Un comercio tóxico: la minería ilegal en las regiones de triple frontera amazónicas

La minería ilegal es, de lejos, el delito ambiental más extendido y perjudicial en las regiones de triple frontera de la Amazonía.

A principios de la década de 1980, los buscadores de oro comenzaron a devastar las tierras de triple frontera del Amazonas. Desde esa época comenzaron a utilizar personas pobres y en condiciones desesperadas, así como a las comunidades indígenas, como fuerza laboral disponible. Estas personas trabajan en operaciones de minería ilegal sofisticadas y estructuradas que les proporcionan maquinaria de excavación y dragado y les pagan en pequeñas cantidades de oro.

En Colombia y Venezuela, los delincuentes, que van desde unos pocos hombres armados hasta facciones de grupos armados no estatales (GANE), cobran impuestos sobre las actividades mineras y los negocios que han surgido alrededor de los sitios de explotación. Entre dichos grupos se encuentran las ex-FARC, formadas por grupos disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que se desmovilizaron en 2017, así como unidades del último grupo guerrillero que queda en Colombia, el Ejército de Liberación Nacional (ELN). La pandilla más poderosa de Brasil, el Primer Comando de la Capital (Primeiro Comando da Capital, PCC), también parece estar incursionando en el comercio ilegal de oro.

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Una extensa red de empresas criminales se encarga del lavado del oro. Usando flotas de avionetas, las compañías de transporte aéreo llevan suministros y sacan oro. En Brasil, los propietarios de estas empresas han sido investigados por facilitar la minería ilegal y el lavado de oro.

En Colombia y Brasil, los comerciantes les compran el oro ilegal tanto a los buscadores particulares como a los propietarios de operaciones mineras. Los empresarios que poseen redes de empresas se benefician en todos los pasos de la cadena de oro ilegal.

Cuando el oro finalmente se funde, se pierden sus orígenes ilegales.

Balsas de dragado invaden los ríos colombianos

Las frondosas orillas de los ríos que atraviesan Brasil y Colombia resuenan con el estruendo de los “dragones”, enormes balsas de dragado que aspiran los lechos de los ríos mediante mangueras industriales para extraer partículas de oro.

Los mineros brasileños circulan libremente por esta remota región amazónica. Según un militar colombiano, las balsas de dragado se construyen principalmente en el lado brasileño de la frontera, donde operan en gran parte sin control.

En una foto aérea, en una curva del río Puré, que fluye desde Colombia hasta Brasil, se puede ver el techo de un dragón, así como los efectos del dragado constante. A un lado de la balsa, el río es claro, pero por el otro lado se ve turbio. Lo que no se puede ver son los efectos del tóxico mercurio, utilizado para separar el oro, que se ha vertido en este paraje.

Las balsas de dragado de oro invadieron por primera vez la Amazonía colombiana a principios de la década de 2000, cuando fueron vistas en el río Caquetá, que se convierte en el río Japurá en Brasil. Una década más tarde, sus operaciones se habían extendido por el río Putumayo, más al sur.

En los últimos años, han aumentado las operaciones de las dragas tripuladas por mineros ilegales en esta región fronteriza del Amazonas, particularmente en Tarapacá, región colombiana que colinda con Perú y Brasil y se ha convertido en un foco de minería de oro gracias a los numerosos ríos que la atraviesan. El río Putumayo cruza la frontera sur de Tarapacá, y el río Cotuhé se cruza con el Putumayo allí. En el extremo noreste de Tarapacá, el río Puré pasa de Colombia a Brasil.

De los diez ríos analizados en 2021 por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) y el Ministerio de Minas y Energía de Colombia, el río Puré tuvo la mayor cantidad de minería ilegal de oro. Algunos tramos de los ríos Putumayo y Cotuhé en Tarapacá también registraron bastante actividad el año pasado, según el informe de la ONUDD.

Las balsas de dragado ilegales de Brasil aprovecharon la reducción de los patrullajes militares durante la pandemia de COVID-19 para hacer incursiones en la región, según funcionarios del gobierno y activistas indígenas que trabajan en el departamento de Amazonas, Colombia. Jhon Fredy Valencia, secretario de agricultura y medio ambiente del departamento de Amazonas, afirma que la minería ilegal ha aumentado notablemente en los últimos años.

Tanto Valencia como el militar colombiano dicen que abordar la minería ilegal en la triple frontera es demasiado difícil. Para llegar al río Puré, por ejemplo, los agentes de seguridad tienen dos opciones. La primera es cruzar el río en una travesía que dura seis días desde Leticia, e implica ingresar a territorio brasileño, lo cual, debido a asuntos de soberanía territorial, requiere una coordinación de alto nivel entre los militares y el Ministerio de Relaciones Exteriores de ambos países. La otra opción es llegar en helicóptero, pero esto alerta a los mineros y trunca la efectividad de las operaciones.

“Los mineros trabajan con balsas que se mueven fácilmente a través de los ríos y, cuando las operaciones militares se llevan a cabo en un solo lugar, simplemente cruzan la frontera”, cuenta Valencia.

De balsas de dragado a dragones

La mayoría de las balsas de dragado se construyen sobre tablones o troncos. Cada uno sostiene un motor de gasolina, a veces de un remolque viejo de tractor, y una manguera de unas 8 pulgadas de diámetro, o aproximadamente del tamaño de una pelota de fútbol. La manguera aspira el barro del lecho del río. El lodo arrastrado se empuja hacia una esclusa, que recoge sedimentos y partículas de oro, en tanto que la suspensión regresa al río.

La construcción de las balsas cuesta entre US$8.000 y 10.000, y pueden producir unos 40 gramos de oro al día. Esa cantidad se puede vender a nivel local por US$400 o 600, y llega a valer hasta US$2.000 en el mercado internacional. Sin embargo, este tipo de minería fluvial no se puede realizar durante todo el año debido a los cambios en los niveles del agua.

Los llamados dragones son el tipo más grande de balsa. Suelen tener varios pisos y llevan equipos mucho más grandes, pesados y caros que los de las balsas pequeñas. Los dragones cargan motores de 60 caballos de fuerza y varias mangueras con diámetros de hasta 15 pulgadas. La construcción de los dragones más grandes, elaborados de madera y metal con el fin de sostener dichos equipos, cuesta unos US$45.000, según múltiples fuentes policiales.

