Estados Unidos y México han anunciado oficialmente una nueva etapa de su alianza contra el crimen organizado transnacional y el cambiante tráfico regional de narcóticos, pero los recientes anuncios indican que los dos países están centrando sus resultados en algunas de las mismas estrategias fallidas.
El secretario de relaciones exteriores de México, Marcelo Ebrard, se reunió el 14 de diciembre con varios delegados del gobierno estadounidense para celebrar el despegue oficial del Marco Bicentenario, según un comunicado del gobierno. Anunciado inicialmente a comienzos de octubre durante un “diálogo de alto nivel sobre seguridad”, el plan propone una “nueva visión compartida de la seguridad y la cooperación regional”.
En particular, el programa se propone prevenir el abuso de sustancias ilícitas mediante un enfoque de salud pública, reducir el tráfico de armas reforzando el rastreo e invirtiendo en mejor tecnología, ampliar el intercambio de información para desmantelar redes financieras ilícitas, aumentar la cooperación para facilitar las extradiciones y perseguir los laboratorios de procesamiento de narcóticos y los precursores químicos para interrumpir las cadenas ilegales de suministro, entre otras prioridades.
El secretario Ebrard comentó que la nueva iniciativa implica que ambos países “dejarán atrás la iniciativa Mérida”. Lanzada en 2007, esa campaña de seguridad binacional con un presupuesto de miles de millones de dólares fracasó en líneas generales en su propósito de mejorar la seguridad ciudadana, reducir la violencia, frenar la corrupción o confrontar la amenaza traída por las organizaciones criminales que trafican con narcóticos, armas y otras mercancías de contrabando.
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Un día después del inicio de las nuevas campañas de seguridad de los gobiernos estadounidense y mexicano, el Departamento de Estado anunció “pasos importantes para reforzar … las medidas para frustrar y disuadir la actividad criminal transnacional”. De manera específica, los funcionarios señalaron que ahora ofrecerían hasta US$20 millones totales a quien entregara información que permitiera la captura de los miembros del Cartel de Sinaloa Ovidio Guzmán López, Iván Archivaldo Guzmán Salazar, Jesús Alfredo Guzmán Salazar y Joaquín Guzmán López.
Ellos son los cuatro hijos de exjefe del cartel de Sinaloa Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo” —ahora preso en Estados Unidos, donde paga una sentencia de cadena perpetua por un sinnúmero de delitos— se conocen en conjunto como “Los Chapitos”. Actualmente están enfrentados por el control del grupo con Ismael Zambada García, alias “El Mayo”, uno de los más veteranos del cartel.
Las autoridades estadounidenses también aumentaron recientemente la recompensa por ayudar a arrestar a Aureliano Guzmán Loera, alias "El Guano", el hermano mayor de El Chapo y otra figura importante del Cártel de Sinaloa con quien Los Chapitos también estarían enfrentados.
Además, la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro estadounidense anunció nuevas designaciones para los grupos Los Rojos y Guerreros Unidos de México por su participación en el trasiego de narcóticos hacia Estados Unidos. Solo en México, el gobierno estadounidense prometió pagar hasta US$50 millones por información que permita la captura de varios cabecillas de organizaciones criminales: "Los Chapitos" y "El Mayo", del Cartel de Sinaloa; Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), entre otros.
El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, dijo que capturar a los hijos de El Chapo es una "prioridad", y si están en México, debería ser responsabilidad de las autoridades mexicanas llevarlos ante la justicia.
Análisis de InSight Crime
Las relaciones de seguridad Estados Unidos-México pueden estar entrando a una nueva fase en el papel, pero la persecución de diferentes grupos criminales y sus cabecillas mediante recompensas y sanciones multimillonarias indica que el plan a seguir seguirá dependiendo en parte en una estrategia con muchos problemas: perseguir a los líderes.
“El gobierno estadounidense está haciendo anuncios grandilocuentes cuando afirma que las primeras acciones concretas tomadas dentro del nuevo Marco Bicentenario son una reafirmación de la estrategia de los capos, y eso es muy desafortunado”, comentó Guadalupe Correa-Cabrera, experta en relaciones Estados Unidos-México y crimen organizado en México.
Desde que Felipe Calderón lanzó una ofensiva contra las organizaciones criminales en 2006, con respaldo de Estados Unidos y ejecutaron de manera conjunta la idea de capturar y extraditar a los cabecillas, también conocida como la estrategia kingping, la violencia en México se ha disparado a niveles sin precedentes.
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Esto lo confirman los hechos: los homicidios han aumentado en casi 300 por ciento en los tres últimos lustros, como lo señalan las cifras del gobierno nacional, de 34.515 homicidios y cerca de 1.000 feminicidios en 2020. Y desde 2007, se ha triplicado el número de investigaciones por homicidio reportadas por el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) de México, según datos recogidos por el Proyecto Justicia en México, de la Universidad de San Diego.
“Los cambios de liderazgo, en especial por cuenta de la persecución de ‘capos’ de la droga por parte de las autoridades mexicanas y estadounidenses, han contribuido a [...] divisiones internas y usurpación por parte de organizaciones rivales, lo cual ha desencadenado violencia”, según señalaba un reciente informe de Justicia en México sobre el crimen organizado y la violencia en el país.
No solo eso, sino que el panorama criminal en México ha sufrido una fragmentación sustancial gracias a la atención desproporcionada que se ha dado a los capos. La organización International Crisis Group estima que existen unos 200 grupos criminales activos en México actualmente, y muchos de ellos son facciones que han desertado de grupos que llegaron a acumular un gran poder, como Los Zetas y la Organización Beltrán Leyva, hasta llegar a convertirse en grupos increíblemente depredadores.
Las consecuencias imprevistas de la estrategia hipermilitarizada contra los capos fue uno de los argumentos centrales sobre la necesidad de una reforma integral a la Iniciativa Mérida. El Marco Bicentenario prometió un cambio para abordar las causas de los problemas de violencia y salud pública que produce el abuso de sustancias ilícitas.
Pero en esta etapa inicial no parece que el marco plantee un “cambio fundamental” a la manera como operan ambos países en sus iniciativas conjuntas de seguridad, según Jaime López, consultor de política de seguridad y exoficial de policía en México. Él señala que es posible que esa línea cambie en el futuro, a medida que el plan avance, pero hasta el momento la respuesta parece ser el mismo escenario con un nombre distinto.
Correa-Cabrera coincide con esto y añade que parece más un cambio cosmético. “Es la misma iniciativa con otro nombre, solo maquillada”, afirmó en entrevista con InSight Crime.
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