Si bien los fiscales de Estados Unidos suelen ser reacios a nombrar en los casos criminales a presidentes en funciones, esta vez han hecho una excepción con respecto al presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, indicando claramente que él recibió sobornos de narcotraficantes y tuvo participación de primera mano en la red de tráfico de cocaína de su hermano.

Durante los argumentos finales en el juicio que por dos semanas se adelantó contra el narcotraficante convicto Geovanny Fuentes Ramírez, el fiscal asistente Michael Lockard dijo que el acusado conoció a Hernández y le pagó sobornos incluso recientemente, en el año 2019. Pero Hernández «no solo quería el dinero en efectivo, sino que además quería tener acceso a la cocaína del acusado», afirmó Lockard.

El 22 de marzo, Fuentes Ramírez fue hallado culpable de conspiración para traficar drogas y de cargos conexos relacionados con armas.

Por otra parte, el 16 de marzo, fiscales estadounidenses presentaron documentos en el caso del hermano del presidente, Tony Hernández, quien fue condenado en octubre de 2019 por traficar «toneladas de cocaína» a través de Honduras utilizando aviones, barcos y helicópteros, y de usar fuerzas gubernamentales para proteger cargamentos de drogas. En el documento de sentencia, los fiscales no dejaron lugar a equívocos sobre el supuesto papel del presidente Hernández en la red de tráfico de su hermano, afirmando que él y Tony «jugaron un papel de liderazgo en una violenta conspiración de narcotráfico patrocinada por el Estado».

A diferencia de los escritos judiciales anteriores, en los que el presidente Hernández es identificado solamente como coconspirador número cuatro (CC-4), los fiscales mencionan directamente su nombre 58 veces en el escrito judicial del 16 de marzo. Tony «entregó millones de dólares en sobornos provenientes de las drogas a Juan Orlando Hernández» entre 2014 y 2019, así como a otros políticos, retirados o en servicio, del Partido Nacional de Honduras, actualmente en el poder, como afirman los fiscales.

VEA TAMBIÉN: Un partido, muchos crímenes: el caso del Partido Nacional de Honduras

La prominencia del presidente Hernández en el juicio contra Fuentes Ramírez y los recientes documentos relacionados con la sentencia de su hermano lo han obligado una vez más a negar cualquier vínculo con el narcotráfico. Hernández ha afirmado constantemente que «decenas de narcos hondureños vengativos» han ofrecido un «tsunami de testimonios falsos» en los que no se puede confiar.

A continuación se presentan cuatro aspectos que los fiscales han aclarado con respecto a los alegatos que se vienen presentando contra Hernández.

Conexiones con Fuentes Ramírez

Las pruebas encontradas en un teléfono celular confiscado a Fuentes Ramírez en el momento de su captura refuerzan el argumento de la fiscalía de que el presidente Hernández mantenía una estrecha relación de trabajo con el traficante y su familia inmediata.

Minutos después del primer interrogatorio a testigos, los fiscales mostraron un número telefónico y una dirección de correo electrónico del presidente Hernández que fueron encontrados en el teléfono de Fuentes Ramírez. Estos datos fueron corroborados mediante un número que Hernández había utilizado para una solicitud de visa estadounidense en 2011.

No se detectaron comunicaciones directas entre los dos hombres, según agentes de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (US Drug Enforcement Administration, DEA) que testificaron durante el juicio, pero el descubrimiento generó dudas acerca de por qué un narcotraficante condenado —activo desde principios de la década de 2000— tendría una línea directa con el presidente.

Los fiscales también mostraron fotos, tomadas con el mismo teléfono celular, en las que aparecen el presidente Hernández y la primera dama junto al hermano de Fuentes Ramírez. Otra foto muestra al presidente Hernández con uno de los hijos del acusado, lo que subraya aún más los vínculos entre el presidente y la familia de Fuentes Ramírez.

El contador

Un testigo del gobierno (un contador hondureño cuyo nombre no se revela y que no parece tener vínculos con el narcotráfico ni con otra actividad criminal) declaró haber visto a Fuentes Ramírez reunirse con Juan Orlando Hernández en dos ocasiones en 2013, cuando el traficante le entregó un total de US$25.000 en sobornos al futuro presidente.