Los brasileños son al parecer los principales operadores de las balsas. Antonio Torres, cónsul de Brasil en Leticia, dijo en agosto de 2022 que tres ciudadanos brasileños, dos hombres y una mujer, fueron encarcelados por cargos de minería ilegal. En una operación en septiembre de 2022 en el río Pureté, las autoridades colombianas arrestaron a seis ciudadanos brasileños.

Los colombianos también están involucrados. Por ejemplo, durante la confiscación de diez balsas de dragado en el río Puré en el año 2020, fueron arrestadas tres personas, dos ciudadanos brasileños y un colombiano.

Brasil tomó pocas medidas contra la minería ilegal durante el mandato de Jair Bolsonaro (2019-2022). Si bien las autoridades brasileñas destruyeron parte de la maquinaria pesada, sus esfuerzos fueron mínimos en comparación con los estragos ambientales causados por los mineros ilegales, a quienes Bolsonaro animó con su permisiva agenda extractiva. Sin embargo, con el regreso del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, la postura de Brasil contra la minería ilegal ha tomado otro rumbo. Desde febrero de 2023, las fuerzas de seguridad de Brasil han estado llevando a cabo operaciones para expulsar a los mineros ilegales de las tierras yanomami y destruir su maquinaria.

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Las autoridades colombianas han tenido ciertos logros en la interceptación y destrucción de las balsas de dragado en la región. En 2021, destruyeron varias balsas de dragado ilegales en el Puré, según afirma José Reinaldo Mucca, director de asuntos indígenas en el departamento de Amazonas, Colombia. En septiembre de 2022, el ejército interceptó y destruyó cuatro balsas de dragado en el río Pureté.

Debido a su tamaño y a que constantemente están agitando los lechos de los ríos, los dragones son las dragas más fáciles de detectar desde el aire. Con el fin de ocultarlos, los mineros ilegales de oro les pintan los techos de verde y los ponen a navegar cerca de las orillas de los ríos, y en ocasiones han hundido sus propias dragas para evitar las labores de incautación.

Sin embargo, el gobierno colombiano no cuenta con los recursos adecuados para hacer patrullajes constantes o adelantar acciones por parte de los organismos de seguridad, o para instalar hombres en puestos militares en la selva. Los mineros han frustrado los intentos de vigilancia aérea e interdicción al monitorear las operaciones y cruzar a Brasil o Perú cuando detectan a las autoridades colombianas. Esto, junto con las dificultades geográficas y la falta de coordinación entre los tres países, hace que detener la minería ilegal sea una tarea desalentadora.

La minería ilegal atrae innumerables actores criminales

Debido al costo de construcción de las balsas, es probable que los mineros reciban ayuda de financistas ilegales de oro en Brasil o Colombia. Una sola balsa puede recoger más de 14 kilos (494 onzas) de oro al año, cuyo costo puede ser de US$150.000 o US$200.000 a nivel local y ascender a los US$877.000 a nivel internacional, según el precio internacional de una onza de oro en 2022.

El oro se procesa semanalmente en los ríos y se lleva a Brasil. Una vez allí, se mezcla fácilmente con oro de otras fuentes y luego se blanquea. Los compradores colombianos también adquieren pepitas de oro directamente en las balsas y mueven el mineral a través de los mercados colombianos.

En el departamento de Amazonas, Colombia, la minería ilegal parece estar controlada parcialmente por grupos armados. En Tarapacá, un grupo conocido como los Comandos de la Frontera (del que se hablará en la sección de narcotráfico del presente informe) ejerce una influencia desmesurada y es probable que esté al frente de la minería ilegal.

El funcionario de derechos humanos que presta ayuda en el departamento de Amazonas dice que los Comandos de la Frontera se benefician no solo del narcotráfico sino también de la minería ilegal. Mucca, el funcionario de asuntos indígenas, coincide con la afirmación según la cual el grupo quizá está involucrado en ambas actividades. Los seis brasileños detenidos en el Pureté en septiembre de 2022 estaban al “servicio” de los Comandos de la Frontera, según dijo a los medios el general Jaime Galindo, comandante de la Sexta División del Ejército.

“Desde el Cotuhé y más arriba, hay una mafia”, afirma Mucca.

Efectos de la minería ilegal en las comunidades indígenas

Las comunidades indígenas, que son la primera línea de defensa contra la minería ilegal que arrasa a la Amazonía, se han convertido en blanco de amenazas y ataques de las redes mineras.

La presencia de actores mineros en sus territorios ha dejado a las comunidades indígenas sin otra opción que ajustarse a las operaciones mineras. Esto genera todo tipo de dificultades para las comunidades, entre ellas la violencia, como señala un representante de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC).

“En algunos sectores mineros ha habido denuncias de asesinato de líderes indígenas y desapariciones de algunos de ellos”, afirma el representante.

Las pocas oportunidades económicas en las zonas de triple frontera han llevado a algunas comunidades locales a luchar contra las incursiones de la minería ilegal. Los jóvenes suelen ser empleados como buzos que mueven las mangueras alrededor de los lechos de los ríos. Las mujeres son empleadas como cocineras y los hombres como operadores mineros. Les pagan en efectivo o en cupones que pueden canjear por artículos en algunas tiendas en Tarapacá.

Mucca, el funcionario de asuntos indígenas, dice que los líderes indígenas, o caciques, de algunas de las comunidades del Amazonas colombiano han hecho tratos con los buscadores de oro. En Tarapacá, por ejemplo, a algunos ancianos indígenas les pagaron 3 millones de pesos (unos US$680) para que permitieran que las balsas mineras ilegales vertieran residuos en sus vías fluviales.

La minería suele ser realizada por grupos ilegales respaldados por patrones que tienen la capacidad financiera para llevar equipos costosos a estos territorios, según dijo el representante de la OPIAC.

La minería ilegal también ha generado riesgos para la salud. Los sedimentos que contienen oro se mezclan con mercurio para extraer el oro, generalmente cerca de las vías fluviales o incluso en las propias balsas. Parte del mercurio sobrante se vierte de nuevo a las vías fluviales.

