Por primera vez los fiscales federales especifican que el presidente hondureño Juan Orlando Hernández está siendo investigado por conexiones con el narcotráfico, aunque ya en el pasado las autoridades estadounidenses han indagado sobre él.
Los fiscales del distrito sur de Nueva York identificaron al presidente Juan Orlando Hernández y a otros altos funcionarios del gobierno hondureño como objetos de investigación contra el narcotraficante indiciado Geovanny Fuentes Ramírez, según un expediente de la corte del 5 de febrero, como informó Reuters.
Valiéndose de la policía nacional y las fuerzas armadas del país, el presidente Hernández se servía de la complicidad de los funcionarios “para usar el narcotráfico para mantener el poder y el control en Honduras”, afirman los fiscales en el expediente. Hernández nuevamente negó las denuncias de que prestara protección a narcotraficantes a cambio de sobornos. Un comunicado del 8 de febrero desde la cuenta presidencial en Twitter tildó las acusaciones de “100 por ciento falsas” y al parecer “basadas en mentiras de criminales confesos que buscan venganza o para reducir sus condenas”.
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En el expediente de la corte, los fiscales dicen que el gobierno hondureño “no ha mostrado disposición” a lo largo del desarrollo de su investigación, al negarse a honrar los pedidos de extradición y entregando no más que “registros limitados” como respuesta a las solicitudes de evidencia en relación con Tony Hernández, el hermano del presidente y exdiputado, que fue condenado por cargos de drogas en octubre de 2019.
El presidente Hernández está libre de procesos judiciales por el momento, debido a su inmunidad presidencial. Pero dejará el cargo en 2022, después de que Honduras celebre sus elecciones generales en noviembre de este año.
Análisis de InSight Crime
No es la primera vez que un expediente judicial revela que el presidente Hernández es investigado directamente por las autoridades estadounidenses.
En una moción previa al juicio en 2019, dentro del caso contra Tony Hernández, los fiscales revelaron que el presidente Hernández fue objeto de una investigación de la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos, que se abrió en 2013. La moción contenía un expediente judicial de 2015, donde se afirmaba que el presidente Hernández, su difunta hermana Hilda, y varios miembros de la poderosa familia Rosenthal eran mencionados como investigados por “actividades de narcotráfico y lavado de dinero a gran escala relacionadas con la importación de cocaína a Estados Unidos”.
Aunque los fiscales federales no habían dicho anteriormente que el presidente mismo fuera objeto de investigación, han hecho denuncias públicas en su contra como coconspirador en tráfico de narcóticos, en especial con la red de trasiego de cocaína de su hermano. En el juicio contra su hermano en Estados Unidos, se acusó al presidente Hernández de recibir coimas de narcotraficantes, como el capo del Cartel de Sinaloa Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”. Además, sus iniciales aparecían en un registro de cuentas de un narco en el que se documentaban cargamentos de cocaína y el presunto pago de sobornos a funcionarios de gobierno.
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A comienzos de enero de 2021, documentos judiciales en el caso contra Fuentes Ramírez identificaron a testigos cooperadores que declararían que el presidente Hernández —que aparecía como CC-4 en estos y en anteriores expedientes— aceptó decenas de miles de dólares de narcotraficantes a cambio de brindarles protección contra la justicia y vigilancia de cargamentos de cocaína por parte del ejército.
“CC-4 [el presidente Hernández] señaló que quería hacer que [la DEA] pensara que Honduras combatía el narcotráfico, pero al contrario planeaba eliminar la extradición”, señalaron los fiscales, “y meter las drogas hasta las mismas narices de los gringos”. Está por verse si los fiscales estadounidenses podrían levantar la reserva sobre una imputación penal contra el mismo Hernández, en lugar de limitarse a implicarlo como parte de las investigaciones sobre otros actores del narco en Honduras.