Políticas de seguridad para Venezuela: la minería ilegal y la deforestación

Venezuela presenta la tasa de deforestación de más rápido crecimiento entre los países de la cuenca amazónica, y, como pasa con muchos de sus vecinos, uno de los principales motores de destrucción es la minería ilegal. Pero combatir esa forma de minería se complica por el hecho de que los mineros y los grupos armados que controlan ese sector son muchas veces aliados comerciales de elementos corruptos del Estado venezolano.

La deforestación en Venezuela viene acelerándose de manera dramática, con la destrucción de alrededor de 140.000 hectáreas de bosque primario entre 2016 y 2020 en Venezuela, según el Proyecto Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP, por sus siglas en inglés).

Esta minería no solo ha incentivado la deforestación, sino que ha dejado un rastro de destrucción ambiental, que incluye niveles peligrosamente elevados de contaminación con mercurio, degradación del suelo y de los lechos de los ríos, y destrucción de hábitats en una de las regiones más biodiversas del planeta. 

Las investigaciones de InSight Crime sobre crimen organizado y minería en Venezuela han revelado cuántos de estos grupos tienen el respaldo de elementos del Estado venezolano, que se llevan una tajada de las ganancias a cambio de impunidad, e incluso integran las minas ilegales a la cadena de suministros bajo el control del gobierno.

Es más, la crisis económica y la parálisis de la industria de hidrocarburos en Venezuela han llevado al gobierno de Maduro a depender cada vez más de la exportación de este oro para financiar el Estado, por encima de las sanciones estadounidenses a la industria aurífera nacional. De hecho, el contrabando de oro sigue siendo una forma efectiva en la que los actores venezolanos evaden sanciones en sus transacciones con otros países.

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Aunque la complicidad del régimen de Maduro en la industria ilegal de oro hace casi imposible combatir el tráfico dentro del país, existen varios puntos de intervención en los que los actores internacionales pueden tener un impacto positivo.

A continuación, el Observatorio de Crimen Organizado en Venezuela, a cargo de InSight Crime, presenta las áreas de intervención con el mayor impacto potencial. 

Presión internacional

Venezuela está dando pasos para reinsertarse en las esferas política y económica de la comunidad internacional después de años de ser tratada como paria. Esto lo convierte en el país más susceptible a la presión internacional y a las percepciones sobre problemas como la deforestación, si bien las acciones que emprenda puedan resultar superficiales. 

Fuentes consultadas en Venezuela, entre ellos ambientalistas y políticos de la oposición, creen que hay una correlación directa con un incremento reciente en los operativos de seguridad contra la minería ilegal y el clamor internacional por la deforestación en el país, que van desde la publicación de investigaciones en medios internacionales hasta las intervenciones de celebridades como Leonardo DiCaprio en redes sociales. 

Ahora que Maduro busca volver al redil internacional, puede estar más dispuesto a responder a esa presión, en especial porque él mismo ha buscado construir una imagen suya como líder del “ecosocialismo”. 

La presión puede provenir de aliados regionales que estén restableciendo relaciones positivas con Venezuela, como Brasil y Colombia, y de organizaciones internacionales, como la Organización para el Tratado de Cooperación Amazónica (TCA), la Organización de Estados Americanos (OEA) y las Naciones Unidas (ONU), los cuales pueden ejercer presión diplomática sobre Venezuela, haciendo avances concretos en la protección del medio ambiente bajo la condición de la cooperación futura y el apoyo en otras áreas. 

También puede venir de actores de la sociedad civil, como ONG y medios informativos ambientales y de derechos humanos, que pueden documentar los daños causados por la minería y sus vínculos con el gobierno, cuestionar las pretensiones del gobierno cuando afirma que está respondiendo a los problemas y trabajar para empoderar, apoyar y amplificar las voces de las poblaciones indígenas y demás comunidades afectadas por la minería. 

Sin embargo, esta estrategia tiene limitaciones obvias. Los datos satelitales del MAAP, respaldados por fuentes de InSight Crime en comunidades indígenas de las zonas afectadas, indican que las recientes operaciones contra la minería han tenido un impacto limitado sobre esta actividad y no han hecho nada para responder al control de los grupos armados detrás de la minería. Este patrón de operaciones son el resultado de una respuesta estatal a la presión internacional. 

Regulación de la cadena de suministros

Las sanciones de Estados Unidos sobre individuos y empresas estatales que participan de la industria aurífera en Venezuela han declarado ilegal el oro venezolano en los mercados globales. Así, identificar y restringir los puntos donde este entra a la cadena global de suministro ofrece oportunidades de sofocar el tráfico sin llegar a poner un pie en el país. 

Según un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), los principales países de tránsito para el oro venezolano se encuentran todos en la región, entre los que se destacan Colombia, Brasil, Surinam, Guyana y República Dominicana. Cada uno de estos tiene dinámicas distintas y plantea retos específicos. 