Según un estudio de 2018 sobre la contaminación por mercurio en la Amazonía colombiana, se descubrieron altos niveles en muestras de cabello de personas de las comunidades indígenas de Tarapacá. De las nueve comunidades analizadas, todas tenían al menos el doble del umbral considerado seguro por la Organización Mundial de la Salud (una ingesta diaria de 1,6 partes por millón), y cuatro tenían niveles al menos siete veces superiores a ese límite. Es casi seguro que los niveles actuales serán más altos.

La intoxicación por mercurio puede afectar el desarrollo de los niños, dado que causa daños al cerebro y otras partes del sistema nervioso. El mercurio también puede ser tóxico para los adultos, pues causa daño cerebral y renal, así como ceguera y enfermedades cardíacas.

Según Valencia, el funcionario del gobierno colombiano en Amazonas, varios funcionarios del gobierno, la salud y la justicia han sostenido reuniones con comunidades indígenas para hablar sobre el tema del mercurio.

“No es solo cuestión de ir donde ellos y decirles que hay un problema”, dice. “También es necesario ofrecerles soluciones”, incluida la atención médica para los afectados.

Oro y guerrillas: el Parque Nacional Yapacana en Venezuela

Los pozos de lodo son una señal de los sitios de minería de oro ilegales en el Parque Nacional Yapacana, en Venezuela, donde existen imponentes mesetas y cascadas. En un video se puede apreciar un montón de ramas de árboles mustios dispersos dentro de un cráter pantanoso.

El Parque Nacional Yapacana se encuentra en el suroeste de Venezuela, cerca de la frontera con Colombia. Según un informe de 2019 de SOS Orinoco, las operaciones mineras en la reserva aumentaron de aproximadamente 220 hectáreas en 2010 a más de 2.000 hectáreas en 2018, lo que equivale a unas 1.500 canchas de fútbol. Al año siguiente, las operaciones mineras destruyeron 200 hectáreas más, y se pasó de 36 sitios en 2018 a 69 en 2019, según la organización.

De los países amazónicos, Venezuela tiene el segundo mayor número de minas ilegales, superado solo por Brasil, que es un país mucho más grande. De los 4.472 sitios de minería ilegal en toda la región, al menos 1.423 se encuentran en la Amazonía venezolana, según la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG). Y Yapacana es el área minera más grande y menos regulada en toda la región de la Orinoquia y la Amazonía, como señala SOS Orinoco, el observatorio de la minería ilegal.

Las abundantes minas han dejado tierras desbrozadas en todo el parque, que es más grande que Luxemburgo.

El periodista y activista político venezolano Luis Alejandro Acosta, quien reside en el estado venezolano de Amazonas y ha viajado al Cerro Yapacana, dice que en los sitios mineros puede haber hasta 10 retroexcavadoras trabajando a la vez. “La producción allí nunca se detiene”, dice. “Ni de día ni de noche”.

Una mina de oro de las ex-FARC mafia

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha recurrido a la venta de oro ilegal para sostener su régimen frente a las sanciones y la fuerte disminución de la riqueza petrolera.

Las guerrillas colombianas están en gran parte al frente de la fiebre del oro en el Parque Nacional Yapacana. Según Acosta, el predecesor de Maduro, el difunto Hugo Chávez, cedió el parque a los guerrilleros de las FARC a principios de la década de 2000.

Chávez les concedió la reserva a los guerrilleros en gran parte de la región fronteriza. Él veía a la fuerza insurgente como una herramienta estratégica a raíz de un golpe de Estado apoyado por Estados Unidos en abril de 2002, que le quitó el poder de manera temporal. Otorgarles refugio a las FARC también sirvió como protección contra una Colombia cada vez más hostil, aliado importante de Estados Unidos en la región.

Actualmente, Venezuela no es solo un refugio para las guerrillas. Las ex-FARC se han extendido por el territorio venezolano, tomando el control de las comunidades y las economías criminales. Y lo que antes era una guerrilla colombiana es ya un grupo binacional.

A principios de la década de 2000, la triple frontera le brindó amplias oportunidades de tráfico de drogas al Bloque Oriental de las FARC y su Frente 16, el cual le exportaba unas 20 toneladas de cocaína al mes al narcotraficante brasileño Luiz Fernando da Costa, alias “Fernandinho Beira-Mar” o “Fredy Seashore”. El comandante de las FARC Géner García Molina, alias “Jhon 40”, controlaba el contrabando de drogas en la región, manejando hasta 100 toneladas de cocaína al año, a la vez que satisfacía su inclinación por los caballos y los relojes Rolex.

En ese momento, las FARC le prestaron poca atención al oro de Yapacana, aunque la minería ilegal se había estado dando allí desde la década de 1980. Según Acosta, la guerrilla solo comenzó a extorsionar a los mineros como una estrategia de ingresos alrededor de 2010.

Cuando las FARC llegaron a un acuerdo de paz en 2016, Jhon 40 y Miguel Díaz Sanmartín, alias “Julián Chollo”, estuvieron entre los primeros guerrilleros que se negaron a entregarse. Por el contrario, conformaron el Frente Acacio Medina de las ex-FARC, compuesto por exintegrantes del Frente 16, en la zona fronteriza entre el departamento colombiano de Guainía y el estado venezolano de Amazonas.

Julián Chollo, descrito como un “lobo solitario” que se unió a las FARC a la edad de 20 años, ahora controla la región de Yapacana, donde les cobra impuestos a los empleados de las operaciones mineras ilegales.

A la zona de Yapacana han llegado decenas de miles de mineros en búsqueda de oro. Allí hay alrededor de 25.000 personas cada día, aunque no todos son mineros. Algunos trabajan en los campamentos como cocineros, conductores y vendedores, según dice Acosta.

Las tarifas de Chollo son precisas: cinco gramos de oro por cada retroexcavadora en operación, tres gramos por tener un negocio, un gramo por cada barco que trae mineros y suministros, y así sucesivamente.

“Eso es mucho oro recolectado cada 15 días”, apunta Acosta. Además, las minas y máquinas más grandes, “las que extraen más oro”, le pertenecen a la guerrilla, agrega.

Un líder de la comunidad indígena de la región, que pidió hablar de forma anónima por temor a represalias, coincide con la afirmación de que las ex-FARC tienen el control total de Yapacana. Los ancianos han hecho tratos con los guerrilleros, quienes les han dado motores, herramientas agrícolas y otros artículos a cambio del control de sus territorios, afirma el líder comunitario.

