Las autoridades han hecho una serie de decomisos de armas y explosivos en sus patrullas de vigilancia en la frontera entre Colombia y Ecuador, una región remota y sin ley, donde opera una volátil mezcla de actores armados dedicados a diversas actividades ilícitas.
Según noticias locales, una investigación en curso sobre los pasos fronterizos ilegales, adelantada por las autoridades ecuatorianas y colombianas, ha dado lugar a varios decomisos de armas y explosivos destinados a la frontera entre la provincia de Carchi, norte de Ecuador, y el departamento de Nariño, en el sur de Colombia.
Las autoridades afirman que el armamento y los materiales explosivos incautados iban dirigidos a grupos armados irregulares en Colombia.
El operativo más reciente ocurrió a finales de agosto, cuando un extranjero, cuya nacionalidad no se ha revelado, fue detenido en Carchi con 10 unidades de materiales explosivos, cada uno con la potencia suficiente para destruir un vehículo. Un oficial del ejército señaló que esos materiales podrían haberse usado para la fabricación de artefactos explosivos de fabricación casera.
En otro hecho, las autoridades de la jurisdicción de Nariño, al otro lado de la frontera, incautaron cinco dispositivos explosivos, dos radios, una pistola calibre 38 y un mortero artesanal introducidos desde Ecuador. Según los servicios de inteligencia que declararon para Ecuavisa, estos explosivos estaban listos para ser detonados.
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A comienzos de agosto, también fueron detenidos dos venezolanos en Otavalo, contrabandeando dinamita y materiales explosivos suficientes para provocar daños en un radio de 100 metros. Se señaló que ambos se dirigían a la ciudad fronteriza de Tulcán, en la provincia de Carchi.
En un caso más, el 21 de julio, la policía detuvo a un hombre que transportaba 119 granadas y ocho morteros en la provincia de Santo Domingo de Los Tsáchilas, oeste de Quito, la capital del país. En las insignias de los morteros se leía “lote 9067”, lo que indicaba que el armamento confiscado había sido robado al ejército. El medio informativo ecuatoriano Expreso informó que se creía que las granadas y morteros secuestrados tenían como destino la frontera norte del país.
Análisis de InSight Crime
Los recientes decomisos de explosivos y armas en tránsito por la provincia de Carchi y con destino a la misma región bien pueden ser producto del desbordamiento continuado del conflicto armado y el crimen organizado de Colombia hacia su vecino del sur.
Su porosa frontera hace de esta zona limítrofe entre Carchi y Nariño una región particularmente azotada por el tráfico de personas, el contrabando de gasolina, el narcotráfico y la violencia. En 2019, las autoridades reportaron unos 120 pasos fronterizos ilegales entre Carchi y Nariño.
Por otro lado, la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, al noroeste del país, donde se confiscaron los morteros en julio, es un punto de almacenamiento usado por actores criminales para el trasiego de narcóticos, contrabando y migrantes hacia las provincias limítrofes de Carchi y Esmeraldas.
Las autoridades afirman que disidencias de las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), especialmente las columnas Dagoberto Ramos, Carlos Patiño y Oliver Sinisterra, están pasando armas hacia Colombia por la vía de Carchi. Rearmadas y criminalizadas, estas disidencias —que entran en la categoría de ex-FARC Mafia— están activas a ambos lados de la frontera, donde trafican cocaína en dirección a Ecuador y armas y explosivos hacia Colombia.
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Aunque aún no se sabe con certeza cuál uso se daría a los materiales explosivos confiscados, es posible que tuvieran como objetivo ataques contra la población y la infraestructura.
Las provincias fronterizas ecuatorianas de Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos han experimentado un incremento de la minería ilegal. Los mineros usan los explosivos para volar la roca y liberar el material que contiene oro.
Con la desmovilización de las FARC en 2016, se dejó un vacío de poder en la región limítrofe entre Ecuador y Colombia. Con la competencia entre facciones disidentes de esa guerrilla y otros actores criminales por llenar el vacío, se recrudeció la violencia.
Un acto de brutalidad que marcó la temperatura del conflicto fue el secuestro y posterior asesinato de tres reporteros ecuatorianos por parte de una célula disidente de las FARC en marzo de 2018.
La actual oleada de violencia a lo largo de la frontera, entre las ciudades de Ipiales (Colombia) y Tulcán (Ecuador), se ha atribuido a campañas de las disidencias de las FARC y las mafias narcotraficantes por tomar control de los muchos pasos fronterizos informales que hay en la región.
Lo cierto es que el movimiento de narcóticos por estas fronteras alimenta no solo el papel que desempeña Ecuador como superautopista de la cocaína que se dirige a Estados Unidos y Europa, sino también la importancia de los grupos armados colombianos en la región.
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