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ANÁLISIS

Cambio de fiscales en el Triángulo Norte podría ser un retroceso en la lucha contra la corrupción

EL SALVADOR / 16 MAR 2018 POR HÉCTOR SILVA ÁVALOS ES

En poco menos de dos meses, el presidente de Guatemala elegirá un nuevo fiscal general. Antes de que termine este año, los congresos de El Salvador y Honduras tienen que hacer lo propio. Los procesos de elección ocurren en medio de fuertes cuestionamientos a los tres gobiernos por su falta de compromiso con los esfuerzos anticorrupción encabezados, precisamente, por sus fiscales.

El proceso más inmediato es el de Guatemala, donde el Ministerio Público (MP) ha asumido un papel protagónico en la persecución de casos de corrupción que involucran a influyentes empresarios, partidos políticos, funcionarios de alto nivel e incluso al actual presidente de la república, Jimmy Morales, contra quien el MP ha solicitado un antejuicio para que responda por acusaciones de financiamiento electoral ilícito.

Entre otras actuaciones, el MP, apoyado por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), ha abierto investigaciones a Álvaro Arzú, expresidente, actual alcalde de la capital y uno de los políticos más poderosos del país. Las investigaciones llevadas a cabo por la dupla MP-CICIG también acaban de encarcelar al expresidente Álvaro Colom por su presunta participación en un esquema de corrupción relacionado con el transporte público.

Desde febrero pasado, una comisión de postulación formada por decanos universitarios, miembros del colegio de abogados y el presidente del órgano judicial trabajan en un proceso para confeccionar una lista de seis finalistas entre los que el presidente Morales tiene que elegir al sustituto de Thelma Aldana, la fiscal que, entre otros, lo investiga a él.

Analistas y diplomáticos consultados en Guatemala por InSight Crime coinciden en que el sistema de selección de candidatos puede ser permeado por grupos de poder político y de crimen organizado, como ya ha ocurrido en el pasado.

“Hay una intención de todos los sectores que están comprometidos en hechos ilícitos en acuerparse e impedir avances”, dijo en febrero a Insight Crime Iván Velásquez, jefe de CICIG y principal aliado de Aldana.

        VEA TAMBIÉNCobertura sobre élites y crimen organizado

Hay quienes ven en la elección del sucesor de Aldana un punto de quiebre importante en los procesos de lucha contra la corrupción que se han venido intensificando desde 2015, luego de una serie de manifestaciones masivas en todo el país que exigían la renuncia de Otto Pérez Molina, otro expresidente encarcelado por las investigaciones adelantadas por el MP, en este caso por un esquema de corrupción en las aduanas del país.

“En el año 2015 el país inició un proceso de transformación que la sociedad hizo en su conjunto suyo […] Para que este proceso avance y no enfrentemos el riesgo de perder todos los logros alcanzados, los ciudadanos debemos acompañar el proceso de elección del próximo fiscal general […]”, dice una carta abierta del Frente Ciudadano contra la Corrupción, presentada hace dos semanas en un hotel de Guatemala. Este frente está formado por empresarios millonarios, estudiantes, miembros de ONG y algunos líderes indígenas.

Opinión dividida en El Salvador

En El Salvador, la recién electa Asamblea Legislativa, en la que la oposición de derecha tendrá mayoría, tiene que escoger al sucesor del actual fiscal general, Douglas Meléndez, antes de que termine el año.

Meléndez llegó al despacho a finales de 2015, en sustitución de Luis Martínez, quien actualmente está preso acusado, también, de actos de corrupción cuando fue fiscal general.

La opinión sobre Meléndez en El Salvador está divida, en esencia por razones políticas: Funcionarios del gobierno de izquierda del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) lo acusan de priorizar investigaciones que los perjudican y de ser blando con exfuncionarios de la oposición. Meléndez, sin embargo, ha llevado adelante investigaciones por enriquecimiento ilícito contra los expresidentes Mauricio Funes, del FMLN, y Antonio Saca, de la opositora Alianza Republicana Nacionalista (ARENA).

A Meléndez se le ha criticado por su poca efectividad para lograr condenas firmes en los tribunales y por no usar el músculo de la Fiscalía para investigar de forma efectiva casos de ejecuciones extrajudiciales atribuidos a la fuerza pública, así como de usar algunos procesos contra pandillas con fines mediáticos.