Para algunos indígenas, Chollo es como “un Robin Hood”, cuenta el líder indígena. “Si alguien quiere comprar una plancha, él se la da. Y de esta manera la comunidad ha sido comprada”, dice.

Las comunidades también se enfrentan a una violencia amenazante. “Invaden nuestros espacios amenazándonos”, dice otro líder indígena que también pidió el anonimato. “Somos sumisos ante ellos, y ellos son los que gobiernan, los que establecen las leyes”.

Líneas de suministro minero gravadas por ELN

El río Orinoco y sus afluentes sirven como vías de paso hacia Yapacana. A unos 75 kilómetros río arriba en el Orinoco, se encuentra San Fernando de Atabapo, ciudad fronteriza venezolana donde el oro es la moneda principal. La comida y el alcohol se compran con “rayas”, pequeñas cantidades de oro que valen alrededor de US$3. El oro también se intercambia por artículos más grandes, como electrodomésticos.

La ciudad fluvial de Inírida, a unos 25 kilómetros al oeste de San Fernando de Atabapo, en el departamento de Guaviare, Colombia, sirve como centro de transporte. Desde allí, grandes balsas comienzan un viaje de dos días hacia Yapacana, llevando maquinaria, combustible y otros suministros. Transportar 20 toneladas cuesta alrededor de US$1.000, dice Acosta.

Las unidades de la guerrilla colombiana del ELN cobran por el paso de los barcos. Existen más de 50 puntos de control de este tipo, según un miembro de la comunidad indígena.

Más hacia el sur, desde el estado venezolano de Apure hacia Amazonas, los combatientes del ELN han librado una campaña a lo largo del río Orinoco. La desmovilización de las FARC en 2017, mediante un acuerdo histórico con el gobierno de Colombia en 2016, despejó el camino para que el Frente Daniel Pérez del ELN se trasladara a la región.

Wilmer Albeiro Galindo, alias “Alex Bonito”, dirige la unidad guerrillera, que llevó a cabo una ola de asesinatos cuando llegó en 2020. Inicialmente, hubo enfrentamientos entre miembros del ELN y las ex-FARC, pero ambos grupos han logrado delinear el espacio y mantienen una alianza incómoda.

“Coexisten, comparten, coordinan sus actividades, no sé cómo lo hacen”, dice un funcionario de una organización comunitaria indígena que pidió hablar de forma anónima por razones de seguridad. “El ELN es más visible en la frontera. Están a lo largo del río Inírida, donde extorsionan y realizan minería ilegal. Las FARC hacen lo mismo, pero en el Cerro Yapacana”.

La fiebre del oro ilegal atrae a grupos criminales a la reserva yanomami de Brasil

El 2 de octubre de 2022, el propietario de una carpa comercial en el río Uraricoera de Brasil recibió un mensaje de WhatsApp de un hombre que se identificó como miembro de los “lobos”, una banda armada de buscadores de oro ilegales. Una vez leyó el mensaje, advirtió de un inminente ataque a un grupo de indígenas Yanomami reunidos allí .

Antes de que los yanomamis pudieran huir, hombres armados llegaron en dos botes y abrieron fuego. Un joven yanomami de 15 años recibió un disparo en la cara. Según se puede ver en algunas fotos, una bala le dio en la mejilla izquierda y salió por la parte posterior de su cuello. Milagrosamente, el muchacho sobrevivió.

Un hombre yanomami de 46 años, llamado Cleomar, no tuvo tanta suerte: murió cuando le dispararon en la frente y el pecho mientras se arrojaba al río tratando de escapar, como se lee en una carta enviada a las autoridades brasileñas por la Asociación Hutukara Yanomami (Hutukara Associação Yanomami), que representa al pueblo yanomami en Brasil.

“Lo que sucedió demuestra que la situación de inseguridad en el río Uraricoera, debido a la libre circulación de los mineros ilegales, no ha cesado y requiere una intervención urgente”, escribe el líder yanomami Dário Kopenawa en una carta firmada el 4 de octubre de 2022.

Unos 20.000 buscadores ilegales han entrado en la reserva yanomami, talando árboles y arrasando los lechos de los ríos. De un tamaño mayor que el de Portugal, la reserva se extiende a lo largo de más de 105.000 km² en la frontera entre Brasil y Venezuela, lo que la convierte en el territorio indígena más grande del mundo.

El río Uraricoera, que atraviesa la zona norte de la reserva, es usado como autopista por las operaciones mineras criminales. Allí, diversas embarcaciones, desde botes de madera hasta grandes dragas que atraviesan la vía fluvial, transportan un flujo constante de mineros, suministros, equipos, alimentos, alcohol y combustible.

Los hombres armados que patrullan el Uraricoera en lanchas rápidas representan una de las pruebas más visibles de la propagación del crimen organizado en la minería ilegal de oro. Las bandas les cobran impuestos a los mineros y a otras personas a lo largo del río, incluidos barqueros y comerciantes. El tráfico de drogas y los burdeles les aportan ganancias adicionales a las bandas.

Algunos de esos hombres armados hacen parte de las operaciones mineras. Otros presuntamente son integrantes de la pandilla criminal más grande y poderosa de Brasil, el PCC, que parece estar asumiendo un papel más importante en la minería ilegal en la reserva yanomami.

También hay autoridades corruptas involucradas. Los miembros de una unidad élite de inteligencia regional han sido implicados en el abastecimiento de armas y acusados de tener vínculos con un hombre apodado “Soldado”, quien es descrito en una investigación policial como un jefe de “seguridad minera” en el Uraricoera.

Miembros del ejército que operan en Roraima, uno de los estados en los que se asienta la reserva Yanomami, han sido acusados de filtrar información sobre operaciones contra la minería ilegal y de recibir sobornos a cambio de hacerse los de la vista gorda frente al movimiento de drogas y oro, según el cubrimiento de los medios brasileños sobre los informes de inteligencia de la agencia gubernamental de asuntos indígenas (Fundação Nacional dos Povos Indígenas, Funai).

Kopenawa, el líder yanomami, dice en su carta que “hay temores constantes sobre la cantidad de buscadores fuertemente armados que suben y bajan” por el río.

