Las recientes redadas contra la minería ilegal en Timbiquí, en el departamento de Cauca, Colombia, hacen parte de un plan más amplio contra las economías criminales utilizadas por grupos de la mafia ex-FARC, pero podrían atizar los sentimientos antigubernamentales entre la comunidad afrocolombiana de la región.
El 17 de septiembre, las fuerzas de seguridad pública colombiana iniciaron una serie de redadas contra presuntas operaciones mineras ilegales en poblados remotos ubicados a lo largo del río Timbiquí.
Pero los residentes de Timbiquí están denunciando las tácticas utilizadas por las fuerzas de seguridad.
Fuentes locales le proporcionaron a InSight Crime algunos videos en los que se ven las excavadoras que las fuerzas de seguridad supuestamente arrojaron al río Timbiquí para después volarlas. “La maquinaria que quemaron en medio del río, y todo el petróleo que se derramó, causa daños al medio ambiente”, denunció uno de los residentes que habló con InSight Crime.
El río es el único medio de entrada y salida a la comunidad, y los habitantes dicen que los escombros en la vía fluvial han causado graves obstáculos para su movilidad.
Además, defendieron su participación en las operaciones mineras ilegales del sector, aduciendo que no tienen otras oportunidades laborales y que el Estado los ha abandonado.
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“La única fuente de ingresos para las personas, o para la mayoría, es la minería”, expresa un habitante que habló con InSight Crime bajo condición de anonimato. “Estamos ejerciendo resistencia porque no hay derecho a usar la fuerza y quemar las únicas herramientas de trabajo que tienen estas personas”.
Los informes indican que los miembros de la comunidad enfrentaron pacíficamente a las fuerzas de seguridad, tratando de evitar que dañaran sus excavadoras. Pero se pidió apoyo del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) y se reportaron varios heridos.
Los habitantes de Timbiquí también le dijeron a InSight Crime que las autoridades allanaron las casas de varios presuntos disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y que incautaron armas y oro. Sin embargo, las autoridades aún no han confirmado esto último, ni han informado sobre detenciones.
Las declaraciones iniciales de la Fiscalía General de la Nación indican que la actividad minera en la localidad estaba siendo realizada por estructuras criminales que no tenían permisos para hacerlo. Más tarde, el gobierno identificó que los responsables pertenecían a la mafia ex-FARC, disidentes del 29 Frente de las FARC.
Según el general Alejandro Bustamante, director de Carabineros y Seguridad Rural de la policía colombiana, la presencia de miembros disidentes del Frente 29 de las FARC no es nueva en Timbiquí. Señala que el uso de mercurio por parte del grupo en sus actividades ilegales de extracción de oro ha causado graves daños ambientales.
El líder de los disidentes del Frente 29 ha sido identificado como Gonzalo Prado Paz, alias “Sábalo”.
Análisis de InSight Crime
Si las acciones de las fuerzas de seguridad ocurrieron como lo describen los residentes de Timbiquí, queda claro por qué lo único que están provocando las acciones del gobierno es avivar la simpatía por la mafia ex-FARC, pero no logran desmantelar sus operaciones mineras.
Tras el anuncio de los líderes de las ex-FARC en el mes de agosto, según el cual estarían retomando las armas, esta arremetida del gobierno colombiano es quizá parte de una campaña más amplia para bloquear las fuentes de ingresos de la mafia ex-FARC.
Sin embargo, previamente ha quedado claro que es poco probable que las redadas aisladas a las minas ilegales obstaculicen las operaciones mineras futuras y que puedan tener implicaciones reales a largo plazo para las comunidades, mientras el gobierno no cuente con un plan para los trabajadores desplazados.
Dadas las pocas oportunidades económicas, los trabajadores suelen regresar a las operaciones mineras desmanteladas. Atraídos por los posibles beneficios, los mineros encuentran formas clandestinas de continuar sus actividades. También existe el riesgo de que los trabajadores desplazados se interesen en otras actividades ilícitas, como el cultivo de coca o la tala ilegal.
Es poco probable que los habitantes y trabajadores cuyas casas o equipos fueron destruidos por las fuerzas de seguridad lleguen a cooperar con las autoridades en el futuro.
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La remota ubicación de Timbiquí es estratégica para los actores armados. Situado en la costa del Pacífico colombiano, el municipio se encuentra a cuatro horas en lancha de la ciudad-puerto de Buenaventura, lo que lo convierte en un corredor perfecto para el narcotráfico. Como no hay carreteras ni puentes que conecten los dispersos asentamientos de Timbiquí, un viaje entre las comunidades puede tardar hasta dos horas en lancha rápida, lo que dificulta que los organismos de seguridad controlen los cultivos de coca o la minería ilegal.
En 2019 han sido confiscados por lo menos dos narcosubmarinos en el municipio, lo que indica que también es un punto de partida de los cargamentos de cocaína que salen de Colombia. Su lejanía también ha dificultado el desarrollo de programas económicos allí.
En 2016, la Defensoría del Pueblo advirtió que la actividad minera llevada a cabo por actores armados representaría desafíos socioambientales para el departamento del Cauca, ubicado en el suroeste colombiano. Los disidentes de las FARC han mantenido su presencia en Timbiquí desde que se firmó el acuerdo de paz en 2016, y sus operaciones locales de extracción de oro están profundamente arraigadas.
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