Los informes sobre la prolongada visita del hijo del excapo de la droga de México, Joaquín “El Chapo” Guzmán, a la ciudad de Medellín, en Colombia, han revelado nuevos detalles sobre la creciente influencia de los carteles mexicanos en la ciudad y sobre comercio de cocaína.
Una investigación de la revista Proceso reveló que Alfredo Guzmán Salazar vivió durante varios meses en Medellín en el 2016. El informe dice que Guzmán Salazar estuvo haciendo turismo y negocios bajo la protección de La Terraza, una de las bandas criminales más poderosas de la ciudad. La banda opera bajo el mando de La Oficina, un grupo mafioso que reúne a la mayor parte del hampa en la ciudad de Medellín.
Proceso señala que Alfredillo, protegido por un contingente de al menos 12 hombres que habría sido suministrado por La Terraza, se hospedó en varios apartamentos ubicados en los más exclusivos sectores de la ciudad, la cual recorría en lujosas camionetas blindadas.
“El Charro”, como también es conocido, incluso habría aprovechado su paso por la ciudad para mantener varias reuniones con empresarios, con quienes habría acordado el lavado de dinero producto del narcotráfico, según dijo a Proceso un informante de organismos de seguridad colombianos y estadounidenses.
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El hijo de El Chapo habría tenido bajo su mando, al menos, dos laboratorios de cocaína en la zona rural de Medellín y presuntamente tenía la capacidad de coordinar el envío de hasta 400 kilos semanales de droga hacia México desde el puerto de Buenaventura, en el pacífico colombiano.
Un informe de inteligencia, publicado por El Tiempo, reveló en junio de este año que la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés) incluso solicitó a las autoridades colombianas investigar la presencia de uno de los hijos de El Chapo en el país.
Aunque acusaciones federales en Estados Unidos vinculan a Guzmán Salazar con el tráfico de cientos de kilos de cocaína al menos desde 2005, no fue sino hasta septiembre de 2018 que la DEA lo incluyó en su listado de los 10 fugitivos más buscados.
Análisis de InSight Crime
Los detalles acerca de la visita del hijo de El Chapo a Medellín se suman a una serie de informes sobre el abrupto aumento de poder de organizaciones mexicanas en Colombia durante los últimos años.
Las relaciones entre La Oficina y los carteles de México datan al menos de la última década y son un reflejo de otros cambios más profundos en las dinámicas internas del conflicto colombiano, el comercio internacional de cocaína y el panorama criminal en México.
La Oficina fue establecida por el Cartel de Medellín en la década de los ochenta para el cobro de deudas. Tras la muerte de Pablo Escobar, pasó al control de Diego Fernando Murillo, alias “Don Berna” un prominente narcotraficante y líder paramilitar con fuertes vínculos con la élite política, empresarial y militar de Colombia.
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En 2008, Don Berna fue extraditado a Estados Unidos y dejó un vacío de poder, por lo que muchas de las rutas del transporte de droga quedaron disponibles y varios grupos colombianos como Los Urabeños y algunas facciones al interior de La Oficina, buscaron aumentar su poder.
Algunos de los líderes de estas estructuras comenzaron a disputarse el control de estas rutas de exportación de droga y comenzaron a desarrollar vínculos con grupos mexicanos como Los Zetas y el Cartel de Sinaloa.
Esta inestabilidad se reflejó en una disminución significativa del flujo de cocaína que estaban recibiendo los mexicanos. Es por esto que tomaron un papel más directo en el comercio aumentando su presencia en Colombia.
El acuerdo firmado entre la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el gobierno en 2016, la captura de algunos miembros de la cúpula de Los Urabeños y La Oficina, así como ajustes de cuentas, entre otros, han generado una reorganización del panorama criminal en Colombia, y oportunidades para grupos mexicanos.
Según un reporte de inteligencia militar al que tuvo acceso El Tiempo, en un intento por aumentar sus ganancias y el control sobre el comercio los carteles mexicanos “compraron a bandas criminales y grupos residuales de las FARC para controlar la producción de coca (…) Para esto necesitan control territorial y lo están adquiriendo muy rápidamente a través de organizaciones colombianas que trabajan para ellos”.
Grupos como La Terraza parecen estar adaptándose a este nuevo panorama y algunas de las estructuras de La Oficina incluso estarían trabajando para el Cartel de Sinaloa, y otras para su rival, el Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), según dos fuentes oficiales que hablaron con InSight Crime en condición de anonimato.
Aunque hasta el momento las autoridades no han atribuido públicamente brotes de violencia en Medellín a pugnas entre carteles mexicanos (a diferencia de otras partes del país), algunos casos recientes de secuestro, tortura y desapariciones en la ciudad, sí parecen corresponder con el modus operandi y las zonas que estos grupos actualmente controlan, según afirman estas fuentes.
Actualmente los ingresos criminales de La Terraza rondan los US$300.000 mensuales, una suma nada despreciable, pero insignificante frente a las ganancias de los grupos mexicanos que ahora se estarían quedando con la porción más grande de las ganancias del comercio de cocaína, y que tienen la capacidad de mover cientos (y probablemente miles) de toneladas al año. Según la ONUDD, en 2017 Colombia produjo casi 1.400 toneladas de cocaína. El precio al por mayor de una sola tonelada de la droga está alrededor de los US$30 millones en Estados Unidos.
La estrategia de los grupos mexicanos para continuar aumentando su participación y control sobre el comercio de cocaína, parece también incluir la cooptación de instituciones locales a través del padrinazgo de grupos vinculados a La Oficina.
Fuentes de inteligencia de la Policía de Colombia que hablaron con Proceso dijeron que están investigando si Guzmán Salazar se enteró de que las autoridades estaban tras su paso a través de información oficial a la que habría tenido acceso La Oficina.
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