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Tres años después de la introducción de una publicitada iniciativa de seguridad ciudadana en El Salvador, representantes del gobierno afirman que el programa ha sido de gran ayuda en la reducción del crimen y la violencia. Pero aunque las tasas de homicidios en el país han bajado, otra evidencia indica que algunos factores importantes de criminalidad aún no han sido abordados.

El 16 de julio de 2015, el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana de El Salvador presentó oficialmente su plan de 124 puntos El Salvador Seguro (PESS).

Los cinco objetivos principales de la iniciativa se centran en la prevención del crimen y la violencia, la introducción de mejoras en el sistema de justicia penal, y la rehabilitación y reintegración de reclusos a la sociedad, la atención y protección de las víctimas, y el fortalecimiento de las instituciones responsables de la seguridad ciudadana.

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Las autoridades salvadoreñas afirman que el plan ha permitido reducir los homicidios y otros delitos, como la extorsión. En 2015, cuando se implementó el programa, la tasa de homicidios en El Salvador llegaba a 103 por 100.000 habitantes, la más elevada de Latinoamérica y El Caribe. Tras la implementación del plan, la tasa de homicidios bajó a unos 80 por 100.000 en 2016 y a 60 por 100.000 en 2017.

Hace poco en una entrevista, el ministro de seguridad adjunto Raúl López ponderó el Plan El Salvador Seguro, diciendo que “los datos hablan por sí solos”. Y la embajadora estadounidense en El Salvador Jean Manes ha atribuido al programa el crédito por la baja en el número de salvadoreños que salen del país huyendo hacia Estados Unidos. (Su afirmación parece contradecir un reciente informe de las Naciones Unidas que muestra que el número de solicitantes de asilo procedentes de El Salvador ha superado el 200 por ciento desde 2015).

Al mismo tiempo, los críticos señalan que los 50 municipios que el plan cubrió inicialmente se seleccionaron con base en criterios inválidos, y que en realidad en algunas de esas áreas se han incrementado las tasas de criminalidad.

El fiscal general Douglas Meléndez ha admitido este último punto. Pero en lugar de recomendar que se cambie el enfoque en la estrategia general dispuesta en el Plan El Salvador Seguro, Meléndez ha afirmado que el gobierno debe “intervenir” en los municipios asolados por la delincuencia y “abordar el tema con fuerza”.

Análisis de InSight Crime

Pese a que los representantes del gobierno afirmen que el Plan El Salvador Seguro ha arrojado buenos resultados, una mirada más atenta a la dinámica criminal y a otros indicadores sugiere que la importante reducción de la tasa nacional de homicidios y de otros delitos no dice toda la verdad.

No hay que desconocer que la reducción de las tasas de muertes violentas en El Salvador es una evolución positiva, si bien el país sigue siendo el más violento de la región después de Venezuela. Además de eso, los salvadoreños se sienten más seguros; un informe reciente de la firma encuestadora Gallup halló una “marcada mejora” en las percepciones de seguridad en el país.

Pero el profesor de la Universidad Internacional de Florida José Miguel Cruz cuestionó que esa mejora sea tan significativa como parece en la superficie. Cruz señaló a InSight Crime que el descenso en los índices de homicidios y extorsión puede ser más una señal de mayor sofisticación entre las pandillas del país, como respuesta a las medidas extraordinarias contra las pandillas, más que un resultado del Plan El Salvador Seguro.

“Lo que ha pasado es la consolidación del control de las pandillas en muchos lugares y comunidades, la sofisticación de las actividades delincuenciales de las pandillas, y el hecho de que estas bandas se han pasado cada vez más a otras actividades diferentes a la extorsión”, comentó Cruz, quien ha investigado el fenómeno de las pandillas en El Salvador.

Más allá de las estadísticas, existen otras razones para mostrarse escépticos sobre las versiones de los funcionarios salvadoreños sobre el éxito del Plan El Salvador Seguro.

Por ejemplo, dos de los objetivos principales del Plan El Salvador Seguro son fortalecer las fuerzas de seguridad y el sistema de justicia. Pero denuncias confiables de tortura y ejecuciones extrajudiciales a manos de policía y ejército indistintamente —pocas de las cuales han sido penalizadas— indican que las fuerzas de seguridad siguen siendo abusivas y no responden por desmanes. Más aún, la impunidad generalizada sigue siendo característica del sistema de justicia para todo tipo de delitos.

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Cruz comentó a InSight Crime que el limitado avance del Plan El Salvador Seguro se deriva de una falta de atención adecuada a las causas de fondo del crimen y la violencia en el país, como la falta de acceso a la educación y a oportunidades económicas legítimas.

Según Cruz, en lugar de orientarse exclusivamente a intentar mejorar las débiles instituciones judiciales y de seguridad, el programa “lo que realmente necesita es invertir más y destinar mayores recursos en educación y oportunidades de capacitación para los jóvenes, las comunidades de bajos recursos y en las zonas rurales”.

“El gran problema es que no hay una política sensata de capacitación, educación o que brinde a la población nuevas facultades que los hagan más competitivos en el actual mercado laboral”, afirmó Cruz a InSight Crime. “Si eso no se hace, las pandillas seguirán siendo la primera opción para muchos jóvenes”.

Además de eso, Cruz observó que el Plan El Salvador Seguro podría beneficiarse de una evaluación general para saber si el programa es efectivo, dónde está funcionando y dónde necesita mejoras.

“Hasta donde sé nadie ha hecho un examen científico del Plan El Salvador Seguro”, señaló Cruz a InSight Crime. “Hemos visto una disminución de los homicidios en los dos últimos años, mientras ha estado vigente el Plan El Salvador Seguro, pero en ausencia de datos reales que conecten ambos fenómenos, es muy difícil saber si este [declive] es resultado del Plan El Salvador Seguro”.

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