Masacre en prisión de norte de Brasil indica cambios en dinámica criminal

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Una brutal masacre en un centro carcelario del norte de Brasil suscita serias interrogantes sobre posibles cambios en las alianzas criminales en tan estratégica región de este país suramericano.

Nada más y nada menos que 57 reclusos murieron el 29 de julio en la peor masacre carcelaria registrada en 2019 luego de que estallara una reyerta en la prisión de Altamira, en el estado norteño de Pará, según informó el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública en un comunicado oficial.

Una pandilla local identificada como el Comando Clase A (Comando Classe A —CCA—) atacó por sorpresa un pabellón del centro de reclusión controlado por sus rivales del Comando Rojo (Comando Vermelho), una batalla en el marco de una guerra más amplia por el control del lucrativo mercado de narcóticos en el Amazonas brasileño, según las versiones recogidas. Los pandilleros prendieron fuego a los colchones y decapitaron al menos a 16 presos, informó la prensa local.

El tumulto en la prisión fue un “ajuste de cuentas entre las dos facciones”, comentó Jarbas Vasconcelos director de la cárcel de Pará, a reporteros locales de Agência Pará. Agregó que su equipo “no tenía información [previa] de un ataque de esa magnitud”.

Sin embargo, Carlos André Costa, secretario encargado de análisis criminal y de inteligencia de Pará, declaró a Folha de São Paulo que las autoridades habían tenido informes de inteligencia a comienzos del mes, que indicaban que elementos del Comando Rojo se estaban movilizando hacia el sur, hacia zonas controladas por el Primer Comando de la Capital (Primeiro Comando da Capital —PCC—) en Pará, una señal de que se estaría gestando un conflicto.

La participación del CCA en la masacre se deriva de su evidente alianza con el más poderoso PCC.

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El CCA, menos conocido, fue formado en 2013 por Oziel Barbosa, expendedor de drogas que se presentaba con el alias de “Maranhão”, según la revista Época. Barbosa fue asesinado posteriormente en 2016, pero se dice que el CCA ha mantenido su influencia en el sistema penitenciario de Pará.

Tras la masacre, las autoridades trasladaron a 46 presos acusados de participar en la matanza. Diez reos fueron llevados a instalaciones federales fuera de Pará, y los 36 restantes redistribuidos en otras prisiones dentro del estado.

No es la primera gran matanza relacionada con disputas de bandas criminales por agitar el sistema carcelario en Brasil.

Una masacre el día de Año Nuevo de 2017 en la ciudad de Manaus, Amazonas brasileño, dejó 56 reclusos muertos. La pelea se atribuyó a una rencilla entre la Familia del Norte (Família do Norte —FDN—) y el PCC por el negocio de las drogas en la región del Amazonas. Otros 33 presos fueron asesinados cuatro días después en retaliación en disturbios en la prisión del vecino estado de Roraima.

La repentina escalada de las encarcelaciones masivas en Brasil facilita esta violencia de pandillas. A finales de junio de 2018, las 47 prisiones del estado de Pará tenían unos 16.500 presos, pese a que solo tenían capacidad para albergar a unos 8.600 reclusos, según datos oficiales de Susipe. Había más de 340 prisioneros en la cárcel de Altamira cuando ocurrió la masacre, el doble de su capacidad, para solo 163 detenidos, según Folha de São Paulo.

Análisis de InSight Crime

El PCC de São Paulo, uno de los grupos criminales más formidables de Brasil, junto con el Comando Rojo, de Rio de Janeiro, se han expandido en los últimos años a la región del norte de Amazonas usando violencia extrema, con el objetivo de controlar el lucrativo mercado de narcóticos de la región. Esta nueva masacre carcelaria parece tener relación con esos avances.

Luego del colapso de una larga tregua entre el PCC y el Comando Rojo, a comienzos de 2017, circuló la información de que el PCC había unido fuerzas con los Guardianes del Estado (Guardiões do Estado —GDE—), mientras que el Comando Rojo se alió con la Familia del Norte, ambas organizaciones más pequeñas en la codiciada región del norte de Brasil.

Pero esas alianzas parecen haberse roto. Desde entonces, el CCA se ha aliado con el PCC, según informaciones de Folha de São Paulo.

En Pará, sin embargo, se dice que el Comando Rojo y el PCC mantuvieron un acuerdo tácito de no agresión hasta hace unos meses. El Comando Rojo controlaba la ciudad de Belém y las rutas de tráfico de cocaína que ingresaban a Brasil desde Colombia y Perú a lo largo del río Amazonas, mientras que el PCC controlaba el interior de Pará.

Pero cuando el Comando Rojo comenzó desplazarse hacia el sur, hacia áreas controladas por el PCC, fue claro que estos últimos quisieron enviar un mensaje en la forma de la masacre en prisión. Más aún, un video que llegó a manos de las autoridades a comienzos de este año mostraba a dos sospechosos de liderar el Comando Rojo asesinando a un jefe rival del PCC en una pequeña población de Pará, un indicio de que había una guerra gestándose bajo la superficie.

“Esto [el estado de Pará] es nuestro, todo esto”, repetían los miembros el Comando Rojo.

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En el estado norteño de Pará se encuentra la ciudad portuaria de Belém, una de las principales rutas de contrabando para la cocaína que ingresa a Brasil desde Perú y Colombia, dos de los mayores productores de la droga en el mundo. Parte de la cocaína se destina al expendio de drogas en Río de Janeiro y São Paulo, donde Brasil tiene un boyante mercado de consumo.

Es probable que esta reciente masacre carcelaria sea “parte de la disputa más amplia por el control del norte y el noreste de Brasil”, opina Benjamin Lessing, profesor de la Universidad de Chicago que estudia el crimen organizado en Brasil.

“El CCA aprovechó una oportunidad de golpear al Comando Rojo en una forma brutal que sugiere que trata de intimidar a sus rivales y presentar sus credenciales”, comentó Lessing a InSight Crime. “Varias denuncias no verificadas indican que [el CCA] se volvió aliado del PCC, así que puede haber actuado a instancias del PCC, o como una manera de ganarse el favor del PCC”.

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