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Arresto en caso Cáceres es solo un eslabón de gran red de corrupción en Honduras

DERECHOS HUMANOS / 8 MAR 2018 POR PARKER ASMANN ES

El reciente arresto de uno de los presuntos autores intelectuales del asesinato de la reconocida activista medioambiental Berta Cáceres en Honduras es un signo de avance en el conocido caso, pero constituye solo un eslabón de una gran red que supuestamente estuvo involucrada en su asesinato.

Según un comunicado de prensa del Gobierno, miembros de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) del Ministerio Público de Honduras arrestaron a Roberto David Castillo Mejía el 2 de marzo en el aeropuerto internacional de San Pedro Sula, cuando intentaba salir del país.

Cuando Cáceres murió, en marzo de 2016, Castillo Mejía era el director ejecutivo de Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), la empresa que gestiona la construcción de la represa Agua Zarca, contra la que Cáceres estaba adelantando una campaña. Se cree que su activismo en este sentido es el factor que finalmente condujo a su asesinato. Castillo Mejía, exagente de inteligencia militar, es la novena persona arrestada en relación con el crimen, pero es apenas el primer presunto autor intelectual que ha sido aprehendido.

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Según las autoridades de Honduras, Castillo Mejía proporcionó «logística y otros recursos» a uno de los autores materiales actualmente detenidos.

Poco después del arresto de Castillo Mejía, DESA publicó un comunicado en el que niega que la empresa o su exdirector ejecutivo hubieran tenido algo que ver con la muerte de Cáceres. La compañía rechazó el arresto, considerándolo como el resultado de «presiones internacionales y campañas de desprestigio» de varias organizaciones sin ánimo de lucro, y exigió la liberación inmediata de Castillo Mejía.

Castillo Mejía será puesto en detención preventiva, y su primera audiencia se ha programado para el 9 de marzo.

Análisis de InSight Crime

Muchas personas consideran que el arresto de uno de los presuntos autores intelectuales del asesinato de Cáceres es un paso en la dirección correcta. Pero Castillo Mejía representa sólo un eslabón de una red mucho más grande de individuos involucrados en el crimen, que todavía están en libertad.

Dana Frank, profesora de la Universidad de California, Santa Cruz, le dijo a InSight Crime que «el arresto de Castillo Mejía es el esperado resultado de la implacable presión de la familia de Cáceres, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y varios observadores internacionales, pero otras dos figuras de la élite permanecen en libertad, a pesar de las palmarias evidencias de su participación”.

Un informe de octubre de 2017, elaborado por un panel de expertos independientes, señala que las pruebas existentes son «concluyentes respecto de la participación de numerosos agentes estatales, altos directivos y empleados de DESA en la planeación, ejecución y encubrimiento del asesinato», lo que indica que las autoridades no han detenido a todos los autores intelectuales del crimen, incluso con pruebas suficientes.

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Frank le dijo a InSight Crime que «el Ministerio Público ha tenido en sus narices evidencias que implican a los tres», desde por lo menos mayo de 2016.

Antes de la muerte de Cáceres, Castillo Mejía supuestamente «la acosaba» con mensajes de texto y llamadas telefónicas, y aparecía en su casa injustificadamente. Según una declaración de COPINH, organización fundada por Cáceres, «No es gracias a la celeridad del MP, quienes han intentado por todos lo medios ocultar la verdad en el caso».

El momento en que ocurre la detención también ha generado una serie de preguntas.

Pocos días antes de que Castillo Mejía fuera detenido, las autoridades arrestaron a la exprimera dama, Rosa Elena Bonilla de Lobo, por lavado de dinero y otros cargos.

Ambos arrestos se presentaron en medio de dudas sobre la voluntad del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, para hacer frente a la corrupción en el país, tras una muy criticada reforma legislativa que se dio recientemente —y que fue considerada un «pacto de impunidad»— y efectivamente impidió que el Ministerio Público investigara los casos relacionados con la corrupción por un período de tres años.

Si bien los arrestos de Castillo Mejía y Bonilla de Lobo, entre otros acontecimientos, pueden indicar que se están haciendo algunos avances en cuanto al compromiso de la administración Hernández en la lucha contra la corrupción, Frank advierte que no debemos hacernos «ilusiones acerca de que la grave situación de corrupción e impunidad en Honduras haya mejorado».

«Los arrestos de Castillo Mejía y Rosa Bonilla de Lobo no afectan la profunda situación de corrupción y criminalidad» que hay en Honduras, dijo.

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