Granadas, como las que suelen verse en los campos de guerra, se han convertido en armas habituales del mundo criminal venezolano, donde los grupos delictivos las utilizan para una amplia gama de actividades ilegales.

Al menos seis ataques con granadas se han reportado en Venezuela en lo que va de 2023. El más reciente ocurrió durante la madrugada del 7 de mayo, cuando al menos ocho personas resultaron heridas después de que una granada explotara en un local comercial ubicado en el municipio Pedro María Ureña, en el estado fronterizo de Táchira. Cada uno de los seis atentados tuvo lugar en un estado distinto, demostrando el amplio alcance de este problema.

Desde 2013, se han registrado al menos 138 casos de uso de granadas en ataques contra comisarías, comercios y viviendas en toda Venezuela.

A continuación, InSight Crime presenta la evolución y expansión de este fenómeno criminal único en América Latina.

El comienzo de los ataques con granadas

Antes del 2013, los ataques con granadas en Venezuela eran escasos. Pero en enero de ese año, al menos 63 personas murieron y más de 120 resultaron heridas en una masacre en la prisión de Uribana, en el estado Lara. Una requisa en la cárcel encontró un arsenal de armas, incluyendo 106 armas de fuego y 12 granadas, según la entonces Ministra de Prisiones, Iris Varela.

Ese mismo año, el uso de granadas fue popularizado por José Antonio Tovar, alias «El Picure», un exsargento del ejército que se convirtió en jefe de una banda, la cual equipó con armamento pesado. En 2013, las operaciones de seguridad contra Tovar descubrieron que el grupo poseía «grandes cantidades de armas largas, granadas y pistolas» que eran utilizadas por sus miembros para homicidios y sicariatos, según un reporte del medio de comunicación Diario Contraste.

Tovar también fundó una de las primeras megabandas de Venezuela, grupos criminales con abundante pie de fuerza y financiación para armar a sus miembros. Pronto surgieron otras, como la banda de El Koki en Caracas, que también hizo de los ataques con granadas una de sus tácticas habituales.

Según el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), las bandas venezolanas empezaron a usar granadas para defenderse de los operativos de los cuerpos policiales y perpetrar secuestros.
En 2014 reos detonaron una granada que ocasionó la muerte de tres personas en la prisión de Uribana. El año siguente, en 2015, la banda de Tovar lanzó granadas a una estación de policía en el estado Aragua en un intento por liberar a tres de sus aliados.

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Entre 2013 y 2019, la fuerza pública fue el principal objetivo de este tipo de ataques, de acuerdo con investigaciones de InSight Crime: 21 granadas fueron lanzadas contra sedes de cuerpos policiales y 20 para escapar de operativos. 

Este incremento ocurrió de forma paralela con el aumentó exponencial en la tasa de homicidios en Venezuela, que llegó a los 26,616 asesinatos en 2017.

Los lugares donde se presentan ataques con granadas han cambiado con los años. Entre 2013 y 2015, algunas de las bandas criminales más conocidas Venezuela, como la banda de Carlos Capa, y la banda de Carlos Luis Revete, alias «El Koki», comenzaron a usar estos explosivos en la capital, Caracas, y los estados aledaños como Aragua y Miranda. Posteriormente, el aumento de las operaciones policiales alrededor de Caracas dejó un gran número de muertos entre los miembros de las bandas que operaban dentro y fuera de la capital.

Otros huyeron a diferentes partes de Venezuela, llevando consigo su modus operandi -incluyendo el uso de granadas-, de acuerdo con Javier Mayorca, un investigador venezolano experto en crimen. Como resultado, desde 2017, el uso de granadas se ha concentrado en estados de la periferia como Zulia, Bolívar, Táchira y Lara.

De depósitos militares a las manos del hampa

En 2012, Venezuela prohibió la venta de armas y municiones a civiles. Desde entonces, solo la estatal Compañía Anónima de Industrias Militares (CAVIM), a cargo de adquirir y desarrollar armas y explosivos, puede acceder legalmente a granadas.

