Las autoridades de Honduras han acusado a docenas de funcionarios y colaboradores del desvío de millones de dólares de recursos públicos con fines políticos, incluyendo la campaña de 2013 del presidente Juan Orlando Hernández. Pero las explosivas denuncias bien pueden generar un fuerte rechazo de los sospechosos y sus aliados, que pueden obstruir el avance del caso.
El 13 de junio, como parte de una investigación por corrupción denominada “Caso Pandora”, los fiscales de una unidad especial de la Fiscalía General de Honduras y la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), con aval internacional, presentaron ante la Corte Suprema del país información sobre 38 representantes del gobierno y otras personas acusadas de malversación de más de 282 millones de lempiras (cerca de US$12 millones) de dineros del gobierno.
Los acusados presuntamente se apropiaron de dineros públicos destinados a proyectos de desarrollo agrícola, y los canalizaron por medio de varias fundaciones y organizaciones no gubernamentales antes de usar el dinero con fines políticos.
Parte de los fondos presuntamente contribuyeron a financiar un programa ofrecido por el entonces candidato Hernández en 2013, llamado la “tarjeta Cachureca” (“Cachureca” es un término popular hondureño que denota a las personas de tendencia política conservadora). El programa permitía a los usuarios de las tarjetas recibir descuentos considerables en los negocios afiliados.
También se desviaron otros dineros para apoyar campañas políticas para el opositor Partido Liberal y otro partido más pequeño conocido como el Frente Amplio.
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Los fiscales no revelaron los nombres de los sospechosos, pero artículos noticiosos locales señalan que los implicados incluyen varios diputados del Partido Nacional, de Hernández, y un excandidato presidencial el Partido Liberal, entre otros.
El Partido Nacional respondió a las acusaciones afirmando que el partido cooperaría con la investigación, pero que la “responsabilidad es individual”.
En comentarios reproducidos por La Prensa, el presidente Hernández dijo que, “Es fundamental que se haga justicia, nadie está por encima de la ley, pero de igual manera el principio del estado de derecho, el principio de inocencia es lo que todos debemos de buscar”.
Las nuevas denuncias se conocen luego de que se declarara a Hernández vencedor, en noviembre de 2017, de unas elecciones seriamente cuestionadas por la oposición y por observadores internacionales debido a indicios creíbles de fraude.
Análisis de InSight Crime
Desde hace algún tiempo, las élites de Centroamérica emprendieron una ofensiva total contra las iniciativas anticorrupción. Ante tal embestida, no es claro cuánto logre avanzar el caso contra Hernández y otros funcionarios públicos en Honduras.
Charles Call, líder del equipo de investigaciones especiales sobre la MACCIH y las iniciativas contra la impunidad en Honduras, en American University, comentó a InSight Crime que es “muy prematuro decir (...) qué implicaciones vaya a tener este caso”.
Sin embargo, señaló que la experiencia previa indica que las élites alineadas contra las iniciativas anticorrupción pueden parar el caso.
“Las cortes y el Congreso han hallado formas de eludir este tipo de acusaciones en el pasado, y es posible que puedan hacerlo de nuevo”, señaló Call.
Christine Wade, experta en Centroamérica y profesora de ciencia política en Washington College, comentó a InSight Crime que es “difícil ser optimista” sobre el futuro de las iniciativas anticorrupción en Honduras.
“Durante los últimos años, las élites de Honduras no han mostrado más que desdén por la MACCIH y han tratado de socavar completamente su capacidad investigativa”, opinó Wade.
De hecho, recientemente los legisladores atacaron la constitucionalidad de la MACCIH. Aunque la Suprema Corte determinó posteriormente la constitucionalidad del organismo, su fallo también limitó la colaboración entre la MACCIH y una unidad especial con la que esta trabaja para preparar los casos por corrupción, lo cual podría afectar por completo la efectividad del ente anticorrupción.
También, a comienzos de este año varios legisladores de Honduras aprobaron una reforma denominada “pacto de impunidad”, que básicamente despojaba a la Fiscalía General de su facultad de investigar la malversación de dineros públicos.
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Sin embargo, Eric Olson, director del programa Latinoamericano del Centro Woodrow Wilson, señaló a InSight Crime que es importante reconocer que a pesar de esos obstáculos la MACCIH y la Fiscalía General decidieron seguir adelante con la investigación.
“El escenario es increíblemente adverso para la Fiscalía General y las iniciativas contra la corrupción en Honduras, pero de todos modos dieron el paso”, concluyó Olson.
Todo esto ocurre en el contexto de la creciente preocupación entre organizaciones de la sociedad civil por la iniciativa anticorrupción con la proximidad de la designación de un nuevo fiscal general este año. La MACCIH aún no tiene un líder permanente, luego de la renuncia de Juan Jiménez Mayor, en febrero último, debido a lo que señaló como falta de apoyo institucional.
Además, el presidente Hernández es uno de los aliados más cercanos de Estados Unidos en Centroamérica. Washington no le ha retirado su respaldo ante otras denuncias, por corrupción, lo que le ha dado cierto refugio político de múltiples escándalos.
Tanto Olson como Wade coincidieron en que la nueva investigación por corrupción seguramente tropezará con innumerables obstáculos. Según Wade, “las élites de Honduras tienen poco o ningún interés en juzgarse a sí mismas”.
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