Las pandillas callejeras de Honduras están obligando a los trabajadores del transporte a participar en las redes de extorsión, lo que aumenta la vulnerabilidad de este sector, ya bastante golpeado por la actividad pandillera.
Desde 2018, la Fuerza Nacional Anti Maras y Pandillas (FNAMP) ha detenido a 21 empleados de autobús sospechosos de colaborar en esquemas de extorsión, según un informe de La Tribuna. Las pandillas utilizan a los empleados de autobús como intermediarios para cobrar extorsiones a otros operadores del transporte público.
Esta táctica surgió después de que el aumento de la presencia policial en las terminales de transporte les hiciera más difícil a los pandilleros chantajear a los conductores y propietarios de autobuses mediante llamadas telefónicas o mensajes escritos. Los empleados, que podrían enfrentar penas de prisión de hasta 20 años, afirman que las pandillas los presionaron para que participaran en los esquemas de extorsión. Ante este argumento las autoridades responden, según el informe de La Tribuna, que los cómplices intentan obtener drogas de los pandilleros, o simplemente buscan su amistad.
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En abril pasado, hubo protestas en las que participaron cientos de trabajadores del transporte, quienes exigían que el gobierno tomara medidas contra la extorsión. Sin embargo, lo que dichas protestas lograron fue un aumento en las tarifas de extorsión, que pasaron de 900 lempiras semanales (cerca de US$36) a 1.200 (unos US$47).
Análisis de InSight Crime
La cooptación de los trabajadores de autobuses por parte de las pandillas para que cobren sus extorsiones representa un mayor deterioro de las condiciones de seguridad de los empleados del transporte de Honduras, que durante años han sido aterrorizados por estas organizaciones criminales.
La extorsión al sector del transporte público no es un fenómeno nuevo. Durante mucho tiempo, esta práctica ha servido de sustento a las pandillas callejeras en los países del Triángulo Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras). En Guatemala, se estima que la extorsión a los autobuses en 2017 generó a las pandillas unos US$70 millones.
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En El Salvador, la extorsión es una fuente de ingresos particularmente importante para la MS13. Las empresas de transporte público del país han incluso agregado los pagos de extorsiones como parte de su contabilidad formal, deduciendo los pagos semanales de los salarios de los conductores.
Sin embargo, con frecuencia los conductores y los operadores del transporte se convierten en cómplices de las redes de extorsión. En un caso en El Salvador, un informante reveló que los operadores de autobuses pueden convertirse en intermediarios de los líderes de las pandillas que extorsionan sistemáticamente a otros dueños de autobuses.
Cuando los conductores de autobús y sus operadores se niegan a pagar las extorsiones, son amenazados o asesinados. En los primeros siete meses de 2019, unos 50 trabajadores del transporte público han sido asesinados en Honduras.
En marzo, el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, inauguró una nueva fuerza policial para proteger a los empleados del transporte. Sin embargo, estos tienen pocas razones para confiar en las autoridades.
Se ha descubierto que fuerzas de seguridad y funcionarios públicos corruptos están involucrados en las redes de extorsión; además, denunciar las amenazas de extorsión ante la policía suele resultar inútil. De 431 casos de extorsión presentados ante la unidad antiextorsión de la policía de San Pedro Sula en 2018, solo uno terminó en sentencia judicial.
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