Las autoridades estadounidenses han señalado a un candidato presidencial guatemalteco de solicitar fondos de campaña al cartel de Sinaloa de México, e incluso pedir al grupo que asesinara a sus rivales. El caso pone de relieve que la política en Guatemala, pese a los esfuerzos por depurarse, sigue siendo un negocio muy sucio.
Los fiscales dicen que Mario Amílcar Estrada Orellana pedía entre US$10 y US$12 millones al cartel de Sinaloa a cambio de ofrecer “respaldo patrocinado por el estado” para las actividades de narcotráfico del grupo, según un pliego de cargos federal hecho público el 17 de abril.
Estrada, candidato por el partido de centro-derecha Unión del Cambio Nacional (UCN), y otro hombre, Juan Pablo González Mayorga, fueron detenidos en el aeropuerto de Miami por cargos de tráfico de armas y narcóticos, según las autoridades.
Durante los últimos cuatro meses, ambos se confabularon para ganar la elección con dinero del narcotráfico que les entregaron dos presuntos miembros del cartel de Sinaloa, quienes en realidad eran informantes criminales para la Administración Antidrogas (DEA por sus siglas en inglés).
Estrada prometió “acceso sin restricciones” a los puertos y aeropuertos de Guatemala para transportar drogas, y también ofreció designar a miembros de la poderosa organización narcotraficante en “puestos claves del gobierno” si ganaba la elección, según el pliego de cargos.
También se dice que González preguntó si los informantes podían “asesinar [al menos a dos] rivales políticos” usando “muchos [rifles] AK-47” que proveería para perpetrar las muertes.
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A cambio de facilitar el movimiento de seis aviones cargados de cocaína por medio del país en ruta a Estados Unidos, el cartel debía enviar millones de dólares en dineros de la droga por medio de un yate suministrado por Estrada. De esa forma, dijo Estrada a los informantes, podría entregar una “cantidad considerable de dinero” a cada uno de los 22 distritos de Guatemala, lo que le permitiría asegurar votos suficientes para ganar las próximas elecciones de junio, según la acusación.
Estrada no es ajeno a la política, ni a la controversia. Fue congresista durante muchos años, antes de crear su partido UCN, en 2006.
Se lanzó a la presidencia sin éxito en 2007, 2011, 2015 y nuevamente en 2019. La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) ya había investigado a Estrada y a su partido en 2015 por presunta financiación electoral ilícita y nexos con el narcotráfico.
Por su parte, la embajada estadounidense en Guatemala calificó al UCN de "narcopartido" en un cable filtrado por WikiLeaks en 2011.
La hija de Gloria Torres, quien acompañó a Estrada en la campaña de la UCN en 2015, también ha sido señalada de nexos con Waldemar Lorenzana, exlíder de uno de los clanes narcotraficantes más notorios de Guatemala. Otros miembros del partido UCN han sido vinculados a narcos condenados, como Marllory Chacón Rossell.
De ser sentenciados, Estrada y González afrontarían la pena de prisón perpetua en Estados Unidos.
Análisis de InSight Crime
El osado intento de Estrada de pedir dinero del narcotráfico para ganar las elecciones presidenciales en Guatemala deja ver hasta qué punto el dinero ilícito ha infiltrado el sistema político del país.
Aunque no se contaba entre los favoritos en la contienda electoral, Estrada hizo énfasis en que “necesitaba financiación de un cartel de la droga para ser competitivo." Esto dice mucho, dado que no hace mucho tiempo, grupos criminales mexicanos, como el temido cartel de Los Zetas, recurrían a la violencia extrema para ejercer control en los países centroamericanos, incluida Guatemala.
“Creo que el caso de Estrada confirma la manera como muchos partidos políticos [en Guatemala] financian sus campañas y demuestra la cooptación continuada del estado”, declaró la periodista guatemalteca Sofía Menchú en entrevista con InSight Crime.
Las denuncias de financiamiento ilícito de campañas y nexos con grupos del crimen organizado han nublado la política guatemalteca desde hace años.
La CICIG y el Ministerio Público adelantan una investigación sobre el presidente Jimmy Morales por presunta financiación electoral ilícita durante la campaña que lo llevó a la presidencia en 2015.
Su predecesor, Otto Pérez Molina, renunció antes de que las autoridades lo arrestaran a él y a la entonces vicepresidenta Roxana Baldetti. Ambos estaban señalados de dirigir un esquema de fraude aduanero que les reportaba millones de dólares en coimas. También fue acusado de recibir fondos ilícitos para su campaña.
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Antes de Molina, Álvaro Colom fue elegido presidente de Guatemala en 2007 con ayuda de cuestionables operadores políticos. Estos presuntamente recibieron apoyo financiero crítico de grupos del crimen organizado en Guatemala y México, entre ellos Los Zetas.
Con el actual presidente Morales a la cabeza, las élites de Guatemala recientemente devolvieron el golpe contra la campaña anticorrupción liderada por la CICIG y el Ministerio Público. Esto desembocó en una crisis constitucional a comienzos de este año, luego de que Morales expulsara a Iván Velásquez, comisionado de la CICIG, y diera a los agentes de la comisión la orden de dejar el país.
"El mayor interés del gobierno en el poder es quitar de en medio o debilitar a los actores e instituciones que han sido tan importantes en la lucha contra la corrupción [en Guatemala]", afirmó Jo-Marie Burt, profesora asociada en la Escuela de Política Pública y Gobierno Schar en la Universidad George Mason y asesora principal de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).
Las nuevas revelaciones también se dan mientras Estados Unidos envía señales contradictorias sobre su compromiso de combatir la corrupción en Centroamérica, específicamente en los países del Triángulo Norte, El Salvador, Honduras y Guatemala.
Aunque las autoridades antinarcóticos siguen haciendo arrestos de figuras destacadas vinculadas a gobiernos centroamericanos, una "lista negra" divulgada hace poco, de funcionarios de gobierno corruptos en Centroamérica omitió el nombre de cualquier persona que no hubiera sido sentenciada anteriormente por sus crímenes.
A la actual administración estadounidense "no le importa realmente la corrupción en Centroamérica", añadió Burt. "Es frustrante ver que aun con el increíble avance hecho por la CICIG y el Ministerio Público, esos problemas no se hayan resuelto".
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