El mediático secuestro y homicidio de tres empleados de la prensa en marzo de 2018 fue un momento histórico para Ecuador, y vuelve a llamar la atención sobre la violencia generada por los grupos ex-FARC mafia de Colombia que operan a lo largo de la frontera. Pero casi un año después, persisten las dudas e interrogantes sobre la versión oficial de los hechos y las medidas que en ese momento tomaron las autoridades.
En su nuevo libro, “Rehenes”, Arturo Torres y María Belén Arroyo se preguntan cómo y por qué se ejecutó a los tres secuestrados. El reportaje requirió un exhaustivo trabajo de investigación en Ecuador y Colombia, que ofrece una mirada reveladora de la realidad sobre el terreno en esta región fronteriza estratégica.
Cuando el grupo disidente de las en su mayoría desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), conocido como el Frente Óliver Sinisterra (FOS), al mando de Walter Patricio Arízala, alias “Guacho”, lanzó una serie de ataques contra las fuerzas de seguridad de Ecuador, los periodistas de El Comercio decidieron investigar uno de esos ataques en la población de Mataje.
En un punto de su trayecto, los periodistas fueron tomados por un grupo de miembros del frente Óliver Sinisterra en Ecuador, y posteriormente fueron llevados al otro lado de la frontera, en Colombia, según el libro.
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Cuando se hizo público el secuestro, los gobiernos de Colombia y Ecuador acordaron suspender los operativos militares contra el frente Óliver Sinisterra para proteger las vidas de los periodistas. Pero esta investigación develó varias fuentes que identificaron operativos conjuntos secretos realizados en ese periodo. Fuerzas especiales de la policía de Colombia supuestamente fueron desplegadas a Ecuador y atacaron al frente Óliver Sinisterra en Colombia.
Es más, una entrevista con un integrante en prisión de ese frente Jesús Vargas Cuajiboy, alias “Reinel”, reveló nueva información sobre las muertes de los empleados de El Comercio. Reinel era el responsable de la vigilancia permanente a los rehenes cuando se movilizaban, y aseguró que la ex-FARC pretendía liberarlos dos días después. Sin embargo, la persistencia de los operativos militares puso nervioso al jefe del frente, el ecuatoriano Walter Arizala Vernaza, alias “Guacho”. Al final, Guacho concluyó que era demasiado riesgoso mantener a los periodistas con vida. La investigación reveló que los rehenes fueron asesinados el 7 de abril, cinco días antes de la fecha en la que se dijo que habían muerto los rehenes.
Análisis de InSight Crime
Los asesinatos de El Comercio muestran la falta de preparación del gobierno ecuatoriano para enfrentar la expansión de los grupos ex-FARC mafia, que se filtró al norte de Ecuador luego del acuerdo de paz firmado por el gobierno colombiano con la guerrilla de las FARC en 2016.
No fue hasta que estalló la violencia a comienzos de 2018 que el gobierno ecuatoriano tomó medidas para remediar la falta de seguridad a lo largo de su frontera, con un rápido respaldo a la cooperación en seguridad con Colombia con el fin de reforzar el pie de fuerza en la zona, y sentar las bases para mejorar el intercambio de inteligencia y los operativos conjuntos.
Esto también allanó el camino para los operativos clandestinos que exponen Torres y Arroyo. Con mejoras visibles en la cooperación bilateral en materia de seguridad entre Ecuador y Colombia, los días de Guacho siempre estuvieron contados. Un operativo conjunto de seguridad en diciembre de 2018 abrió finalmente el espacio para que las autoridades colombianas lo localizaran y le quitaran la vida.
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Aunque estas acciones militares impactaron al frente Óliver Sinisterra y estaban diseñadas para afrontar la crisis en la frontera norte, Torres y Arroyo concluyen en su libro que esos operativos no son con mucho suficientes para asegurar esa estratégica región.
De hecho, aunque el frente Óliver Sinisterra acaparó gran parte de la atención pública, no son la única organización criminal que opera en la frontera Colombia-Ecuador. Torres y Arroyo señalaron la presencia de otros grupos, como La Constru y Los Comuneros, con operaciones en el nordeste de Ecuador.
La Constru es una red narcotraficante, cuyas raíces se extienden a los contrainsurgentes paramilitares desmovilizados en Colombia, que durante largo tiempo han operado en la frontera, en el departamento de Putumayo, suroeste colombiano.
Informes de inteligencia de la policía a los que InSight Crime tuvo acceso indican que el grupo criminal ahora trabaja con Pedro Oberman Goyes Cortés, alias “Sinaloa”, cabecilla de una red de ex-FARC mafia en rápida expansión. Las fuerzas de seguridad creen que “Sinaloa” cruzó la frontera hacia Ecuador, y su grupo fue acusado de un violento ataque contra agentes antinarcóticos en la provincia de Sucumbíos en enero de este año.
Algunas fuentes dentro de las fuerzas de seguridad de Ecuador dicen que Los Comuneros son una organización conformada por milicianos entrenados por las FARC, que han creado redes de extorsión y secuestro. Según la investigación de Torres y Arroyo, el grupo se está expandiendo a los municipios del sur de Colombia.
Estas otras organizaciones criminales han logrado mantenerse a la sombra y extender su control de las economías ilegales, mientras que las autoridades se centraban en Guacho y en su grupo de ex-FARC mafia. El interés en Guacho y en la frontera noroeste también tuvo otro efecto; agentes antinarcóticos ecuatorianos declararon a InSight Crime que las rutas de droga están migrando hacia el este y se han reubicado en las provincias de Sucumbíos y Carchi para escapar de la presión a lo largo de la frontera noroeste.
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