Las autoridades de Venezuela han anunciado recientemente la incautación de 28 aeronaves pertenecientes al narcotráfico como un éxito en su lucha contra el tráfico de drogas, pero en realidad el incremento en la detención de estas naves puede indicar un mayor tráfico de estupefacientes por territorio venezolano.
El jefe de la Oficina Nacional Antidrogas (ONA), General de División Juan Grillo González, informó que, hasta el 2 de noviembre, en 2018 habían sido incautadas 28 aeronaves provenientes del tráfico ilícito de drogas, pero no dio detalles que permitan hacerles seguimiento a tales procedimientos.
El máximo representante de la ONA advirtió que “Venezuela no permitirá que Colombia, el principal país productor de drogas, use nuestro territorio para el tráfico internacional, siendo su principal destino Estados Unidos”.
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Cabe señalar que la incautación de 28 aeronaves vinculadas al narcotráfico durante 2018 en Venezuela representa un aumento de 460 por ciento respecto de las 5 retenidas en 2017. A esto se suma que mientras en 2017 la ONA reportó el decomiso de 39,4 toneladas de droga, el ministro Néstor Reverol anunció que hasta noviembre de 2018 se han incautado 37,2 toneladas.
Análisis InSight Crime
Si bien la cifra de narcoaviones incautados por un gobierno puede ser un indicativo de efectividad en la lucha contra las drogas, en el caso de Venezuela podrían más bien ser un reflejo del incremento del paso de droga por territorio venezolano, cosa que parece lógica justamente en el año en que Colombia está produciendo más cocaína que nunca.
El incremento en las estadísticas oficiales de decomisos de droga que ha mostrado el gobierno venezolano confirmaría la posibilidad de que esté circulando más droga por Venezuela. Por la vecindad entre ambas naciones y la falta de controles en la frontera común, parece “natural” que las organizaciones de narcotráfico utilicen territorio venezolano para sacar sus cargamentos.
La expresidenta de la Comisión Nacional contra el Uso Ilícito de las Drogas (Conacuid), Mildred Camero, explica que por negligencia o eventual complicidad de sus autoridades, Venezuela es el corredor de drogas más seguro y económico para las organizaciones internacionales dedicadas a este negocio ilegal. “Por el país circulan aproximadamente 400 toneladas métricas de cocaína anualmente”, dijo la experta a InSight Crime.
La presencia cada vez más extendida de grupos irregulares colombianos operando con libertad en Venezuela, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), es otro factor que apunta hacia un mayor uso de territorio venezolano por parte de estas organizaciones para movilizar su droga.
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Por otra parte, la posibilidad de reciclaje de las aeronaves incautadas pone en duda la efectividad de las incautaciones de narcoaviones. El 4 de noviembre de 2018 se registró en Panamá actividad de la aeronave YV-1863, vinculada al narcotráfico y neutralizada por el Ministerio de la Defensa de Venezuela en 2013. Esta avioneta debió estar bajo custodia oficial para impedir que se le volviera a dar un uso ilegal.
Un episodio aún más comprometedor se registró en marzo de 2016, cuando una avioneta que había sido incautada en 2011 por tráfico de drogas y, que se encontraba bajo la custodia de la Fuerza Armada Nacional de Venezuela, trasladó 350 kilogramos de cocaína desde ese país a República Dominicana.
La presidenta de la ONG Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional, Rocío San Miguel, considera que en muchos casos estas incautaciones de aeronaves pueden tratarse de “falsos positivos”, debido a que es necesario saber dónde están esas avionetas, quiénes son los detenidos, quienes piloteaban esas naves, dónde fueron decomisadas, qué rutas cubrían, en qué expedientes están reseñados cada uno de estos casos.
Por una parte los reportes oficiales son incompletos, lo cual les resta credibilidad, y por otro lado, es difícil pensar que el gobierno de Nicolás Maduro se haya decido a luchar contra el narcotráfico justamente cuando el país enfrenta su peor crisis económica por falta de ingresos y corrupción, y muchos funcionarios de su gobierno han sido sancionados por Estados Unidos por presuntos vínculos con el tráfico de drogas.
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