Un nuevo estudio del gobierno de Brasil estima que el costo de la criminalidad ha crecido exponencialmente en las últimas dos décadas, y ahora equivale a decenas de miles de millones anuales. En vista de la mayor violencia y las actuales limitaciones de recursos, los autores recomiendan repensar las actuales políticas de seguridad pública.
El estudio, realizado por un organismo asesor ministerial en materia de políticas, midió los impactos directos e indirectos del crimen, como el gasto en seguridad pública y privada, los costos asociados con los sistemas judicial y carcelario, los daños a la propiedad y tratamientos médicos.
Los autores estimaron que el costo del crimen en 2015 ascendió a 4,38 por ciento del producto interno bruto (PIB) —unos 285 mil millones de reales (US$76.600 millones). Dos décadas atrás, en 1996, el crimen costaba menos de la mitad de ese monto: unos 113 mil millones de reales (cerca de US$30 mil millones).
El informe halló que los costos relativos del crimen son superiores en los estados del norte de Brasil, donde la violencia lleva varios años en alza.
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En el estado norteño de Amapá, por ejemplo, el crimen costó cerca de 7 por ciento del PIB del estado en 2015, cerca de 60 por ciento por encima del promedio nacional. En los estados sureños de Río de Janeiro y São Paulo, el costo de la delincuencia se estima en 3 por ciento, casi 50 por ciento por debajo del promedio nacional.
Un informe del Banco Interamericano de Desarrollo publicado el año pasado estimaba que el costo promedio del crimen en Latinoamérica y el Caribe era de 3,5 por ciento del PIB. Dicho estudio halló que el crimen le costó a Brasil 3,78 por ciento de su PIB en 2014.
Análisis de InSight Crime
Con el recrudecimiento de la violencia en todo Brasil en los últimos años, el gobierno ha incrementado la inversión en seguridad. Según el informe, el sector público gastó casi 170 por ciento más en seguridad en 2015 que en 1996, y el sector privado gastó 135 por ciento más.
Sin embargo, Brasil está luchando por recuperarse de una grave recesión económica que promovió déficits presupuestarios en muchas áreas, incluyendo la de seguridad. Los problemas financieros han contribuido a una dependencia gubernamental en las fuerzas de seguridad militares para llenar los vacíos dejados por sus homólogos civiles, por lo general con malos resultados.
Los autores del informe sostienen que en este contexto, las autoridades deben buscar formas de utilizar de manera más efectiva recursos limitados.
“Dado que el estado no tiene más para gastar, debemos buscar soluciones de bajo costo y alto impacto”, señaló Hussain Kalout, jefe del ente gubernamental que preparó el informe en declaraciones a Folha de S.Paulo.
Leandro Piquet, investigador de la Universidad de São Paulo dedicado al estudio de la violencia, declaró al medio informativo que el gobierno debería considerar cambios estructurale a gran escala en su estrategia.
“El principal problema es la baja productividad de los recursos que tenemos. Empleamos a muchos policías, pero hay pocos en las calles... muchos policías civiles, pero pocos investigando”, apuntó.
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El informe también solicitaba a las autoridades que consideraran políticas basadas en evidencia empírica, y señalaron que el monitoreo y la evaluación constantes de cómo se invierten los recursos para seguridad puede ayudar a las autoridades a definir mejor cómo asignar recursos escasos.
Sin embargo, medir los impactos del gasto en seguridad puede ser difícil y complejo.
El Congreso brasileño aprobó recientemente un proyecto de ley para crear un nuevo repositorio central de datos relacionados con la seguridad procedentes de todo el país, al que se conoce como Sistema Único de Seguridad Pública (Sistema Único de Segurança Pública –SUSP). En teoría, el sistema podría ayudar a los funcionarios a analizar en mayor detalle los efectos del gasto en seguridad, pero es en cierta forma irónico que se espere que la falta de financiación sea un obstáculo para su implementación.
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