a pandillas durante los primeros seis meses de 2017, según un reportaje exclusivo de CNN.
Fuentes consultadas por CNN confirmaron que la unidad élite de la FES fue beneficiaria de una cantidad no especificada de los más de US$140 millones en asistencia para seguridad otorgados por Estados Unidos a El Salvador en los dos últimos años.
La FES se disolvió a comienzos de este año y fue reemplazada con otro cuerpo especializado conocido como Unidad Táctica Especializada Policial (UTEP), también conocido como Los Jaguares. Pero según CNN, muchos antiguos integrantes de la FES nunca fueron investigados por estos presuntos abusos y se unieron a la fuerza élite, que también recibe financiación estadounidense.
En agosto de 2017, una investigación de la revista salvadoreña Factum identificó primero a cuatro agentes de la FES sospechosos de haber cometido por lo menos tres ejecuciones extrajudiciales, entre otros delitos.
La investigación también reveló que los agentes en cuestión usaban redes sociales para coordinar y discutir las ejecuciones extrajudiciales, así como la manera de manipular las escenas de los crímenes para hacer que una ejecución pareciera un enfrentamiento, entre otros.
Pero en ese momento, los altos funcionarios de El Salvador no tomaron acciones decisivas para responder a las denuncias. Así mismo, tras el reportaje de CNN, la subcomisionada de policía Karla Andrade rechazó la denuncia de que integrantes de la policía nacional hubieran ejecutado a sospechosos de pertenecer a pandillas.
“En primer lugar, la Policía Nacional Civil no extermina pandillas, y eso quiero enfatizarlo. La Policía no extermina pandillas, no extermina a nadie. No es ese el término correcto porque […] no es esa nuestra misión constitucional”, dijo Andrade en una conferencia de prensa.
Un vocero de la embajada estadounidense en El Salvador declaró a CNN que el gobierno de Estados Unidos toma “con extrema seriedad” esas denuncias, y que “de manera consistente ha expresado su preocupación por las denuncias de abusos de las fuerzas de seguridad, la necesidad de rendición de cuentas y el papel vital de fuerzas de seguridad respetuosas de los derechos para una democracia sana”.
InSight Crime solicitó comentarios de la embajada y del Departamento de Estado, pero no recibió respuesta.
Análisis de InSight Crime
Las denuncias de ejecuciones extrajudiciales cometidas por unidades de las fuerzas de seguridad que reciben financiación estadounidense plantean graves cuestionamientos sobre el proceso de escrutinio de esas unidades y sobre el cumplimiento de las leyes diseñadas para evitar que reciban asistencia, en especial porque Estados Unidos ofrece asistencia para seguridad a muchos organismos con malos antecedentes en términos de derechos humanos y corrupción, en toda Latinoamérica y el mundo entero.
Un estatuto federal conocido como Ley Leahy prohíbe al gobierno estadounidense prestar asistencia en seguridad a fuerzas militares o de policía en otros países, cuando haya “información creíble” de que la unidad haya cometido abusos contra los derechos humanos. Sin embargo, las medidas para hacer cumplir la ley muchas veces se quedan cortas, en parte por la escasa prioridad dada al proceso de investigación y la falta de recursos que se destina para ello.
Lisa Haugaard, directora ejecutiva del grupo de trabajo sobre asuntos latinoamericanos, con sede en Washington, DC, comentó a InSight Crime que la ley es una “herramienta básica” para descartar cuerpos de seguridad abusivos que “realmente no deja por fuera a todos los malos actores ni llegan necesariamente a los problemas sistémicos”.
Los representantes del gobierno estadounidense no tenían que hacer un gran esfuerzo para hallar “información creíble” de que las fuerzas de seguridad salvadoreñas estaban implicadas en abusos graves contra los derechos humanos. De hecho, múltiples fuentes informaron a InSight Crime que ellos tocaron el tema en reuniones con representantes del Departamento de Estado desde 2016. (Las fuentes pidieron que se mantuviera su identidad anónima, pues esas reuniones fueron extraoficiales).
Denuncias de actividades tipo escuadrones de la muerte se hicieron también en informes públicos por la misma época. Pero las fuentes comentaron a InSight Crime que los funcionarios estadounidenses simplemente restaron importancia a las denuncias y atribuyeron esas muertes a las pandillas del país.
Desde entonces, se sigue acumulando evidencia que implica a las fuerzas de seguridad salvadoreñas en ejecuciones extrajudiciales, tortura, agresiones sexuales y otros graves delitos.
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La falta de vigilancia estricta de Estados Unidos sobre las unidades salvadoreñas a las que brindó entrenamiento y asistencia hace parte de un patrón más generalizado que se extiende más allá de Latinoamérica.
Se dice que el senador Patrick Leahy (D-VT) ha expresado su inquietud sobre las posibles violaciones a la ley que lleva su nombre en el caso de la financiación estadounidense a Egipto. Y un informe de un organismo interno de vigilancia del ejército estadounidense, divulgado a comienzos de este año, halló evidencia de violaciones a la Ley Leahy en la asistencia estadounidense en seguridad en Afganistán.
Haugaard comentó a InSight Crime que aun cuando los abusos en El Salvador son de amplio conocimiento y han sido bien denunciados, “los problemas son tan extendidos que no es sorpresa que las fuerzas que violan normas básicas de derechos humanos reciban financiación estadounidense”.
“No solo debe implementarse con mayor rigor la Ley Leahy; también cuando haya evidencia de abusos sistémicos y el gobierno no los esté solucionando, debería suspenderse la asistencia en seguridad”, opinó Haugaard en entrevista con InSight Crime.