Informes recientes señalan que la minería ilegal de oro y el tráfico de mercurio asociado, están aumentando en Costa Rica. Algo que evidencia que los grupos del crimen organizado del país pueden estar diversificando sus fuentes de ingresos y se están volviendo cada vez más sofisticados.
Según La Nación, recientemente se han identificado 25 puntos de extracción ilegal en una zona conocida como Cutris, en la frontera norte de Costa Rica con Nicaragua.
En Cutris se encuentra una mina a cielo abierto conocida como Las Crucitas, que fue operada por una empresa canadiense desde 2006 hasta que la concesión fue revocada en 2011, tras cambios en el reglamento minero de Costa Rica. Según La Nación, ahora los mineros ilegales están intentando explotar las reservas de oro que quedaron.
Como ocurre con muchas otras explotaciones ilegales, las técnicas utilizadas en Las Crucitas son rudimentarias y a menudo peligrosas. Uno de los principales métodos para encontrar oro consiste en aplicar mercurio en las riberas fangosas de los ríos; el peligroso metal ayuda a separar el oro de la tierra.
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Además del crecimiento de la minería ilegal de oro, el tráfico ilícito de mercurio también puede estar en aumento, según otro informe de La Nación. Los guardias fronterizos de Costa Rica hicieron su más reciente incautación de casi dos kilogramos de mercurio ilegal el 13 de mayo, en las cercanías de Las Crucitas.
Greivin Rodríguez, experto en minería ilegal en Las Crucitas, le dijo a La Nación que, además de armas, los mineros ilegales suelen traer con ellos cantidades significativas de mercurio.
Sin embargo, este proceso —documentado en un video del 2014 por el grupo sin ánimo de lucro Tierra Pura (Pure Earth)— tiene efectos muy perjudiciales sobre las personas y el medio ambiente, dado que el mercurio es altamente tóxico.
Rodríguez señaló que las autoridades de Las Crucitas no han realizado ningún estudio de impacto ambiental, y no existen medidas preventivas para proteger el medio ambiente de la contaminación por mercurio.
Según La Nación, los ríos contaminados de la zona suministran agua para la comunidad local y su escuela.
Análisis de InSight Crime
El reciente repunte de la minería ilegal de oro en Costa Rica indica que los grupos criminales del país se están volviendo más sofisticados y están buscando nuevas fuentes de ingresos.
Hacia finales de 2015, las autoridades de Costa Rica comenzaron a percibir la creciente sofisticación de los grupos criminales del país. En octubre de ese año, las autoridades allanaron una operación de tráfico de cocaína internacional que era dirigida por el grupo de la mafia italiana ‘Ndrangheta. Al menos cinco cargamentos de cocaína, incluyendo uno de 3,5 toneladas y otro de 40 kilogramos, fueron vinculados a la operación. La llegada de la mafia italiana dio indicios sobre la evolución del papel de las redes criminales de Costa Rica en el comercio internacional de las drogas.
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Otros poderosos grupos del crimen organizado transnacional también han hecho sentir su presencia en Costa Rica. El año pasado, una red de tráfico de drogas, vinculada a la organización mexicana Cartel de Sinaloa, fue desarticulada en el país. Este año, el procurador general de Costa Rica dijo que los grupos criminales locales estaban siendo reclutados y entrenados por los carteles mexicanos, un indicio más de que los grupos criminales de Costa Rica pueden estar volviéndose más sofisticados.
Por otra parte, los grupos criminales costarricences se están involucrando cada vez más en el tráfico de cocaína procedente de Colombia, tanto así que los funcionarios de seguridad han advertido que no han podido evitar que los traficantes de drogas transnacionales usen las playas del país como puntos de transbordo de las drogas con destino a Estados Unidos.
La minería ilegal es un gran negocio para los grupos criminales de toda Latinoamérica debido a su alta rentabilidad. Por lo tanto, la evidente expansión de esta industria ilegal en Costa Rica puede ser motivo de preocupación por parte de las autoridades, particularmente si contribuye al crecimiento de grupos criminales locales que son difíciles de controlar por parte del gobierno.