Mineros ilegales arrasan la selva

Las incursiones de mineros ilegales, conocidos en Brasil como garimpeiros, comenzaron en la década de 1980. Una década más tarde, en medio de presiones internacionales, el gobierno brasileño acabó con la mayor parte de la minería ilegal en la región. La historia se repitió y la minería ilegal reinició en la reserva yanomami durante el mandato del expresidente Jair Bolsonaro, quien prometió desarrollar económicamente el Amazonas y aprovechar sus riquezas minerales.

Según un informe de la Asociación Hutukara Yanomami y la organización de la sociedad civil Instituto Socioambiental (ISA), un grupo de defensa de los derechos ambientales e indígenas, la deforestación en la reserva se duplicó, pasando de unas 1.200 hectáreas en 2018 a 3.300 (equivalentes a unas 2.400 canchas de fútbol) a finales de 2021, todo ello relacionado con la minería. Más de la mitad de la minería de oro en la reserva se lleva a cabo alrededor del río Uraricoera.

La zona de la reserva que ha sufrido la peor deforestación durante los últimos dos años es Waikás, ubicada en el Uraricoera, al norte de Roraima. En 2020 y 2021, casi 2.600 hectáreas de bosque fueron destruidas allí por mineros que recorren el río sin ningún tipo de trabas.

Las operaciones mineras también han comenzado en la región de Auaris, al noroeste de la reserva, en límites con Venezuela. Según el informe de la Asociación Hutukara Yanomami y el Instituto Socioambiental, allí se han observado dos sitios mineros mediante imágenes satelitales: uno se encuentra en el lado brasileño de la frontera, y el otro en el lado venezolano. Ambos sitios son pequeños, pero parecen estar creciendo.

Los buscadores de oro ilegales también han invadido otros ríos. La minería cerca del río Parima se intensificó durante la pandemia de COVID-19, y se desbrozaron más de 100 hectáreas de bosque. Las tierras deforestadas alrededor de Xitei, en la cabecera del Parima, pasaron de 11 hectáreas en 2020 a 136 en 2021, el mayor aumento de cualquier región rastreada por el informe.

El río Mucujaí, que fluye hacia el este a través de la reserva hasta el municipio de Mucujaí en Roraima, y sus bosques circundantes, han sido arrasados por operaciones mineras ilegales. En Homoxi, una región en la cabecera del Mucujaí, una cadena de grandes pozos mineros aparece como un pequeño pueblo tallado en la vegetación, como se aprecia en una foto aérea. En marzo de 2022, un pozo se tragó un puesto médico que prestaba servicios a la comunidad yanomami.

Un video tomado por mineros, que circuló en medios de comunicación locales en abril de 2021, los muestra alardeando de haber alterado el curso del Mucujaí. Uno de los mineros filma el río sofocado por el limo, mientras dice: “miren cómo lo dejamos”. Luego se mueve y muestra una bomba y grandes mangueras. “Ahora estamos trabajando en el lecho del río”, dice.

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Este tipo de minería ilegal destruye la selva tropical: los árboles son cortados para cavar hoyos; allí se disparan fuertes chorros de agua para aflojar la tierra; las bombas de gasolina aspiran el lodo, que luego se lava sobre una gran esclusa. El sedimento extraído se mezcla con mercurio líquido, que se adhiere al oro. Usando unas sartenes pandas, los mineros calientan la amalgama resultante para formar pepitas.

Este proceso envenena el bosque. Los árboles absorben el vapor de mercurio, y el proceso deja unas piscinas tóxicas, turbias y contaminadas con mercurio, que se filtran en las aguas subterráneas y en los ríos.

El uso de mercurio amenaza a los yanomami, que viven en grandes viviendas comunales circulares en las que habitan hasta 400 personas. Al igual que en las comunidades indígenas expuestas a este elemento en Colombia, se encontraron altas concentraciones de mercurio en las muestras de cabello de comunidades yanomami cercanas a los sitios mineros. Un análisis del agua en la confluencia de los ríos Orinoco y Ventuari, en el extremo occidental del parque nacional Yapacana, también halló altos niveles de mercurio.

El pescado, una parte importante de la dieta de los yanomami, también está contaminado. Según un estudio de 2022, más de la mitad de los peces extraídos de los ríos Mucujaí y Uraricoera tienen niveles de mercurio considerados insalubres para el consumo. La exposición prolongada al mercurio causa fatiga y deteriora el sistema inmunológico y los órganos vitales.

Júnior Kekurari, un líder yanomami que dirige el consejo local de salud indígena, ha descrito la actividad de los mineros que trabajan a una distancia de entre 50 y 200 metros de las comunidades yanomami.

“Desde 2018, la tierra yanomami ha sufrido mucho […]. Los ríos están destruidos, solo hay barro, contaminado con mercurio, olor a gasolina […]. Los niños juegan en el río y toman agua. La comunidad consume agua sucia”, explica Kekurari en una entrevista con el podcast Ao Ponto, del diario O Globo.

Garimpeiros y criminales encuentran una oportunidad dorada

Estrictamente hablando, el término garimpeiro se refiere a los mineros artesanales a pequeña escala, pero esta definición ya es obsoleta. La mayoría de las operaciones de garimpo ya no son artesanales, dado que utilizan maquinaria pesada, como balsas, dragas, tractores y excavadoras. Hoy en día, el término se usa más para referirse a los mineros ilegales en la Amazonía.

De las 174 toneladas de oro comercializadas entre 2019 y 2020, se estima que los garimpeiros son responsables de 49 toneladas, equivalentes al 28% de la producción de oro de Brasil.

La ley brasileña les permite operar legalmente, incluso en ciertas zonas de la Amazonía. Según la ordenanza DNPM 155, promulgada en 2016, cada garimpeiro puede extraer hasta 50 hectáreas en áreas designadas para ello, mientras que a las cooperativas mineras se les puede otorgar hasta 10.000 hectáreas. La ley brasileña restringe el garimpo en tierras indígenas y en áreas ambientales protegidas.

Sin embargo, la ley no impone restricciones a las técnicas o equipos, a diferencia de los países vecinos, Colombia y Perú. La ley colombiana exige el registro estricto de maquinaria a través del Ministerio de Transporte; por su parte, Perú, entre otras medidas, ha prohibido el uso de maquinaria pesada en la minería a pequeña escala.

