Oficiales del ejército venezolano dicen haber “evacuado voluntariamente” a miles de mineros del Parque Nacional Yapacana, en el estado de Amazonas, en un vistoso, pero opaco operativo que, según los críticos, ha tenido mínimo impacto en la economía de la minería de oro en la región y en los grupos armados que se lucran de ella.
Entre el 1 de julio y el 13 de agosto, el ejército venezolano anunció el retiro de 8.660 mineros no autorizados que trabajaban en una zona protegida, como parte de la Operación Escudo Bolivariano Autana 2023. La operación, iniciada en diciembre de 2022, se propone erradicar la minería ilegal de oro en el estado de Amazonas, al sur de Venezuela, una zona rica en recursos naturales que ha registrado una explosión de minería aurífera informal desde 2016.
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Algunos de los primeros desplazamientos forzados se hicieron de una mina conocida como La Bulla, una de las explotaciones menos productivas de la zona, según un minero que habló con InSight Crime después de tratar de conseguir trabajo allí en mayo de 2023. Otras evacuaciones han ocurrido en minas conocidas como La 40 y Caño Jabón. Un investigador local describió estos lugares como “minitas”, que no se parecen en nada a otras en el mismo parque.
Las autoridades no han especificado de cuáles otras minas se ha evacuado gente, si bien el Parque Nacional Yapacana alberga más de 4.100 campamentos mineros, según un análisis de imágenes satelitales del Proyecto Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP). La organización para los derechos indígenas Kapé Kapé ha estimado entre 15.000 y 18.000 el número de mineros no autorizados que operan en esas zonas.
Dos guerrillas colombianas, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente Acacio Medina de las antiguas FARC, reciben ingentes ganancias de estas minas, pues controlan casi la totalidad de las actividades económicas en la región, entre lo que se cuenta la extracción de oro, la venta del mineral, la distribución de combustible y el contrabando. Sin embargo, no se han presentado enfrentamientos entre el ejército y las guerrillas, y los representantes del gobierno no han reportado capturas de ninguno de esos grupos.
Análisis de InSight Crime
Este es el primer desplazamiento masivo de mineros de Yapacana, pero la falta de transparencia y un aparente fracaso en la persecución de los intereses de los grupos guerrilleros dejan más preguntas que respuestas.
Se dice que tanto el ELN como el Frente Acacio Medina mantienen nexos de mutuo beneficio con figuras políticas y militares en el estado de Amazonas, lo que da piso a las dudas sobre las intenciones de las operaciones de combatir a los grupos armados responsables de la minería ilegal en la región.
Un investigador local que trabaja con una organización no gubernamental y un abogado indígena, ambos hablando bajo condición de anonimato por razones de seguridad, declararon a InSight Crime que la guerrilla despejó las zonas aledañas a donde se desplegaron soldados, lo que indicaría la posibilidad de colusión entre el Ejército y esos grupos.
SOS Orinoco, organización sin ánimo de lucro dedicada a informar sobre la región minera de Venezuela, calificó la Operación Autana de “show mediático”, en referencia a la atención casi permanente que ha recibido en las cuentas de redes sociales de oficiales del Ejército. “La situación que describe [el ejército] a los medios es distinta de lo que hemos vivido”, explicó un minero indígena que evacuó la zona y que habló de manera anónima por temor a represalias. “No consideramos ese trato humano”.
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Más aún, no parece que haya planes de compensar a los mineros desplazados o de darles capacitación laboral en otros campos, pese a que muchos llegaron a las minas por desesperación económica. Los dos mineros que hablaron con InSight Crime denunciaron que los dejaron a su suerte en las afueras del parque, a pesar de las declaraciones del ejército asegurando que brindaría ayuda humanitaria como parte de la operación.
“Estas evacuaciones […] han seguido desplazándonos región tras región”, lamentó uno de los mineros desplazados. Algunos de sus compañeros se quedaron en Puerto Ayacucho, capital de Amazonas, y otros cruzaron la frontera al departamento de Guainía, en Colombia, según relataron. Por otro lado, señalaron que otros más ya habían regresado a las mismas minas que el ejército dijo haber desmantelado.
Los informes oficiales alegan que los soldados instalaron retenes para impedir que los evacuados regresaran, pero varias fuentes dudan de la capacidad y la voluntad del ejército para mantener el control.
“La gente sigue trabajando en las minas, van y vienen, no es ningún secreto", comentó un minero desplazado, que también hizo su declaración bajo la condición del anonimato y añadió que la corrupción entre las fuerzas armadas ha permitido que se mantengan las actividades mineras.
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