Al menos una de esas reuniones fue grabada por cámaras de seguridad de Graneros Nacionales, la empresa arrocera del empresario Fuad Jarufe, donde trabajaba el testigo. El presidente Hernández se reunió con Fuentes Ramírez en la empresa para recibir contribuciones de campaña, según el contador, identificado como «José Sánchez».

El testigo declaró que hizo dos copias de uno de los videos de las cámaras de seguridad, una de las cuales se la entregó a la fiscal Marlene Banegas, quien fue asesinada a finales de 2014, y la otra a un individuo llamado Cristian Ayala, quien quizá es hijo del subcomisario de policía Edgardo Ayala López, asesinado a mediados de 2015.

VEA TAMBIÉN: ¿Juicio por narcotráfico logrará romper los lazos entre EE. UU. y Honduras?

El testigo añade que, durante una de esas reuniones, Juan Orlando Hernández se jactaba de engañar a las fuerzas antidrogas estadounidenses. «Les vamos a meter la droga a los gringos en sus propias narices y no se van a dar cuenta», supuestamente dijo el presidente.

Durante ese mismo encuentro, Fuentes Ramírez supuestamente sacó US$15.000 en billetes de US$20 de un maletín negro y se los entregó a Hernández, quien luego le pidió al contador que cambiara el efectivo por lempiras hondureñas.

Otro testigo clave en el caso, el exjefe del clan narcotraficante Los Cachiros, Devis Leonel Rivera Maradiaga, también testificó que había sobornado a Hernández con US$250.000 en 2012, a cambio de protegerlo a él y a su hermano de la extradición a Estados Unidos.

Visitas al palacio presidencial

En la antesala del juicio por narcotráfico contra Tony Hernández en Estados Unidos, en 2019, Fuentes Ramírez viajó al palacio presidencial de Honduras después de que el nombre del presidente Hernández surgiera en las presentaciones judiciales.

Los fiscales presentaron datos de la ubicación geográfica de Fuentes Ramírez —extraídos de su teléfono celular junto con fotos de grandes cantidades de dinero y armas de fuego— que indican que él había estado en el palacio presidencial en mayo y junio de 2019. El fiscal Lockard dijo que las pruebas demuestran que Fuentes Ramírez y Juan Orlando Hernández estaban «vigilando de cerca el caso contra su coconspirador».

La defensa no dio ninguna explicación de por qué Fuentes Ramírez se habría reunido con el presidente Hernández, a quien los fiscales identificaron como su «socio».

La fiscalía también presentó chats entre dos hijos de Fuentes Ramírez, en los que hablan sobre algunos coconspiradores (cuyos nombres no se mencionan en el caso contra Tony Hernández), los cuales fueron encontrados en la cuenta de iCloud de uno de los hijos. Uno de los mencionados era CC-4, es decir, el presidente Hernández.

JOH en la mira

Los fiscales identifican a Hernández más de 50 veces en la presentación de sentencias del 16 de marzo, acusándolo de prolongadas relaciones con prominentes narcotraficantes que dieron contribuciones a sus campañas a cambio de protección e inmunidad.

Los fiscales alegan que, en 2013, justo antes de que Hernández se convirtiera en presidente, Tony «le entregó a Juan Orlando Hernández un soborno de US$1 millón de Joaquín Guzmán Loera, alias ‘El Chapo’, líder del Cartel de Sinaloa». Más tarde, Tony expresó que el soborno se necesitaba «urgentemente», y que su hermano le había dicho que, cuando recibiera el dinero, «tuviera cuidado con las cámaras y las fotos debido a los teléfonos».

En el documento, los fiscales también sostienen que Hernández consiguió protección para traficantes hondureños, incluidos los hermanos Valle Valle y el exalcalde Amílcar Alexander Ardón Soriano, así como para los cargamentos de cocaína que eran transportados por Honduras.

El escrito judicial también contiene información sobre un libro de contabilidad de drogas que las autoridades hondureñas le confiscaron en junio de 2018 a Nery Orlando López, quien más tarde fue asesinado violentamente en una prisión, menos de un mes después de que Tony fuera condenado en Estados Unidos. El libro de contabilidad, en el que se registraban detalles de grandes cargamentos de cocaína y pagos realizados a individuos específicos, «contenía referencias a ‘JOH’, iniciales utilizadas para referirse a Juan Orlando Hernández», como detallan los fiscales.