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Decenas de masacres a manos de una gran estructura de crimen organizado están detrás de la alianza que se ha consolidado entre los gobiernos de Venezuela y Turquía para extraer, refinar y comercializar el “oro de sangre” que sale de la Amazonia y surte a economías ilegales transfronterizas.

Durante una reciente visita a Venezuela, el presidente Recep Tayyip Erdogan ratificó la participación protagónica de Turquía en el negocio del oro venezolano, a través de la exportación de US$779 millones en el mineral, y mediante acuerdos para que el país euroasiático intervenga directamente en la explotación.

En forma expresa Erdogan manifestó su respaldo a Nicolás Maduro para esquivar la orden ejecutiva suscrita por el presidente Donald Trump, el primero de noviembre de este año, con el propósito de impedir el “saqueo de las riquezas de Venezuela con fines corruptos”, según reza el documento.

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Este bloqueo a las transacciones internacionales relacionadas con el oro venezolano es la más reciente de una serie de sanciones a funcionarios venezolanos que han sido vinculados con el tráfico de drogas, el lavado de dinero y la corrupción. “El régimen de Maduro ha usado el sector oro como bastión para financiar actividades ilícitas, para llenar sus arcas y para apoyar grupos criminales”, ha dicho el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton.

Por otra parte, el propio gobierno venezolano ha reconocido la existencia de una creciente y descontrolada actividad minera ilegal en el sur del país. En junio de este año, el vicepresidente del área económica, Tareck El Aissami reportó la detención de 28 personas como resultado de una operación denominada “Manos de metal”. “Estas bandas tenían como ‘modus operandi’ la compra del oro a los pequeños mineros del estado (suroriental) Bolívar y luego, con redes del crimen organizado, sacaban ese material fuera de Venezuela”, precisó El Aissami.

Un informe de The Global Initiative Against Transnational Organized Crime, titulado “El crimen organizado y la minería ilegal del oro en América Latina” y publicado en 2016, revela que entre 80 y 90 por ciento del mineral producido en Venezuela es ilegal.

Análisis de InSight Crime

El gobierno de Maduro soslaya el fortalecimiento del crimen organizado y el recrudecimiento de la violencia que se contabiliza en masacres alrededor de la explotación de oro en Venezuela. Formalmente, el tema está fuera de la agenda de las negociaciones con Erdogan. Lo que priva es el tema económico y vencer los obstáculos que ha puesto el gobierno de Estados Unidos.

Venezuela aspiraba a producir 24 toneladas de oro en 2018, pero luego de las sanciones internacionales impuestas el primero de noviembre de este año, se ha visto obligada a actuar con más cautela. Por ejemplo, ya el Banco de Inglaterra se ha resistido a devolverle las reservas de oro que tiene bajo su custodia, valoradas en  US$550 millones.

Para llamar la atención de la opinión pública internacional, Estados Unidos ha puesto el acento en el crimen organizado alrededor de la minería ilegal. Al cuestionar los negocios entre Venezuela y Turquía, el secretario asistente del Tesoro estadounidense, Marshall Billingsleay utilizó la expresión “oro de sangre”, para comparar las muertes, el caos y la violencia extrema que caracterizan la minería ilegal controlada por el crimen organizado en Venezuela con la explotación de “diamantes de sangre” en África.

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Algunos documentos oficiales respaldan la comparación de Billingsleay. “Gramas de sangre, bulla en Tumeremo”, fue el título que la policía científica de Venezuela le colocó al informe final -al cual tuvo acceso InSight Crime- sobre la masacre de al menos 17 mineros en la población de Tumeremo, en marzo de 2016. Para ese momento apenas había transcurrido  un mes desde la creación del Arco Minero del Orinoco en la franja norte del estado Bolívar; un proyecto de minería a gran escala que ocupa 111.843 kilómetros cuadrados y compromete el equilibrio ecológico de la Amazonia.

Dos años después de la masacre de Tumeremo, los cálculos más conservadores indican que han ocurrido más de 30 matanzas y el pranato minero se ha consolidado como un enclave criminal en la zona. Del mismo modo que en las cárceles venezolanas, al sur de Venezuela el pranato impone sus reglas a sangre y fuego, en algunos casos con participación directa de las autoridades civiles y militares.

A esto se suma el incremento de los hechos de sangre en Bolívar, que es el cuarto estado de Venezuela con mayor tasa de homicidios (113 casos por 100.000 habitantes), según el informe 2017 del Observatorio Venezolano de Violencia. En comparación con 2016 anterior, los homicidios aumentaron 70 por ciento. El municipio El Callao del estado Bolívar, el de mayor tradición en la explotación de oro, destaca en los reportes del observatorio como el más violento del país, con 817 homicidios por cada 100.000 habitantes.

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Las fuerzas de seguridad han terciado en las hostilidades e, incluso, tienen en su haber más muertos que las bandas criminales vinculadas a la minería ilegal. Entre las más recientes y sangrientas masacres están las ocurridas en septiembre de 2017, cuando el Ejército y la policía científica asesinaron a 21 personas. Y el 10 de febrero 2018 cuando  hubo otros 18 asesinatos luego de una incursión del Ejército.

Por si fuera poco, la presencia del ELN en la zona ha contribuido con el aumento de la violencia y se le atribuye la ejecución de siete mineros, el 14 de octubre de 2018.

 

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