La denuncia presentada ante Ministerio Público contra el expresidente de Honduras Porfirio Lobo por la presunta malversación de fondos públicos, para programas sociales, es la más reciente de una serie de investigaciones por corrupción y narcotráfico contra su familia y su circulo cercano, que por primera vez podría involucrar directamente al exmandatario.

El 4 de febrero, la organización de sociedad civil Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) de Honduras presentó una denuncia contra el expresidente Porfirio Lobo (2010-2014) ante la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC) del Ministerio Público (MP), por el desvío de fondos estatales que ascienden al menos a 25 millones de lempiras (más de US$1 millón).

VEA TAMBIÉN: Noticias y perfiles de Honduras

Según el CNA, los fondos, que supuestamente estaban destinados para la implementación de programas sociales habrían sido desviados para gastos de seguridad presidencial a través de una serie de solicitudes realizadas en junio de 2013 al Consejo Directivo del Patronato Nacional de Infancia (Codipani) por el presidente y la exprimera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo, quien actualmente se encuentra en prisión preventiva.

En respuesta, Lobo realizó una rueda de prensa en la que afirmó que un amigo periodista le había filtrado la investigación poco antes de que el CNA la hiciera publica y aseguró que las acusaciones responden a “presiones de arriba” y que él “jamás tomaría un centavo de los pobres”.

YouTube video

Video Cortesía de Tsi Honduras

En entrevista con Proceso Digital, el portavoz del MP Yuri Mora señaló que la fiscalía actualmente se encuentran analizando las pruebas presentadas por el CNE.

Análisis de InSight Crime

Aunque ya varios casos e investigaciones han salpicado al circulo cercano del expresidente en actividades criminales durante su mandato, de ser validada por el MP la información denunciada por el CNA, esta podría ser la primera vez que el expresidente es vinculado directamente a una investigación penal –a pesar de fuertes rumores en el pasado–.

En noviembre del año pasado, una investigación del MP y MACCIH vinculó al hermano y al exsecretario de Lobo en un caso denominado Caja Chica del Hermano, descrito como “un entramado para desviar en beneficio propio dinero público que estaba inicialmente destinado a sufragar los gastos de la seguridad de la casa presidencial”.

El caso mantiene fuertes coincidencias con el presentado por la dupla investigativa contra la ex primera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo en febrero de 2018, denominado Caja Chica de la Dama, por un esquema de desvió de dinero también destinado a obras sociales.

VEA TAMBIÉN: InDepth Élites y crimen organizado

Por su parte, el hermano de Lobo ya había sido señalado ante la Corte de Distrito Sur de Nueva York por Devis Leonel Rivera Maradiaga, líder del grupo narcotraficante Los Cachiros, de facilitar vínculos entre el grupo de crimen organizado y el gobierno de su hermano. En sus declaraciones, Rivera Maradiaga también acusó al expresidente de recibir sobornos.

Fabio Lobo, el hijo del expresidente también fue condenado a 24 años de cárcel en Estados Unidos en noviembre de 2017, luego de que se declarara culpable por conspirar para traficar cocaína. Según un comunicado de la Fiscalía en ese caso, “con el fin de ayudar a traficantes y enriquecerse, Lobo usó el cargo de su padre y sus propias conexiones para unir a narcotraficantes con policías y funcionarios públicos corruptos”.

Durante los últimos años, el CNA ha presentado 80 casos, de los cuales apenas 13 han sido judicializados. Según fuentes consultadas en Honduras, a pesar de los altos niveles de impunidad en el país, la alta cantidad de casos presentados por el CNA que según la organización se encuentran en la impunidad (67), podría también estar explicado por la debilidad del material probatorio que en ocasiones ha sido presentado por la organización de la sociedad civil, como en el caso actual, en el que una parte importante son fotocopias.

Como InSight Crime ha señalado, en el CNA confluyen diferentes poderes económicos y políticos, que han probado ser poco objetivo en algunas de las investigaciones presentadas en el pasado.