Los mineros se han expandido rápidamente fuera de las áreas permitidas y han invadido regiones protegidas. Para obtener oro, usan todo tipo de equipos, desde picos y motosierras hasta maquinaria pesada, como las retroexcavadoras. Las operaciones mineras ilegales en tierras indígenas aumentaron casi un 500 por ciento entre 2010 y 2020, según un estudio de MapBiomas, entidad que rastrea la transformación de la tierra en Brasil. En las áreas de conservación, el aumento fue de poco más del 300 por ciento.

La mayoría de los mineros provienen de comunidades rurales con sistemas educativos deficientes y pocas oportunidades de trabajo bien remunerado. Los mineros particulares suelen ser cooptados por entidades criminales que les suministran maquinaria a cambio de la mayor parte de su producto.

Los mineros se mueven entre los tres países de esta región fronteriza. Por ejemplo, los garimpeiros brasileños se han aventurado en la zona de los yanomami ubicada en el lado venezolano, con el fin de establecer minas. Según una investigación realizada por el medio de comunicación UOL, en la que se utilizaron videos, fotos, documentos y entrevistas con líderes indígenas, el número de mineros que cruzan la frontera oscila entre 500 y 5.000.

Los garimpeiros y otros tipos de trabajadores, provenientes de otras regiones de Brasil, son atraídos al territorio yanomami por anuncios en las redes sociales que ofrecen diversos trabajos, como operadores de máquinas, conductores, pilotos y cocineros.

Al igual que en Yapacana, en Venezuela, la moneda en la reserva yanomami es el oro. Los barqueros que transportan a los mineros por tramos largos y de difícil navegación en el Uraricoera ganan 10 gramos por pasajero. A lo largo del río han surgido bares, burdeles y cantinas, así como en los alrededores de los sitios mineros.

En Brasil, los “propietarios” de las minas controlan todas las estructuras comerciales, logísticas y de campamento en el río Uraricoera. Un ejemplo de supuesto propietario de una mina es Dona Iris, quien fue arrestada en junio de 2022 acusada de negocios con armas ilegales. En una declaración de arresto juramentada, reportada por O Globo, se dice que la mujer de 55 años utilizó propiedades en Alto Alegre, un municipio en el noreste de Roraima, para transportar suministros y personas a sitios de minería ilegal, donde empleaba a una escolta armada. Según el informe de la Asociación Hutukara Yanomami e ISA, Dona Iris ordenó ataques contra aldeas yanomami ribereñas en represalia por haber bloqueado las operaciones mineras.

Los propietarios de las minas cobran por el acceso a puertos improvisados, extorsionan a los mineros y gravan la venta de alcohol y otros productos. La prostitución y la venta de drogas también están bajo su control. Las mujeres venezolanas que viajan a través de la frontera han sido atraídas a sitios mineros y explotadas sexualmente. Una mujer que habló con el medio de noticias brasileño Folha de São Paulo dijo que fue traficada por una señora que la convenció de ir a un sitio minero, donde fue víctima de abuso sexual.

El auge del comercio ilegal ha atraído a la región a actores criminales más peligrosos y les ha abierto el camino para ingresar al comercio ilegal de oro. Un video grabado en 2021 muestra a una banda armada que se mueve a toda velocidad en una lancha por el río Uraricoera. En este video, los hombres, algunos de ellos encapuchados, cargan pistolas y escopetas. La cámara enfoca a un hombre con una camiseta roja y una gorra de béisbol, que lleva en su cuello una cadena de oro gruesa y un dije en forma de corona.

“Mírenos, mírenos, mírenos. Estos malditos indios creen que son los que mandan, pero nosotros somos los que mandamos. Somos los malditos jefes. Hoy vamos a ver cómo es que es esta mierda. Miren, miren, miren. Nosotros somos la guerra”.

Luego se descubrió que uno de los hombres que iba en la lancha, y que fue arrestado más tarde, era un fugitivo vinculado al PCC. Acusado de narcotráfico en 2013, Janderson Edmilson Cavalcante Alves había escapado de una prisión de Roraima y había huido hacia Venezuela, donde, en 2019, fue vinculado al robo de 100 rifles de un cuartel del ejército.

Para escapar de las autoridades en Venezuela, el hombre de 30 años se escondió en la región fronteriza de Brasil, donde traficaba drogas y servía como sicario de las operaciones mineras. El arresto de Cavalcante Alves, quien dijo a las autoridades que era miembro del PCC, permite identificar la presencia de la banda criminal en la minería ilegal en territorio yanomami.

Roney Cruz, jefe de una división de inteligencia del sistema penitenciario de Roraima (Divisão de Inteligência e Captura do Sistema Prisional de Roraima), dijo a los medios locales que los miembros de la pandilla PCC están activos en las minas. En una investigación del medio de noticias brasileño UOL, Cruz dijo que la pandilla incluso tenía un barco atracado en el Uraricoera, al que llamaban funeraria, pues era usado en misiones de muerte.

Tiene sentido que de alguna manera el PCC haya puesto su pie en las minas, dada la gran cantidad de actividad criminal que se presenta allí y el creciente poder del grupo en Roraima y en toda la región amazónica de Brasil.

La investigación de UOL va más allá, y sostiene que el líder de la pandilla, Endson da Silva Oliveira, alias “Bebezão”, y su hermano, Emerson, estructuraron las actividades del PCC a lo largo del Uraricoera. Los hermanos, que fueron asesinados en dos tiroteos distintos, tenían un cómplice que fue encontrado con equipos mineros en su casa.

Sin embargo, no está claro si el PCC solo tiene unos pocos miembros que han encontrado la oportunidad de actuar como operadores en las anárquicas minas, o si los miembros de la pandilla también se han infiltrado en los rangos más altos de las operaciones mineras.

Lo que está claro es que los criminales han actuado con impunidad en territorio yanomami durante años y en ausencia de las autoridades. A pesar de ser el territorio indígena con el mayor número de operaciones de la policía federal, estas han sido ineficaces. La policía asegura que muchos operativos no se han llevado a cabo debido a la falta de apoyo logístico del ejército y otras instituciones federales. Otro puesto de seguridad del gobierno, conocido como Base de Protección Etnoambiental (Bape), que controlaba el acceso al río Uraricoera, ha estado inactivo durante varios años.

Algunos yanomamis han intentado protegerse de la invasión de los mineros ilegales.

