Representantes del gobierno de Estados Unidos revelaron que el expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández sí está incluido en una lista de actores corruptos en Centroamérica, recopilada por el gobierno del norte, aunque no se ha señalado si esto dará lugar a cargos penales.
En un comunicado del 7 de febrero, el Secretario de Estado estadounidense Antony Blinken anunció que el gobierno revocaría la visa del expresidente y “desclasificaría y divulgaría” su inclusión en la llamada Lista Engel de actores corruptos, publicada en julio de 2021.
“Juan Orlando Hernández ha incurrido en corrupción de alto calibre al comprometerse o facilitar actos de corrupción y narcotráfico, y usar las ganancias de esas actividades ilícitas para promover campañas políticas”, afirmó Blinken.
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Añadió que “Hernández fue identificado por su nombre en un testimonio bajo juramente en un caso criminal federal en Estados Unidos como el receptor de ganancias del narcotráfico como parte de la financiación de su campaña”.
Hernández ha negado hasta el cansancio las acusaciones en su contra, lo que incluyó una carta abierta en la que declaraba estar “sorprendido” por el anuncio. El mes pasado, afirmó en un hilo en Twitter que nadie debería dejarse “engañar por falsos testimonios de narcos” después de que la congresista Norma Torres pidiera al Departamento de Justicia que lo imputara y lo extraditara. Pero las nuevas sanciones no están basadas únicamente en el testimonio de narcotraficantes, sino que además tocan la presunta corrupción en la que habría incurrido Hernández durante su mandato.
Poco después de la declaración de Torres, el senador estadounidense Bob Menéndez, quien sirve como presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, también instó al presidente Joe Biden a que designara a Hernández como un “importante traficante extranjero de narcóticos”, citando un “creciente volumen de evidencia incriminatorio” de la "participación directa en narcotráfico" por parte del exmandatario.
Hernández había dicho en una entrevista con El País en diciembre de 2021 que se uniría al Parlamento Centroamericano (PARLACEN) después de entregar la presidencia al asumir Xiomara Castro el 27 de enero, lo cual extendería su inmunidad en lo que se ha convertido en un refugio para los corruptos de la región.
Análisis de InSight Crime
Estados Unidos se mantuvo del lado de uno de sus principales aliados en la región mientras estuvo en el poder, aun frente a acusaciones criminales que se extendían a varios años atrás. Pero desde su salida de la presidencia, han actuado con mucha rapidez en su contra sobre el papel.
El hermano de Hernández, el exdiputado Juan Antonio “Tony” Hernández, fue condenado por delitos de drogas y armas hace más de dos años, en octubre de 2019. Durante ese juicio, el expresidente tuvo importantes menciones. Juan Orlando Hernández fue vinculado a un posible soborno por US$1 millón que entregó a Tony el exjefe del Cartel de Sinaloa Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”, un soborno cuyo destinatario real era el presidente en ejercicio.
Pero solo un día después de la condena de su hermano en Estados Unidos, la encargada de asuntos exteriores estadounidense en Honduras en ese tiempo, Colleen Hoey, fue fotografiada sonriendo junto a Juan Orlando. Y poco después de eso, Michael Kozak, en ese momento asistente del secretario del Departamento de Estado para asuntos del hemisferio occidental, se refirió a Honduras como un “aliado de confianza” en el gobierno del presidente Hernández. El respaldo en público para el atribulado presidente se mantuvo hasta el final de su mandato pese a las muchas denuncias en su contra.
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El hermano de Hernández recibió posteriormente una sentencia de cadena perpetua más 30 años por traficar miles de kilos de cocaína a Estados Unidos como líder de lo que los fiscales llamaron una “conspiración para traficar narcóticos auspiciada por el Estado”. El expresidente también fue acusado en un proceso aparte, el del convicto narcotraficante Geovanny Fuentes Ramírez, que fue sentenciado recientemente a cadena perpetua más 30 años de prisión, de recibir coimas de narcotraficantes para financiar campañas políticas, entre otros delitos, como el ofrecimiento de protección militar para cargamentos de cocaína.
Dicho esto, aún no se sabe con certeza si el Departamento de Justicia estadounidense tomara medidas para presentar formalmente cargos criminales contra Hernández. Por ahora, solo se le ha prohibido el ingreso a Estados Unidos, pero sigue en libertad.
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