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En los vecinos Colombia y Brasil, existe actualmente la voluntad política de combatir el oro ilegal: Colombia ha pasado la última década tratando de mejorar la transparencia y la vigilancia de la cadena de suministros con medidas como la implementación de un Registro Único de Comercializadores de Minerales, mientras que Brasil, con el nuevo gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, comenzó a endurecer las regulaciones internas sobre la minería y busca desarrollar nuevas soluciones innovadoras, como el programa Ouro Alvo (Oro Puro) de la Policía Federal, que identifica la composición química del oro de diferentes depósitos para rastrear el origen de los minerales incautados.

Sin embargo, dado que en ambos países abunda la minería ilegal, ambos gobiernos enfrentan sofisticadas redes criminales con alta capacidad de blanqueo, además del complejo problema de la imbricación del crimen organizado y la minería informal y artesanal, de la cual dependen muchas comunidades. Para ambos países, abordar estos problemas requerirá de la colaboración y el apoyo internacionales no solo para la implementación de las leyes sino también en su desarrollo, con la creación de mecanismos que faciliten la formalización y regulación de la pequeña minería con el fin de separarla de la ilegal, incluido el oro venezolano, de la simplemente informal. 

En Surinam y Guyana, los sectores mineros de mucha menor envergadura deben facilitar el rastreo del oro, pero esas iniciativas se ven debilitadas por los altos niveles de corrupción, debilidades institucionales y marcos legales inoperantes. Cambiar esa dinámica seguramente requerirá una estrategia de garrote y zanahoria que incluya apoyo para construir capacidad en combinación con las consecuencias de permitir que el oro ilegal siga fluyendo sin impedimentos. 

República Dominicana y otros destinos, como las islas de las Antillas Holandesas, por otro lado, pueden servir de puntos de blanqueo debido a los altos flujos de comercio y mercancías, lo que vuelve prioritario el mejoramiento de la transparencia y la vigilancia en puntos económicos débiles como las zonas francas con escasas regulaciones que actúan como centros de blanqueo de oro.

Sin embargo, no debe esperarse que estos países carguen la responsabilidad solos. Numerosos casos legales e investigaciones en los últimos años han mostrado cómo el oro ilegal de Latinoamérica muchas veces termina en importantes refinerías internacionales, muchas de las cuales se encuentran en Estados Unidos y Europa, las que a su vez sirven a empresas e intereses comerciales multinacionales.  

Aunque tanto refinadores como muchos compradores de oro están comprometidos a mantener cadenas de suministro libres de conflictos, estos casos han mostrado cómo mientras el oro se blanquee adecuadamente antes de llegar a dichas empresas, es improbable que estas indaguen más allá en busca de banderas rojas a lo largo de sus cadenas de suministros. Los esfuerzos de control deben dirigirse también a este extremo de la cadena, con incentivos a las empresas para mejorar sus estándares de cumplimiento y eludir el riesgo de que sus cargamentos sean decomisados o se emprendan acciones legales en su contra. 

Prepararse para una industria minera legal en Venezuela

Si se bajaran las sanciones sobre el oro venezolano, se abriría la puerta del país a empresas mineras internacionales y se permitirían las ventas internacionales legales del mineral. De la manera correcta, esto podría introducir estándares ambientales y laborales al sector minero y reducir los nexos entre la industria del oro y los grupos armados. De la manera incorrecta podría ofrecer una fachada legal para la criminalidad sostenida y la destrucción ambiental. 

Si bien las sanciones de Estados Unidos sobre la industria aurífera de Venezuela siguen vigentes, podría haber cierto alivio sobre la mesa si hay avances en las negociaciones electorales entre Maduro y la oposición, y hay señales de que Maduro se apresta a reabrir las minas venezolanas a la inversión internacional.

Si las sanciones se levantan, seguramente recaerá en los compradores la responsabilidad de verificar que las empresas a las que compran cumplan los estándares internacionales, debido a los altos niveles de corrupción y la debilidad para hacer cumplir las regulaciones en Venezuela. 

Asociaciones como el Consejo Mundial del Oro ya han creado un Estándar de Oro Libre de Conflictos, adaptable a múltiples países, mientras que varios países han adoptado la Guía de Debida Diligencia de la OCDE. Esos marcos regulatorios deben actuar como punto de partida para cualquier empresa que trabaje con oro de Venezuela o lo compre a ese país.

Sin embargo, para ser efectivos, esos marcos deberán ser de obligatorio cumplimiento. Marcos voluntarios anteriores, como el Proceso Kimberly, una alianza intersectorial que busca reducir el tráfico de diamantes explotados en medio de conflictos, se han visto menoscabados por la falta de capacidad para vigilar su cumplimiento. 

Con este fin, las auditorías obligatorias de las instalaciones de explotación aurífera en Venezuela a cargo de terceros pueden desempeñar un rol importante en la identificación de perjuicios ambientales y violaciones de los derechos humanos. Sin embargo, no deben considerarse una panacea por sí solos. Human Rights Watch ha documentado múltiples puntos débiles de dichas auditorías que ponen en evidencia la necesidad de monitoreo transparente, a largo plazo, con capacitación específica para los auditores en temas ambientales y de derechos humanos.