En 2021, los yanomamis de Palimiú levantaron una barricada en el Uraricoera y detuvieron una lancha llena de mineros. Los jóvenes yanomamis se llevaron unos mil litros de combustible, después de lo cual volcaron el bote. Sus acciones se dieron como represalia por el ahogamiento de un niño atropellado por la estela de un barco minero, según el informe de la Asociación Hutukara Yanomami e ISA.

Durante varios meses después, hombres armados pasaron en lanchas por las aldeas ribereñas de Palimiú, disparando con armas automáticas. Las amenazas violentas contra ellos continúan. En su carta de octubre de 2022 a las autoridades, Kopenawa, el líder yanomami, dijo que un minero conocido como “Brabo” le había advertido recientemente a la comunidad de Palimiú que “no se opusiera a la minería ilegal instalada en la región, si no querían que se repitieran los ataques de 2021”.

Brasil ataca la minería ilegal de oro en tierras yanomami

La impunidad de la que han gozado los mineros ilegales y las redes criminales en el territorio yanomami podría estar terminando. El actual presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, llegó de nuevo al poder con la intención de revertir las acciones destructivas del medio ambiente de su predecesor, Jair Bolsonaro.

Durante su primer mes en el cargo, Lula visitó el estado de Roraima y el territorio yanomami.

“Más que una crisis humanitaria, lo que vi en Roraima fue un genocidio. Un crimen premeditado contra los yanomami, cometido por un gobierno impermeable al sufrimiento del pueblo brasileño”, tuiteó Lula.

En enero de 2023, el ministro de Justicia de Lula, Flávio Dino, anunció su intención de abrir una investigación, junto con la policía federal, sobre los crímenes que han sufrido los yanomami, incluido el genocidio.

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Al mismo tiempo, Lula dio un duro golpe a la minería ilegal en tierra yanomami. En febrero de 2023, agentes armados del Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (Ibama) y de la Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) lanzaron una operación en la reserva yanomami para expulsar a miles de mineros de oro ilegales. En esta operación han sido destruidos helicópteros, pistas de aterrizaje ilegales, maquinaria pesada, combustible y armas.

La fuerza aérea controlará el espacio aéreo que hasta hace poco no estaba patrullado. Un sistema de radar móvil permitirá interceptar vuelos en el área, y la marina patrullará los ríos.

Para evadir las operaciones de seguridad, los garimpeiros están cruzando las fronteras hacia Venezuela y Guyana. Y si bien esta es una pequeña victoria en la defensa del territorio yanomami, también está generando un efecto colateral al desplazar a los mineros ilegales a otras regiones mineras en la cuenca amazónica.

Avionetas y pistas clandestinas usadas para la minería ilegal en la Amazonía brasileña

Es fácil detectar las avionetas y los helicópteros utilizados en las operaciones de minería ilegal: todos los asientos, excepto el del piloto, son extraídos de las aeronaves y remplazados por estanterías de metal y madera donde se ubican contenedores de gasolina. Este combustible es llevado a pozos abiertos para activar motores, motosierras y maquinaria de excavación.

Las aeronaves aterrizan en diversas pistas de aterrizaje cerca de sitios mineros en toda la Amazonía brasileña. La mayoría son poco más que caminos labrados en la selva. Algunas son pistas de tierra que ya existían y que fueron construidas para llevar medicamentos y trabajadores de la salud a las comunidades indígenas.

Una investigación del New York Times que examinó miles de imágenes satelitales que datan de 2016 halló 1.269 pistas de aterrizaje no registradas en la Amazonía brasileña. De estas, había 61 en tierras yanomami.

Estas pistas de aterrizaje han sido otra puerta de entrada a la reserva yanomami. La mayoría de los vuelos despegan de Boa Vista, la capital de Roraima, más al este de la frontera entre Brasil y Venezuela.

El negocio del oro ilegal en Boa Vista, Brasil

Cerca de Boa Vista, se encuentra el aeropuerto de Barra do Vento, un centro de transporte primario para los vuelos que entran y salen de la reserva Yanomami.

Los pilotos llegan allí en busca de un trabajo arriesgado que puede producir grandes ganancias en oro, según el medio de noticias de investigación Repórter Brasil. Pilotean viejas avionetas de hélice que vuelan a baja altura sobre las copas de los árboles, navegando por el laberinto de pistas de aterrizaje de tierra. Algunos han aterrizado en la selva, para nunca más volver a ser vistos.

Los propietarios de las empresas de transporte aéreo se encuentran entre los principales actores presuntamente involucrados en la minería ilegal y el lavado de oro.

Dos figuras se destacan como ejemplos de este nexo ilícito: Valdir José do Nascimento, conocido como «Japão», es presuntamente propietario de una flota de aviones utilizados para transportar alimentos, combustible e instrumentos a los sitios mineros, y para sacar oro de allí, según el Ministerio Público Federal de Brasil (Ministério Público Federal, MPF). En una sola semana, los aviones de Do Nascimento realizaron unos 20 vuelos a las minas, según informó Repórter Brasil. Cada vuelo costó en promedio de 10 a 12 gramos de oro, afirman los fiscales.

Do Nascimento es el propietario registrado de siete Cessnas monomotor de la década de 1970, así como de un avión bimotor de nueve asientos. Los fiscales lo consideran el “mayor promotor de la actividad minera ilícita en la tierra indígena Yanomami”, como se lee en Repórter Brasil.

El piloto y empresario de aviación Rodrigo Martins de Mello también ha sido investigado por su participación en la minería ilegal. En diciembre de 2022 fue acusado de extraer minerales sin autorización y de conformar una organización criminal, así como de otros delitos, según una denuncia presentada en un tribunal federal.

Durante una redada en 2021, a Martins de Mello, quien se postuló para el Congreso bajo el Partido Liberal (PL), el partido de Bolsonaro, en las elecciones de octubre de 2022, y que es partidario de los intereses mineros, se le incautaron varios helicópteros de su compañía de taxis aéreos y de su empresa de perforaciones ubicada cerca de Boa Vista. Ambos negocios son objeto de una investigación policial sobre una red de minería ilegal que, según los fiscales, movió más de 200 millones de reales (unos US$37,5 millones) en dos años.

Martins de Mello ha negado las acusaciones de participación en minería ilegal, afirmando que “hay mucha información fantasiosa”.

