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La Fiscalía de El Salvador ha acusado a políticos de alto rango de polémicas negociaciones con pandillas, y han abierto así una caja de Pandora para los funcionarios públicos, quienes por mucho tiempo han fracasado en la tarea de enfrentar a las violentas pandillas callejeras que controlan grandes zonas del país.

Aunque presidentes, legisladores y organismos de seguridad han adoptado públicamente una estrategia de mano dura, también han descubierto que los arreglos bajo la mesa con las pandillas les han resultado útiles.

El ejemplo más notorio es la “tregua entre pandillas”, mediante la cual los líderes de las tres pandillas más grandes se pusieron de acuerdo para poner fin a los asesinatos. Iniciada en 2012 entre la Mara Salvatrucha (MS13), dos facciones de Barrio 18 y mediadores avalados por el gobierno, la tregua buscaba acabar con el supuesto de que la única manera de enfrentar a las pandillas era con un mayor uso de la fuerza, luego de que la administración del expresidente Mauricio Funes se atribuyera el mérito por la disminución de los homicidios a casi la mitad.

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Sin embargo, tras la disolución de la tregua en 2014, los asesinatos volvieron a aumentar. Y cuando se supo de la naturaleza turbia del pacto y de los beneficios que el Estado extendió a los pandilleros, la tregua pasó lentamente de ser un triunfo político a convertirse en una riesgo criminal para los involucrados.

A continuación, InSight Crime analiza los casos en los que hubo acuerdos secretos con las pandillas: tanto los juicios a los funcionarios después de la disolución de la tregua, como los nuevos cargos contra políticos prominentes.

Negociaciones de políticos y pandillas

El fiscal general Raúl Melara ha acusado a varios miembros de alto rango de los dos principales partidos políticos de El Salvador de conspiración y fraude electoral para negociar con jefes de pandillas en búsqueda de beneficios políticos.

Entre los acusados del partido de izquierda Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) figuran Benito Lara y Arístides Valencia, excongresistas y funcionarios del gobierno del expresidente Salvador Sánchez Cerén (2014-2019). Lara se desempeñó como ministro de Seguridad, y Valencia como ministro de Gobernación, cargos gubernamentales que facilitaron de manera específica su capacidad para ofrecer dinero y llegar a acuerdos con las pandillas.

En un comunicado de prensa, la Fiscalía afirma que Lara, Valencia y otras personas les dieron a las pandillas US$150.000 a cambio de su apoyo antes de las elecciones presidenciales de 2014, en las que Sánchez Cerén salió victorioso. InSight Crime ya había informado sobre un video en el que se ve que Valencia propone crear un fondo de hasta US$10 millones para las tres principales pandillas, con el fin de implementar un programa de microcréditos. Lara también fue captado en video negociando con los pandilleros.

Entre los acusados en la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), partido de derecha que gobernó el país entre 1989 y 2009, se encuentran Ernesto Muyshondt, actual alcalde de San Salvador, y el congresista Norman Quijano, quien perdió frente a Sánchez Cerén en las elecciones de 2014 por cerca de 6.000 votos.

Según los fiscales, ellos dos, entre otras personas, ofrecieron hasta US$100.000 a las pandillas para que ayudaran a influir en esa elección a favor de ARENA.

Quijano fue el primero de los políticos de alto rango en enfrentar acusaciones de fraude electoral. El video muestra a Quijano en una reunión con pandilleros, en la que promete dinero para centros de rehabilitación a cambio de apoyo político en áreas controladas por las pandillas, según un informe de El Faro.

Una comisión especial debe decidir ahora si hay suficiente evidencia para despojar a Quijano de su inmunidad legal como congresista. En un comunicado, Quijano negó vehementemente las acusaciones, alegando que es víctima de una conspiración política.

Por su parte, el alcalde Muyshondt admitió haberse reunido con pandilleros en 2015, según un reporte de elsalvador.com, diciendo que lo hizo para pagar las extorsiones que las pandillas exigían para permitirle hacer campaña en las áreas bajo su control. Muyshondt también admitió haber pagado chantajes con fondos oficiales del partido ARENA.

Según La Prensa Gráfica, todos los funcionarios acusados han buscado desde entonces representación legal en El Salvador.

