Un frente guerrillero de las FARC anunció que no se desmovilizará en el marco de un acuerdo de paz con el gobierno colombiano, un augurio de la posible criminalización de más facciones de las FARC en Colombia.

El Frente Primero (también conocido como frente “Armando Ríos”) de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) anunció, mediante un comunicado publicado por Caracol Radio el 6 de julio, que rechazará cualquier eventual orden de dejar las armas. El frente hace parte del Bloque Oriental de las FARC y está activo en los remotos departamentos orientales de Guaviare, Vaupés y Guainía.

“El Frente Primero de las FARC ‘Armando Ríos’ no se desmovilizará, por considerar que la política del Estado colombiano y sus aliados sólo buscan el desarme y la desmovilización de las guerrillas”, señala el comunicado. “[el gobierno colombiano] pretende continuar gobernando con el mismo modelo económico. Continuaremos la lucha por la toma del poder por el pueblo y para el pueblo (…) Respetamos la decisión de quienes desistan de la lucha armada (…) no los consideramos nuestros enemigos”.

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En relación con las “zonas de concentración” en las que se congregarán los combatientes de las FARC para desmovilizarse luego de un acuerdo de paz, el Frente Primero afirma que estas “son para guerrillas derrotadas… Cualquier colombiano del común entenderá que la zona de concentración (…) son cárceles de asilo abierto”.

Dos de esas áreas quedarán ubicadas en San José del Guaviare.

Según medios locales, se trata del primer caso de disidencia en las filas de las FARC. Fuentes de inteligencia militar citadas por El Tiempo aseguran que el frente tiene 100 hombres armados, además de 300 milicianos.

El Frente Primero es uno de los más antiguos de las FARC y es un “frente madre”, responsable del reclutamiento de combatientes para otras divisiones de las FARC, según Ariel Ávila, director encargado de la Fundación Paz y Reconciliación.

El presidente colombiano Juan Manuel Santos respondió con un ultimátum para el frente de las FARC: “Es la última oportunidad que tienen para cambiar de vida”, declaró durante un evento realizado en Guaviare el 6 de julio, y remató “de otra forma terminarán, se los aseguro, en una tumba o en una cárcel”.

El senador Iván Cepeda dijo a Semana: “es previsible que una porción mínima de quienes deberían dejar las armas y reintegrarse a la vida civil no lo hagan. Eso ha ocurrido en todos los procesos de paz”.

El secretariado de las FARC no se ha pronunciado al respecto.

La Defensoría del Pueblo de Colombia informó en diciembre de 2015 que miembros del Frente Primero aparentemente habían violado el cese unilateral al fuego declarado por las FARC en diciembre de 2014 con el secuestro de menores indígenas.

Análisis de InSight Crime

Aun cuando esta sea la primera oposición explícita a una eventual desmovilización en el interior de las FARC, puede no ser la última. Luego de meses de investigación de campo en zonas con presencia guerrillera, InSight Crime estima que por lo menos 30 por ciento de los combatientes de las FARC optarán por ignorar un eventual acuerdo de paz, con miras a mantener las lucrativas economías criminales, como el narcotráfico y la minería ilegal.

Aunque el Frente Primero ofrece justificaciones ideológicas para mantenerse en la lucha, bien puede haber motivaciones financieras detrás de su decisión. Según fuentes de inteligencia de El Tiempo, el frente controla actualmente cultivos de coca —abundantes en la región—, laboratorios de droga y rutas estratégicas de tráfico a Venezuela. La extorsión y la explotación ilegal de coltán y de oro se mencionan también como fuentes importantes de ingresos, según otros medios noticiosos.

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De hecho, el director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC), Jorge Restrepo, explicó a Semana que el Frente Primero tiene ingresos financieros importantes, pero no tiene futuro político, como lo concibe la organización de las FARC.

Además de no desprenderse de sus ingresos ilegales, los analistas señalan que existen otros factores que llevan a los frentes de las FARC a una posible resistencia. Entre ellos está la marginación social en las zonas bajo el control de las FARC, y mandos medios desvinculados de los principios ideológicos de la cincuentenaria insurgencia.

Esto puede aplicarse a otras facciones de las FARC. Junto con el Frente Primero, La Fundación Paz y Reconciliación ha identificado al Frente 57 —en la frontera con Panamá— y al Frente 16 —en la frontera con Venezuela— como los más susceptibles a oponerse a un acuerdo de paz. Estos dos se cuentan entre los frentes de las FARC con mayor actividad en el narcotráfico, y con vínculos con actores criminales transnacionales.

Otra facción guerrillera que ha levantado banderas rojas es la columna móvil Daniel Aldana en Nariño. Esta unidad controla el negocio de la droga en el departamento, tiene relación con el cartel de Sinaloa, y hace poco se enfrentó a otras organizaciones traficantes que al parecer buscaban establecerse en su territorio.

El Frente 36 también plantea problemas. Uno de los más ricos y violentos de las FARC, está liderado por un comandante insubordinado con poco interés en política, y se ha mostrado consistentemente como el principal violador de los ceses al fuego de las FARC con el gobierno colombiano.

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