“Si hay una transferencia de granadas hacia los grupos delincuenciales tendrían que ser desde [los militares], no veo que alguien aquí en Venezuela pueda comprar una granada en una tienda o un proveedor. Eso no existe”, explicó Luis Cedeño, director de la organización no gubernamental Paz Activa, que estudia el crimen organizado en Venezuela, a InSight Crime.  

Sin embargo, miembros de las fuerzas militares en busca de ingresos extra han estado dispuestos, desde hace tiempo, a vender sus armas a grupos criminales en Venezuela.

A pesar de que las fuerzas armadas han incrementado la vigilancia alrededor de los parques de armas en los últimos años, Mayorca resaltó que esto no ha evitado el robo de cajas de grandas durante ejercicios militares, pues estas no cuentan con un proceso de inventario individual.

“Te pueden decir que va una caja con 50 [granadas], pero no sabes si al final del ejercicio sacaron 20 o 30”, aseguró. 

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Las bandas venezolanas también tienen otros métodos para adquirir granadas, como el mercado negro internacional. Armas de la antigua Yugoslavia, Israel y Estados Unidos han sido incautadas dentro del país. La mayoría entró al país a través de la frontera con Colombia en manos de grupos transnacionales como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) o las ex-FARC mafia, un grupo de estructuras disidentes que surgieron luego de las negociaciones de paz entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Dado que estos grupos controlan grandes extensiones de la frontera colombo-venezolana, pueden traficar armas fácilmente. «El corredor de la droga controlado por los grupos paramilitares y disidencias no están solo detrás de la droga [que entra al país] sino del tráfico de armas, municiones, y artefactos explosivos”, dijo Fermín Mármol, director de la facultad de Ciencias Penales de la Universidad Santa María en Caracas, a InSight Crime.

Incremento en los ataques con granadas desde 2020

InSight Crime ha identificado un aumento en los ataques con granadas perpetrados por grupos criminales desde 2020. Entre enero de 2020 y mayo de 2023, InSight Crime registró 78 eventos en 13 estados de Venezuela: Anzoátegui, Aragua, Bolívar, Carabobo, Distrito Capital, Guárico, Lara, Miranda, Sucre, Táchira, Trujillo, Yaracuy y Zulia.

El incremento se debe, en parte, a la creciente dolarización de la economía venezolana. Como InSight Crime ha reportado, la crisis económica del país había alcanzado tal magnitud en 2019, que muchas economías criminales tradicionales dejaron de ser rentables. Los robos y los secuestros cayeron, ya que las personas no tenían suficientes objetos de valor.

Como respuesta, el dólar comenzó a desplazar al devaluado bolívar. Para octubre de 2019, el 35% de las transacciones en el país se realizaban en esta moneda. Ante esto, los criminales comenzaron a exigir los pagos de las extorsiones en dólares, los cuales no se podían rastrear, dijeron propietarios de negocios, comerciantes y oficiales de policía a InSight Crime.

Esto llevó al uso de granadas para asegurar el pago de extorsiones, sobre todo en el estado occidental de Zulia. De los 78 ataques con granadas registrados entre 2020 y 2023, 44 se produjeron en ese estado, y todos estaban relacionados con extorsiones.

“A mi hermana la están extorsionando», le dijo a InSight Crime una periodista que reside en Zulia bajo condición de anonimato. «Le dieron un número y le dijeron que ellos la llamaban cuando le tocara, porque tenían muchos casos por delante. A final le lanzaron una granada y tirotearon su negocio”.  

En el estado Bolívar, el Sindicato del Perú, un grupo dedicado a la minería ilegal, las ha utilizado para mantener el control sobre las minas. Al mismo tiempo, en Caracas y Miranda, grandes grupos criminales las han usado durante enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.