Un reciente informe señala que la misión judicial internacional respaldada por la OEA en Honduras ha sobrevivido, e incluso ha obtenido ciertos logros, a pesar de las numerosas intervenciones tanto de amigos como de enemigos.
El informe —publicado el 21 de junio por el Centro de Estudios Latinoamericanos y Latinos de American University (CLALS por sus iniciales en inglés)* y escrito por el profesor de ciencias políticas Charles “Chuck” Call— relata los orígenes y las penurias de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) en los dos años de existencia del organismo.
Luego de una tortuosa negociación con el Gobierno, tras la cual quedó bajo el auspicio de la Organización de Estados Americanos (OEA), la MACCIH comenzó operaciones en abril de 2016. Sin embargo, desde sus inicios su labor se ha visto entorpecida tanto por el Gobierno de su país, que avanzó “a paso de tortuga” para asignarle un espacio, como por la OEA, que no les otorgó a sus empleados contratos de más de seis meses y se entrometió en las decisiones relativas a la contratación del personal para la misión.
Pero las dificultades no pararon allí. A diferencia de un organismo similar en la nación vecina, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), respaldada por Naciones Unidas, la MACCIH se vio obligada a recaudar fondos en la marcha, contaba con líderes en Honduras que no tenían control total sobre las decisiones de contratación de personal, y era “altamente dependiente” de su relación con el fiscal general, según señala el informe.
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Estos indicios no auguraban nada bueno. La MACCIH había iniciado operaciones con altas expectativas, en gran parte debido a la labor de la CICIG, cuyas investigaciones dieron lugar a graves cargos que condujeron a la renuncia, en 2015, de un presidente en funciones, así como de su vicepresidenta y muchos otros funcionarios.
La MACCIH empezó a investigar las conexiones del partido gobernante con un enorme esquema de corrupción en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), el cual permitió financiar su victoriosa campaña en 2013.
La investigación en torno al IHSS generó protestas, en las que se pedía la renuncia del presidente Juan Orlando Hernández y la creación de lo que los manifestantes llamaban CICIH, en honor a los héroes del organismo guatemalteco. La solución concertada para resolver esa crisis fue, en esencia, la creación de la MACCIH.
Sin embargo, a partir de ese momento la MACCIH estuvo destinada al fracaso. Los manifestantes solo quedarían satisfechos si veían rodar la cabeza de Hernández; pero en el mes de noviembre este fue elegido (bajo circunstancias dudosas) para un segundo mandato, y sus aliados nunca permitirían que ello sucediera.
El resultado, señala el informe, ha sido un juego del gato y el ratón. Justo cuando parece que la MACCIH está a punto de salir airosa en un caso importante, las fuerzas de la oposición se apoderan del queso y se apresuran a su madriguera, dejando sin armas a los posibles acusadores.
Call y sus colegas de la CLALS describen numerosos ejemplos de esta situación, el más llamativo de los cuales es un caso contra varios congresistas. Pocas semanas después de que la MACCIH y el Ministerio Público anunciaran los cargos contra cinco miembros del Congreso por malversación de fondos (el representante especial de la MACCIH, Juan Jiménez, más tarde confesó en una conferencia de prensa que docenas de congresistas, o quizá cientos, estaban siendo investigados), el Congreso aprobó una medida mediante la cual les quitaba la investigación a los fiscales y la transfería a manos de una entidad controlada por los legisladores. Los acontecimientos siguientes, entre ellos una extraña discusión pública entre el director de la OEA y Jiménez, llevaron a la renuncia de este último.
Hubo otros casos que se desarrollaron de la misma frustrante manera. Uno de ellos involucró a la exprimera dama, Rosa Elena Bonilla de Lobo, cuyo hijo Fabio se declaró culpable de narcotráfico en Estados Unidos en 2016. Bonilla de Lobo fue acusada, y más tarde arrestada, en febrero de 2018, por malversación de fondos públicos, lavado de dinero y asociación ilícita. Algunos de sus bienes fueron confiscados. Sin embargo, el informe señala que el Congreso y las cortes intervinieron de nuevo. Después de varias dudosas decisiones y medidas legales del Congreso sobre incautación de activos, la mayor parte de los cargos más graves contra Bonilla de Lobo han sido retirados y sus propiedades le han sido devueltas.
Los logros de la MACCIH se han visto empañados por sus fracasos. En el caso del IHSS, 12 personas fueron condenadas por lavado de dinero y soborno, entre ellas el exdirector del instituto, Mario Zelaya, y dos exviceministros. Zelaya fue condenado a 56 años de prisión, decisión que no fue del agrado de los críticos de la MACCIH, muchos de los cuales habían hecho parte de las protestas iniciales que condujeron a la conformación de la misión.
“Para los funcionarios de la MACCIH ha sido muy frustrante que se subestime lo que consideran un trabajo rápido y relativamente exitoso en el enjuiciamiento de algunos altos funcionarios”, se lee en el informe. “Parece haber una gran brecha entre las expectativas populares y la capacidad de los investigadores, fiscales y tribunales para investigar y enjuiciar los casos relacionados con redes de corrupción”.
Análisis de InSight Crime
A la MACCIH no se le ha permitido tener éxito. Entre la intromisión del Gobierno y la OEA, la manipulación del Congreso y las cortes, y las altas expectativas generadas por la labor de su homólogo, la CICIG, han condenado a la misión al fracaso.
Pero eso no quiere decir que no haya obtenido logros. A pesar de estos obstáculos, el informe señala que, de no haber sido por la MACCIH, muchos casos no habrían progresado, los sospechosos habrían sido puestos en libertad, y no se habrían redactado importantes leyes —en especial las relacionadas con el financiamiento de campañas—. Recientemente, la misión inició el que tal vez ha sido su caso más ambicioso: la acusación de decenas de personas por desvíos ilegales de fondos durante la campaña de Hernández en 2013.
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Además, la MACCIH es bastante joven. A la CICIG, que ha estado en Guatemala por más de una década, le tomó mucho tiempo afianzarse, y tardó ocho años para poder levantar un caso contra un presidente en funciones. Y como dice el informe, la MACCIH ha logrado más condenas que la CICIG en sus primeros dos años.
Pero es ahí donde reside la trampa. Los hondureños que exigieron la conformación de la MACCIH quieren que la misión adelante casos, y no quedarán contentos con uno que otro en la cárcel. Tratar de satisfacer esa expectativa es un camino expedito hacia el fracaso, especialmente con todos los obstáculos inherentes en Honduras.
El desafío de la MACCIH no consiste solo en esquivar los intentos por deshacerse de ella o debilitarla, sino en lograr que las expectativas no se cifren en los casos grandes y llamativos, y dedicarse al arduo trabajo de construir instituciones judiciales independientes y resilientes, que puedan continuar esta labor aun cuando la misión eventualmente desaparezca.
* El autor es uno de los principales miembros del CLALS. Participó en las primeras etapas de planificación del estudio, pero no realizó ninguna de las investigaciones, ni intervino en la redacción o la edición del informe.