Los juicios por la tregua

Los funcionarios de la Policía y de las penitenciarías, así como uno de los principales negociadores de la tregua, han sido juzgados dos veces por conspirar con grupos criminales, introducir bienes de contrabando a las cárceles y otros delitos relacionados con su rol en la tregua entre pandillas.

Acusados en 2016 por el entonces fiscal general Douglas Meléndez, fueron los primeros funcionarios de alto nivel de la administración del expresidente Funes (2009-2014) en enfrentar cargos criminales por facilitar la tregua.

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Entre los funcionarios acusados se encontraban Nelson Rauda, exdirector del sistema penitenciario; Anílber Rodríguez, su exinspector general; Juan Roberto Castillo, ex subinspector de la Policía Nacional Civil, y Raúl Mijango, el jefe negociador de la tregua.

Sin embargo, todos fueron absueltos tras sus juicios.

Los grandes ausentes durante estos procesos fueron el expresidente Funes y David Munguía Payés, ministro de Seguridad y Defensa de Funes, quien fue el principal artífice de la tregua. De hecho, Payés todavía se desempeñaba como ministro de Defensa durante la administración Sánchez Cerén cuando se llevó a cabo el primer juicio por la tregua, en el año 2017.

El juez de ese juicio finalmente dictaminó que los funcionarios solo seguían órdenes de Payés y Funes. Los fiscales, sin embargo, apelaron la decisión del juez ante un tribunal superior, que ordenó que los funcionarios fueran juzgados nuevamente.

El juez del segundo juicio, que terminó en mayo de 2019, volvió a declarar a los funcionarios no culpables de todos los cargos principales, aunque los directores penitenciarios fueron condenados a tres años de servicio comunitario por cargos menores por autorizar traslados de líderes de pandillas dentro de las prisiones y permitir que los reclusos hicieran fiestas.

Payés testificó sobre su papel en la tregua entre pandillas, diciendo que él había facilitado el trabajo de los negociadores y recibido informes de ellos y de funcionarios de la Organización de Estados Americanos (OEA), la cual había apoyado la tregua. También dijo que mantuvo informado al presidente Funes sobre los acontecimientos.

Cuando se le preguntó por qué no había sido juzgado, Payés respondió que no había cometiendo ningún crimen.

“El proceso de pacificación era una política pública”, dijo.

Pero el juez cuestionó la decisión del fiscal general de no procesar a Payés y Funes, reprochando su deficiente desempeño.

El principal negociador de la tregua es encarcelado

Raúl Mijango, excomandante de la guerrilla y legislador, fue el principal negociador de la tregua, y el único que se encuentra tras las rejas a causa de ella.

En 2018, Mijango fue condenado a 13 años de prisión por conspirar con pandilleros para extorsionar a una empresa de producción y distribución de alimentos.

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Los fiscales dijeron que Mijango convocó a representantes de la compañía a una reunión en la que negoció un acuerdo entre ellos y los líderes de las tres pandillas principales. La compañía acordó proporcionarles a las pandillas “arroz, frijoles, aceite [de cocina], pañales y otros productos” por valor de US$6.000 cada mes, según reportó El Faro. A cambio, los pandilleros no asaltarían los camiones de la compañía cuando entraran en territorios bajo su control.

Los productos, dejados en diferentes puntos de entrega, eran vendidos por las pandillas en el mercado central de San Salvador o en otros lugares. Según los fiscales, Mijango aconsejó usar recibos para hacer que las transacciones parecieran legales, e incluso se quedaba con parte de la mercancía.

Mijango siempre ha sostenido que, al persuadir a las pandillas para que negociaran el valor de sus extorsiones, estaba ayudando a eliminar gradualmente la extorsión. Las pandillas le habían estado exigiendo a la compañía unos US$15.000 al mes. Los representantes de la compañía estaban tan agradecidos por el nuevo acuerdo que le enviaron una canasta de Navidad y un pavo a un líder pandillero con el que habían negociado.

Los fiscales insistieron en que Mijango estaba facilitando la extorsión, independientemente de cuáles hubieran sido sus intenciones.

Foto de AP: Graffiti pintado en una de las paredes principales del Palacio Nacional en San Salvador, que dice: “Tregua entre políticos”.

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