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Qué hay detrás de la expansión del tráfico de cocaína en Bolivia

BOLIVIA / 25 OCT 2022 POR ALESSANDRO FORD ES

El poder de las pandillas brasileñas y clanes criminales locales, combinado con políticas de gobierno deficientes, han propiciado el crecimiento continuo del tráfico de cocaína en Bolivia en los últimos años. Y el mercado legal de la coca en Bolivia no es suficiente para contrarrestar la demanda internacional de cocaína y la violencia que esta economía trae aparejada.

Los episodios se acumulan. Entre enero y septiembre, han sido brutalmente asesinadas al menos 29 personas en el país, principalmente en conexión con el tráfico del alcaloide, según fuentes de la policía citadas por el diario boliviano Página Siete. Dieciséis de esas muertes ocurrieron en la provincia de Santa Cruz, en límites con Brasil, escenario de una guerra entre las principales agrupaciones criminales de ese país, el Primer Comando de la Capital (Primeiro Comando da Capital, PCC) y el Comando Rojo (Comando Vermelho, CV), por el control del tráfico de cocaína.

En septiembre, según los fiscales bolivianos, un traficante brasileño fue acribillado en Santa Cruz después de la presunta importación de cocaína de Bolivia hacia Brasil por un valor cercano a los US$60 millones.

Bolivia está a punto de cerrar uno de sus años más grandes en términos de decomisos de cocaína. En septiembre, el país había captado 14,5 toneladas de cocaína en lo corrido de 2022, el volumen más importante desde 2016, según el ministro de gobierno Eduardo del Castillo.

Para ahondar en estos temas, InSight Crime habló con Joaquín Chacin, especialista en seguridad y narcotráfico e investigador asociado de la Universidad Mayor de San Simón, en Cochabamba, Bolivia.

VEA TAMBIÉN: Diferencias de precio mantienen flujo ilegal de coca de Perú a Bolivia

InSight Crime (IC): ¿Cómo ha cambiado el sector de la coca de Bolivia, tanto legal como ilegal, en los últimos años?

Joaquín Chacin (JC): La economía de la hoja de coca en Bolivia se caracteriza por tener mercados de tipo formal, informal e ilegal, cuyos principales destinos son el consumo tradicional (pijcheo) y el narcotráfico. En los últimos años se ha visto un incremento de las formas ilegales de producción, comercialización y consumo de coca (para el narcotráfico) y un relajamiento de los controles estatales y sociales del cultivo de coca que cuestionan la naturaleza de la política “coca no es cocaína”.

Consecuencia de ello, existe la tendencia hacia la sobreproducción de coca más allá de los límites fijados por la ley y el incremento del contrabando de coca peruana han hecho del país un lugar donde abunda la materia prima para la producción de cocaína. Esto es un incentivo para el narcotráfico, donde, junto a otros factores, ha incidido para que el país se convierta en un laboratorio de fabricación de cocaína y en el principal proveedor de esta droga en el cono sur de América Latina.

IC: ¿Cuáles han sido las medidas más significativas tomadas por la administración de Luis Arce en relación con el sector de la coca? ¿Qué efecto han tenido?

JC: El actual conflicto en torno al control del mercado legal de coca de Villa Fátima en La Paz, entre cocaleros de los Yungas pertenecientes a la Asociación Departamental de Productores de Coca (ADEPCOCA) y facciones cocaleras afines al gobierno, es sin duda uno de los principales problemas que enfrenta el gobierno de Arce. La respuesta al conflicto ha sido la criminalización de la dirigencia cocalera de ADEPCOCA y la confrontación con sus bases, profundizando en las diferencias y enemistad entre las regiones cocaleras de La Paz y Cochabamba (producto de la competencia por el reconocimiento legal de sus mercados). 

El efecto se verá reflejado en una pérdida de legitimidad de la política pública, poniendo en juego la concertación como principal medio de gobernanza del sector. La política de control social aplicada a la racionalización de cultivos y el desarrollo integral con coca se sustentan en acuerdos y diálogos para poder ser implementada.