De acuerdo con una publicación del medio digital El Faro de El Salvador, la nueva mayoría de derecha en la Asamblea Legislativa estaría dispuesta a reelegir a Meléndez, lo cual le daría tres años más para profundizar los cambios tímidos que inició en 2016, cuando asumió el liderazgo de una fiscalía marcada por la infiltración del crimen organizado durante la etapa de Luis Martínez.

En el caso salvadoreño, el Congreso elige al fiscal general con mayoría calificada, es decir, dos tercios de 84 diputados electos.

Jugada adelantada del gobierno de Honduras

En Honduras, el cuestionado gobierno de Juan Orlando Hernández parece estar detrás de un intento por adelantar la elección del fiscal general, programada en principio para septiembre próximo. El actual fiscal general, Óscar Chinchilla, descartó su reelección a través de sus redes sociales.

Según una información publicada en La Prensa, la mayoría de los nombres que se manejan para sustituir a Chinchilla son cercanos al presidente, cuya legitimidad como mandatario está cuestionada tras un proceso electoral marcado por acusaciones de fraude.

La elección del nuevo fiscal hondureño ocurrirá, además, a la sombra de la reciente renuncia de Juan Jiménez Mayor, vocero de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH), un organismo supranacional financiado en parte por la Organización de Estados Americanos (OEA), quien apoyó a la fiscalía local en investigaciones a diputados y otros funcionarios por supuestas implicaciones con el narcotráfico.

A Chinchilla se le reclama por no avanzar en investigaciones que implican directamente al presidente, como una por desvío de fondos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) a la campaña de Hernández en 2013.

Congresistas enviaron una carta al Congreso de Estados Unidos pidiendo elecciones transparentes de los fiscales de los tres países del Triángulo Norte

La ley hondureña establece que, 30 días antes del fin del mandato del fiscal general, la Corte Suprema llama a una junta proponente que envía una lista de cinco candidatos al congreso, que debe elegir a uno de ellos por mayoría calificada (85 votos). Los mandos de la Corte y la mayoría en el Congreso son aliados políticos del presidente Hernández.

Análisis de InSight Crime

La selección de los nuevos fiscales del Triángulo Norte marcará un nuevo capítulo en los intentos por mejorar el combate a la corrupción y la impunidad a partir del fortalecimiento de las oficinas estatales encargadas de perseguir el delito.

En los tres países estas oficinas habían tenido perfiles muy bajos, cooptadas por las élites políticas y económicas históricamente involucradas con redes de corrupción y crimen organizado.

En el caso guatemalteco, la llegada de la CICIG en 2007 -por un convenio firmado entre la ONU y el Ejecutivo que fue ratificado por el Congreso-, también empujó una lenta reconversión al interior del MP, la cual vio sus primeros frutos con la llegada de la fiscal Claudia Paz y Paz y ha alcanzado sus picos durante la gestión de Thelma Aldana.

En estos dos períodos, el MP ha golpeado a estructuras de crimen organizado, narcotráfico y corrupción que habían gozado de impunidad casi absoluta en el pasado.

Las llegadas de Meléndez a la Fiscalía salvadoreña y de Chinchilla a la hondureña también han generado, en una forma mucho más modesta, algunos avances que han permitido la persecución de mafias políticas que incluyen a tres expresidentes en El Salvador y en Honduras, la investigación a una ex primera dama, y la extradición de varios miembros de organizaciones de narcotráfico.

El año 2018 llegó marcado por una arremetida de las élites políticas y económicas que se han visto amenazadas en los tres países del Triángulo Norte de Centroamérica. “Los esfuerzos anticorrupción gozan de amplio apoyo popular en la región, pero las respuestas de las élites hacen dudar si estos pueden ser sostenibles”, escribió InSight Crime en enero de este año.

Las elecciones de los tres nuevos jefes fiscales en Guatemala, Honduras y El Salvador marcarán, sin duda, el futuro de esos esfuerzos anticorrupción: los fiscales dóciles con las élites criminales terminaran siendo debilitados, y los fiscales independientes podrán seguir abriendo brecha en esta región, una de las más violentas y corruptas del mundo.

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