Mario Estrada, excandidato presidencial guatemalteco, aceptó ante un juez en Nueva York que había conspirado para introducir cocaína en los Estados Unidos. Esta admisión de culpa vuelve a poner en el tapete la infiltración del narcotráfico en la política guatemalteca y, en este caso en particular, pone en aprietos al gobierno del presidente Jimmy Morales, a quien la fiscalía ya investiga por sus supuestos vínculos con Estrada.
Estrada, presidenciable del partido Unión del Cambio Nacional (UCN), había sido capturado en Miami en abril pasado por cargos de narcotráfico y, en principio, se había declarado inocente de acusaciones que, además, incluían el uso ilegal de armas. El 8 de octubre pasado, tras conocer las pruebas en su contra, el político guatemalteco cambió su declaración a culpable a través de un escrito presentado ante el juez neoyorquino y el cual fue dado a conocer esta semana.
En su admisión de culpa, Estrada acepta como cierto que en enero pasado él y Juan Pablo González Mayorga, miembro del UCN que también está preso en Estados Unidos y ha admitido su culpa en los mismos delitos, se reunieron con personas a las que identificaban como miembros del Cartel de Sinaloa, pero quienes en realidad eran agentes encubiertos de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA).
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Durante esa y otras reuniones, Estrada y González pidieron a los supuestos narcos entre U$10 millones y U$12 millones para financiar la campaña presidencial. A cambio ofrecieron paso libre de la cocaína del cartel por Guatemala, acceso irrestricto a los puertos y aeropuertos del país, y nombrar a un ministro de Gobernación (interior) y otros funcionarios que respondieran a los narcotraficantes, de acuerdo con la acusación inicial de la fiscalía estadounidense.
Con la declaratoria de culpabilidad, ambos acusados intentan rebajar sus penas de prisión a 5 años. Sin embargo, de acuerdo con fuentes judiciales citadas por La Voz de América, el tiempo de cárcel, incluso con la admisión de culpa, podría ser hasta de 40 años. El tribunal dictará sentencia en enero próximo para Estrada y en mayo de 2020 para González.
La sombra de este caso, además, se extiende sobre el presidente Jimmy Morales y su ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, quienes de una u otra forma han tenido vínculos con Estrada. El 23 de cotubre, la fiscalía guatemalteca informó que tiene abierta una investigación sobre los nexos entre Morales y Estrada.
Análisis de InSight Crime
No había pasado ni una semana desde que un tribunal de Nueva York declaró culpable de narcotráfico a Tony Hernández, hermano del presidente hondureño Juan Orlando Hernández, cuando otro caso de droga y alta política, visto también en una corte neoyorquina, volvía a abrir preguntas sobre el alcance de la infiltración del crimen organizado en los gobiernos centroamericanos.
A diferencia del caso hondureño, no ha habido en el juicio abreviado a Estrada referencias directas a Morales y su gobierno. Sin embargo, algunos vínculos salieron a la luz poco después de la captura del excandidato de UCN en Miami.
El 2 de abril, 15 días antes de la captura de Estrada, Jimmy Morales se reunió con él en una hacienda para almorzar y conversar, como el mismo presidente admitió. Fiel a su estilo campechano, Morales trató de quitar importancia al asunto e incluso habló de la comida: sopa de gallina con crema y loroco (una planta aromática típica del norte de Centroamérica). Luego, Morales aceptó que había tenido otras dos reuniones con Estrada.
Morales, además, había utilizado un helicóptero propiedad de Estrada en enero de 2018. Sobre este tema, el presidente dijo que ni él ni su inteligencia sabían, cuando rentaron la aeronave, que Estrada estaba vinculado al narcotráfico.
Los posible nexos no terminan con un almuerzo y un helicóptero. Ernesto Degenhart, hermano de Enrique Degenhart, el ministro de Gobernación de Morales, se postuló como candidato a diputado por el UCN antes del arresto de Estrada.
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Tal como ha ocurrido con el caso de los hermanos Hernández en Honduras, en Guatemala la posible relación entre Morales y un narcotraficante condenado en Estados Unidos vuelve a abrir la interrogante sobre la forma en que Washington conduce sus relaciones con presidentes y gobiernos sospechosos de complicidad con el narcotráfico.
En Honduras, el apoyo de la administración Trump ha sido un respaldo vital para Juan Orlando Hernández, primero durante su cuestionada reelección en 2018 y, en estos días, tras la condena de Tony Hernández en Nueva York. El 19 de octubre, solo un día después de ese veredicto de culpabilidad, la encargada de negocios de Estados Unidos, Colleen Hoey, se dejó fotografiar en Tegucigalpa con el presidente en un acto militar.
En Guatemala, el apoyo de un sector conservador del partido republicano, encabezado entre otros por el senador Marco Rubio de la Florida, fue fundamental para que Morales tuviese éxito en su cruzada por eliminar a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que junto a la fiscalía local investigó al presidente por posible financiamiento electoral ilícito.
Con esos antecedentes, parece poco probable que Estados Unidos vaya mas allá de los fallos judiciales en las cortes de Nueva York.
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