Crece la preocupación entre funcionarios públicos y autoridades de Uruguay por la presencia de grupos del crimen organizado ante un reciente repunte de los homicidios, una situación que podría resultar prematura y cuya respuesta podría ser la implementación de medidas inefectivas.
Las autoridades uruguayas registraron 218 homicidios durante el primer semestre de 2018, cifra que representa un incremento del 66 por ciento sobre los 131 homicidios registrados en el mismo periodo del año anterior, según estadísticas oficiales del gobierno.
Autoridades del Ministerio del Interior de Uruguay afirman que la mayoría de los casos tienen relación con disputas entre organizaciones criminales.
“Estamos convencidos de que el aumento de la violencia en Uruguay no es producto del fortalecimiento de bandas de delincuentes sino del enfrentamiento entre ellos”, declaró el ministro del interior Eduardo Bonomi en comentarios hechos a El Observador en abril pasado.
Según las estadísticas oficiales, 40 por ciento de los homicidios cometidos en los primeros seis meses de 2018 se atribuyeron a peleas entre grupos criminales. Sin embargo, suele ser difícil establecer esa conexión con total certeza.
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También se dice que las autoridades investigan a 20 grupos criminales con conexiones internacionales por el presunto suministro de narcóticos para la reventa en Uruguay. Por mucho tiempo, grupos narcotraficantes internacionales han usado la capital Montevideo y el Puerto de Montevideo —uno de los principales de Suramérica— como puntos de trasbordo para cargamentos de drogas en su trayectoria hacia los mercados de Europa y Asia, a la par que aprovechan las porosas fronteras del país con Brasil y Argentina.
En el pasado, las autoridades han planteado su preocupación de que esta dinámica pueda producir un incremento del consumo interno de narcóticos, con la consecuente violencia derivada de las disputas por el control del mercado local.
Análisis de InSight Crime
Las autoridades uruguayas se han apresurado a conectar el repunte reciente de los homicidios con grupos criminales que operan en el país. Pero si bien el incremento es importante, es probable que diversos factores estén contribuyendo a este. Sin embargo, es difícil establecer una conexión directa y definitiva entre el crimen organizado y el aumento de los homicidios.
En toda América, muchas veces las autoridades usan el crimen organizado como chivo expiatorio para explicar los repuntes de violencia, pero el detallado y dispendioso análisis que se requiere para hacer dicha conexión suele estar ausente.
“El incremento en la tasa de homicidios en Uruguay es mucho más complejo como para reducirlo a una sola causa”, comentó a InSight Crime Geoff Ramsey, investigador y coordinador de comunicaciones del centro de pensamiento Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés).
Ramsey señaló que vería con “escepticismo” a quienes asocian la tasa de homicidios en Uruguay exclusivamente con los grupos del crimen organizado. Aunque en el país hay presencia de redes criminales, Ramsey afirma que se trata en su mayoría de “pequeñas bandas callejeras poco sofisticadas, que operan en la periferia de las principales ciudades”.
Ese precipitado juicio en ocasiones puede ir de la mano con la implementación de políticas de seguridad que buscan reprimir la violencia en el corto plazo, sin considerar las implicaciones a largo plazo.
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De hecho, las autoridades supuestamente se están aprestando para ampliar el presupuesto de seguridad de Uruguay como respuesta a la reciente violencia, lo que podría dar pie al uso de más estrategias de mano dura que han resultado ser inefectivas en otros lugares de la región. Una legislación aprobada recientemente también ampliará la capacidad del ejército para desempeñar tareas de vigilancia y otras funciones relacionadas con la seguridad en las zonas fronterizas del país, posiblemente en un intento por impedir que los grupos criminales usen las fronteras del país para el trasiego de cargamentos de drogas.
Esto sucede en un momento en que las autoridades uruguayas enfrentan una creciente presión pública por militarizar la lucha contra los grupos criminales, lo que en parte llevó al presidente Tabaré Vázquez a anunciar planes de intensificar la coordinación entre organismos de seguridad.
La legalización de la marihuana en Uruguay en 2013, seguida del inicio de las ventas legales en 2017, suscitó interrogantes sobre la posibilidad de que esa decisión estimulara el mercado negro y aumentara el consumo de la sustancia, lo que llevaría a un incremento de la violencia asociada entre grupos criminales por el control del mercado.
Sin embargo, Ramsey, quien recientemente fue coautor de un informe en el que se estudia la legalización de la marihuana en Uruguay, dijo a InSight Crime que el porcentaje de uruguayos que afirman haber consumido marihuana en el último año solo tuvo un leve incremento de uno por ciento, por lo que no es probable que la legalización de la marihuana haya tenido un impacto en los índices de violencia.
“Esto es especialmente cierto ahora que una parte tan grande del mercado del cannabis está regulándose, y por ende se ha quitado de las manos de las redes criminales”, puntualizó Ramsey.
Aun con el incremento registrado en los homicidios en el transcurso del año, Uruguay sigue siendo uno de los países más seguros, y por esa razón suele ser un destino preferido por los criminales que tratan de eludir a las autoridades.
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