IC: ¿Cuáles han sido los principales desafíos?

JC: Un desafío central es volver más eficiente y transparente la política de la coca y lucha contra el narcotráfico. Los datos oficiales no visibilizan lo que está debajo de los logros aparentes. Si la producción total de coca en el país asciende a 52.000 toneladas al año y la venta de coca en los mercados primarios asciende a 19.000 toneladas

¿A dónde va a parar toda la coca restante? La regulación es deficiente en cuanto a los controles que se ejercen sobre todo en la región del Chapare, donde solo 10 por ciento de la hoja de coca cosechada pasa por el mercado legal.

Los objetivos de erradicación y racionalización de los cultivos de coca merecen ser revisadas a la luz de los 12 años de experiencia y el control social ha perdido impulso, manejándose de manera laxa, y sin ningún control externo a los sindicatos cocaleros.

En otros temas relacionados, es impostergable una reforma judicial y de seguridad pública que permita mayor eficiencia en el área, así como recuperar discusiones claves en torno al control de armas de fuego, la fiscalización de precursores, la gobernanza criminal y la normalización del “narco” en las generaciones más jóvenes.

IC: ¿Cuáles han sido los cambios más importantes en el tráfico de cocaína boliviano en los últimos años?

JC: El rol de Bolivia ha cambiado de ser un país productor de materias primas como la coca y la pasta base, a ser un exportador de clorhidrato de cocaína. Los encuentros cada vez más frecuentes de fábricas y laboratorios clandestinos en regiones remotas (los cultivos de coca aumentaron 44 por ciento entre 2019 y 2020 en áreas protegidas) evidencian la capacidad y flexibilidad que tiene el narcotráfico.

Esto ha posibilitado la diversificación de las rutas más allá de las tradicionales hacia Chile y Argentina, como hacia Brasil y Paraguay, donde se han incrementado las incautaciones de cocaína boliviana. Esta última es una ruta que se ha consolidado en años recientes ya que provee mayores oportunidades por la diversidad de sus vías tanto terrestres, aéreas y fluviales, como la hidrovía Paraná-Paraguay.

Los métodos de transporte de la cocaína han tenido la protección suficiente (Policía Boliviana) como para llevar cargas más voluminosas a través de avionetas, embarcaciones, y vehículos y la utilización de los puentes aéreos hacia Brasil y Paraguay de escaso control, han sido los principales factores en la consolidación de las rutas del tráfico de cocaína del oriente boliviano.     

IC: En este momento, aproximadamente, ¿qué proporción de la pasta de coca boliviana se procesa en el país?

JC: En 2019, se secuestraron aproximadamente 9,1 toneladas de pasta base y 6,4 toneladas de clorhidrato de cocaína, lo que representa menos del 10 por ciento del total del potencial de producción de Bolivia.

Si a esto le sumamos que en ese mismo año la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico reportó que fueron más las fábricas de elaboración de pasta base destruidas que los laboratorios de cristalización de cocaína, podemos concluir que existe una mayor proporción de pasta base que se exporta para ser refinada fuera del país.

Aunque es una de las posibilidades, existen también indicios en la otra dirección. Por ejemplo, según el análisis químico de drogas incautadas en Europa entre 2019 y 2020 (tanto para consumo como en tránsito), la cocaína de Bolivia y Perú representó 25 por ciento del total.

Además, en 2021 se confiscaron en Bolivia alrededor de 18 toneladas métricas de cocaína, lo que lleva a pensar que el procesamiento íntegro de la coca a la cocaína se ha incrementado en suelo boliviano.

IC: ¿Cómo han cambiado los precios promedio de la hoja de coca y la pasta de coca en los últimos años? ¿Cómo, en todo caso, ha diferido eso en las varias partes de Bolivia?

