Un reciente informe ha señalado que una red de altos ejecutivos y autoridades hondureñas coordinó el asesinato de Berta Cáceres, la reconocida activista de los derechos ambientales, lo que llama la atención sobre el grado de connivencia criminal entre el Estado y la empresa privada en la nación centroamericana.
El informe, publicado el 31 de octubre por un grupo independiente denominado Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE), se titula “Represa de violencia: el plan que asesinó a Berta Cáceres”.
Los autores concluyen que el asesinato de la activista medioambiental fue orquestado por altos ejecutivos de Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) —la empresa que tenía la concesión para el proyecto de la represa hidroeléctrica de Agua Zarca, a la que Cáceres se opuso— así como por empleados de DESA, quienes vigilaban a Cáceres y “actuaron en alianza” con fuerzas de seguridad del Estado “al menos desde el mes de noviembre de 2015”.
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El informe sustenta este argumento con mensajes de texto provenientes de teléfonos celulares incautados por las autoridades hondureñas, dos de los cuales fueron utilizados por el gerente de DESA, Sergio Ramón Rodríguez Orellana, y el exdirector de seguridad de DESA, Douglas Giovanny Bustillo, quienes se encuentran entre las ocho personas que han sido detenidas en relación con el crimen.
Según el informe, Bustillo le envió un mensaje de texto a un alto ejecutivo de DESA en febrero de 2016, que decía: “misión abortada hoy”, al parecer cuando se frustró el primer intento de asesinar a Cáceres. Otros mensajes de texto también revelan que éste fue el mismo ejecutivo con quien Bustillo se reunió un mes más tarde, el día 2 de marzo de 2016. Cáceres fue asesinada poco después de eso, en la mañana del 3 de marzo.
(Gráfico de GAIPE sobre la escena del asesinato de Cáceres)
El informe sostiene que los mensajes de texto permiten suponer que la orden de asesinar a Cáceres vino de altos ejecutivos de DESA, cuyos nombres no aparecen en el informe debido a que no han sido acusados de ningún crimen por las autoridades hondureñas.
Según el informe, la prueba existente es “concluyente respecto de la participación de numerosos agentes estatales, altos directivos y empleados de DESA en la planeación, ejecución y encubrimiento del asesinato”.
Sin embargo, los autores del informe señalan que, si bien las autoridades hondureñas han arrestado a varios sospechosos acusados de llevar a cabo el asesinato de Cáceres, no han levantado cargos contra los sospechosos de haber ordenado el asesinato.
Análisis de InSight Crime
Expertos consultados por InSight Crime señalaron que este nuevo informe se suma a la creciente evidencia que sugiere que muchos miembros de las élites empresariales y políticas hondureñas coordinaron rutinariamente esquemas criminales que buscaban defender sus intereses.
“El informe de GAIPE presenta fuertes evidencias de que altos ejecutivos e inversionistas de DESA—incluyendo algunos miembros de las élites y actores estatales, entre otras personas— planearon y ejecutaron el asesinato de Berta Cáceres”, le dijo a InSight Crime Dana Frank, profesora de la Universidad de California en Santa Cruz.
“No se trata sólo de unos pocos actores aislados. Se trata de la labor de las más altas élites y de sus aliados en el gobierno”, añadió. “Ahora sabemos que [la Fiscalía General] ha tenido estas evidencias de complicidad de las élites desde mayo de 2016, pero no ha arrestado a nadie”.
Lisa Haugaard, directora ejecutiva del Grupo de Trabajo para América Latina, ubicado en Washington, DC, coincidió con Frank en este sentido.
“El informe de GAIPE señala que, hasta la fecha, el sistema judicial hondureño no ha presentado cargos contra los autores intelectuales del crimen, aunque los investigadores de GAIPE, examinando sólo una parte de la información que los fiscales hondureños tienen a su disposición, podrían determinar que los ocho hombres acusados estaban recibiendo órdenes de sus superiores”, dijo.
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Las revelaciones del informe podrían agravar aún más las relaciones entre Estados Unidos y Honduras, además de que podrían afectar la voluntad del Congreso de Estados Unidos de aprobar parte de la ayuda económica, la cual podría no ser entregada si se determina que Honduras no está cumpliendo con las expectativas de Estados Unidos sobre los derechos humanos y la corrupción.
(El testimonio condenatorio de un confeso narcotraficante hondureño en una corte de Estados Unidos ha implicado a altos funcionarios de vínculos con el tráfico de drogas, y otro informe de este mismo año señaló que en la corrupción es el “sistema operativo” de Honduras).
Inmediatamente después del asesinato de Cáceres, la Embajada de Estados Unidos en Honduras pidió una investigación “pronta y exhaustiva“. Poco después, el congresista estadounidense Hank Johnson presentó un proyecto de ley en el que pedía la suspensión de la ayuda de Estados Unidos a Honduras hasta que el gobierno muestre que ha hecho avances en la investigación sobre las violaciones a los derechos humanos y los asesinatos de activistas, que han hecho del país centroamericano uno de los más peligrosos del mundo para los defensores del medio ambiente.
Sin embargo, el compromiso del gobierno hondureño para resolver el caso de Cáceres ha sido, cuanto menos, cuestionable. En octubre de 2016, la ineptitud del gobierno para manejar la investigación y el enjuiciamiento quedó evidenciada tras el bochornoso incidente durante el cual los archivos del caso fueron robados del vehículo de un juez.
Sin duda, el informe de GAIPE ha generado preocupaciones en Washington. Según una fuente estadounidense familiarizada con las deliberaciones al interior del Departamento de Estado, el Congreso de Estados Unidos todavía tiene que recibir la aprobación del Departamento de Estado para desembolsar el 75 por ciento de la ayuda a los países del Triángulo Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador), que está condicionada a que dichas naciones cumplan con las expectativas de Estados Unidos con respecto a la transparencia, así como en cuanto a la persecución del crimen organizado, entre otras cosas.
La misma fuente le dijo a InSight Crime que la ayuda de Estados Unidos a Honduras podría estar en mayor riesgo debido a las últimas revelaciones en el caso del asesinato de Cáceres. Sin embargo, las experiencias previas llevan a pensar que estas preocupaciones quizá no se traduzcan en cambios reales en la política o en recortes en las ayudas financieras.