A pesar de que en los mítines de campaña se envolvió en la bandera, Martins de Mello, quien también es conocido localmente como «Rodrigo Cataratas», perdió su candidatura al Congreso. Incluso después de su derrota, que fue un alivio para los activistas de derechos indígenas que temían que su elección le otorgara inmunidad judicial, Martins de Mello continuó manifestándose por los intereses de la minería de oro.

En una entrevista con Folha de São Paulo, Martins de Mello prometió “llevar el mensaje de la necesidad de resolver este conflicto entre los mineros de oro y las agencias federales”, y consideró a los mineros como “víctimas de abuso de autoridad por parte de agencias federales”.

Aproximadamente un mes después de las elecciones de octubre, un tribunal federal ordenó el arresto del hijo de Martins de Mello, Celso Rodrigo de Mello. La orden señalaba que Celso Rodrigo había participado en transacciones sospechosas y en un accidente de helicóptero en el que murieron dos personas.

Los nexos de las redes de lavado de oro

En el centro de Boa Vista se encuentra la “Rua do Ouro”, o “Calle del Oro”, donde docenas de pequeñas joyerías y distribuidoras de valores, o DTVM (Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários), compran abiertamente oro ilegal extraído en tierras yanomami y otras zonas de la Amazonía. Las puertas están teñidas y hay hombres que vigilan las entradas. La mayoría de las tiendas carecen de vitrinas. Según los reporteros de Amazonia Real que visitaron Rua do Ouro y hablaron con un orfebre allí, el oro se vende como sedimento o pepitas para ser luego ser refinado.

Buscadores de oro, conductores, cocineros y cualquier otra persona que tenga oro para vender hace uso de las tiendas. Los pilotos entregan allí grandes cantidades de oro a instancias de los operadores de minas ilegales.

Las tiendas sirven como el primer eslabón en la cadena de lavado de oro. Sin embargo, el mineral debe ser trasladado a otra parte del país para su exportación. Según la Agencia Nacional de Minería (ANM) de Brasil, el organismo responsable de otorgar y monitorear las licencias para los mineros, en Roraima no hay operaciones mineras legales.

La mezcla de oro legal e ilegal para la exportación suele ser realizada por redes afiliadas a operadores designados y a las DTVM, que son las entidades autorizadas por el Banco Central para comprar y vender oro en Brasil.

Según un estudio del Instituto Escolhas, que ha investigado a las empresas involucradas en el lavado de oro ilegal en Brasil, las cuatro DTVM más grandes de Brasil comercializaron unas 90 toneladas de oro, aproximadamente una quinta parte de la producción del país, entre 2015 y 2020. En su mayor parte, unas 79 toneladas (con un valor aproximado de US$3.8 mil millones en ese momento), eran de origen sospechoso.

Algunas de las DTVM más grandes controlan toda la cadena de oro, comenzando con los títulos y permisos de minería. Dentro de las empresas asociadas a las DTVM se encuentran las que están involucradas en estudios geológicos, extracción y refinación, así como compra de oro en varios estados.

Hasta ahora, las DTVM han podido evadir fácilmente la responsabilidad en la compra de oro. La Ley 12.844, promulgada en 2013, que regula la compra, venta y transporte de oro, requiere que los vendedores, no los compradores, demuestren que el oro es de origen legal. Los vendedores autodeclaran las fuentes de su oro, proporcionando copias de los números de permisos de minería, según cuenta Larissa Rodrigues del Instituto Escolhas de Brasil, que ha investigado a las empresas involucradas en el lavado de oro ilegal en Brasil.

La realidad es que cualquiera puede decir: “el oro vino de esta área, con el permiso minero X, y nadie lo comprobará”, afirma Rodrigues. “Las DTVM o las tiendas conservan estos formularios, y todo se considera que se hace de buena fe”.

Sin embargo, en abril de 2023, el Tribunal Supremo de Brasil impugnó tal “buena fe”, otorgando una orden judicial para suspender dicha práctica y ordenando el establecimiento de una nueva política regulatoria. Esta decisión apoya los esfuerzos del gobierno actual para actuar en contra de la minería ilegal de oro en tierras indígenas y en otras áreas protegidas.

Se ha acusado a los directores de las DTVM, a sus familiares y socios, de estar involucrados en la minería ilegal.

La Fiscalía Federal de Brasil ha intentado ir tras las DTVM. En agosto de 2021, los fiscales presentaron una demanda civil contra FD’Gold, Carol DTVM y OM DTVM, tres de las empresas más grandes de este tipo, acusándolas de introducir 4,3 toneladas de oro ilegal en los mercados nacionales e internacionales durante dos años. La demanda pide que se suspendan sus operaciones y que las empresas sean multadas con 10.600 millones de reales (unos US$2.000 millones) por daños sociales y ambientales.

Una DTVM ha sido acusada de orquestar una vasta red que lavaba oro del territorio yanomami. La red se conoció después de una redada policial en 2015, en la que se desmanteló una mina de unos 600 buscadores de oro que operaban al norte de la reserva. Según la policía y los fiscales, más de dos docenas de tiendas que compraban oro en Boa Vista recibieron el mineral producido ilegalmente, que luego fue refinado y enviado a 30 empresas mineras legítimas pertenecientes a DTVM en las ciudades de Manaos, en Amazonas; Itaituba y Santarém, en Pará; y Porto Velho, en Rondônia. Se falsificaron documentos con el fin de indicar que el oro provenía de minas legales en tres estados. Las compañías mineras también fundieron el oro en barras de 250 gramos que luego se enviaron a la DTVM.

A través de esta red, la DTVM recibió alrededor de dos toneladas de oro por año, según el jefe de una unidad regional contra el crimen organizado que habló con Amazonia Real. Sin embargo, la DTVM acusada nunca fue identificada públicamente.

Desde que Lula asumió el cargo, ha lanzado una cruzada para fortalecer la laxa legislación que ha facilitado el lavado de oro en Brasil. Uno de los primeros pasos ha sido la introducción de la Resolución N.º 129 de la Agencia Nacional de Minería (ANM) de Brasil, la agencia responsable de inspeccionar los sitios mineros. Con la implementación de esta resolución, los compradores de oro ahora deben contar con sistemas establecidos para demostrar que el oro que compran no es de origen ilegal.