JC: Los precios de la hoja de coca pueden variar de semana en semana y dependen de su calidad y procedencia. En general la hoja de coca Yungueña es 30 por ciento más cara que la Chapareña debido a su mayor calidad y demanda para consumo tradicional.

Sin embargo, en los últimos años y dada la sobreproducción y los efectos de la pandemia, los precios han caído, llegando a costar en los mercados legales alrededor de $10 el kilogramo (Villa Fátima en La Paz-Yungas) y cerca de $7 el kilogramo (Sacaba en Cochabamba-Chapare).

IC: ¿Cómo ha cambiado, si es que ha cambiado, el abastecimiento de precursores químicos para el procesamiento de pasta de coca y cocaína?

JC: Argentina es uno de los principales proveedores de precursores químicos a Bolivia. Las fronteras porosas y con poca presencia estatal han sido las principales características para su acceso. Por otro lado, se utilizan precursores nacionales como el cemento y la gasolina, que son económicos y asequibles en cualquier parte del país.

La gasolina juega un papel importante en la dinámica coca-cocaína, al punto de que Yapacaní, región fronteriza con la zona productora de coca del Chapare, es considerada zona roja por la producción de pasta base y clorhidrato de cocaína, y uno de los principales consumidores de gasolina del Departamento de Santa Cruz, con un consumo de casi 13 millones de litros en 2019 para una población de 10.000 habitantes.

VEA TAMBIÉN: Clanes de Bolivia, proveedores importantes de cocaína hacia Brasil y Colombia

IC: En términos de traficantes de cocaína bolivianos, ¿quiénes son los principales actores locales?

JC: Los clanes familiares juegan un rol como intermediarios entre la producción y comercialización de la cocaína boliviana hacia el mercado extranjero a través de nexos con organizaciones criminales brasileñas, colombianas, y mexicanas.

Funcionan también como enlaces con algunas estructuras del poder político local, donde los Lima Lobo, los Castedo, y el clan Rodríguez son claros ejemplos.

Existen también estructuras políticas ligadas al narcotráfico desde el poder político central.

IC: ¿Cómo ha cambiado, si es que ha cambiado, la presencia de narcotraficantes brasileños en el país en los últimos años?

JC: Hay cierta evidencia para considerar que el incremento de asesinatos llevados a cabo por sicarios en el oriente boliviano es consecuencia de la violenta competencia entre las organizaciones criminales brasileñas. Esto es para asegurar mayores suministros, mejores rutas comerciales, protección política, y control territorial.

Se ha reportado la presencia de grupos como el Primer Comando de la Capital (PCC) o el Comando Vermelho (CV) desde 2010, que son los que llevan al Brasil la gran parte de la cocaína que produce Bolivia. Estos grupos han logrado el control de ciudades fronterizas como Cobija, Puerto Suárez, San Matías, Guayaramerín, y otras.

IC: ¿Alguna predicción para el futuro del tráfico de cocaína en Bolivia?

JC: Entre los futuros escenarios a los que se enfrenta Bolivia está el incremento de la violencia relacionada al tráfico de cocaína. En la misma lógica, la expansión de las economías ilícitas en territorios estratégicos será un tema crucial a enfrentar.

Ahora hay amplias zonas “cooptadas” por las actividades ilegales, incluyendo seis áreas protegidas con presencia de cultivos ilícitos y al menos 14 territorios indígenas con presencia de actividades relacionadas al narcotráfico.

El consiguiente impacto ambiental y cultural que generan incluye patrones de deforestación ligados al cultivo ilícito de coca, contaminación hídrica, tala ilegal de madera, tráfico, y avasallamiento de tierras.

Del mismo modo, la vulnerabilidad de Bolivia con respecto a la economía del narcotráfico es preocupante. Algunos estudios académicos recientes estiman que en Bolivia el narcotráfico mueve alrededor de US$1.500-2.000 millones anuales.

*Esta entrevista ha sido editada por longitud y claridad.

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