Las pandillas de El Salvador han venido emboscando a la policía con armas de uso militar, despertando miedos de que las pandillas, por primera vez, hayan superado en armamento a la policía. ¿Es el ejército salvadoreño la fuente de sus armas?
Durante los últimos meses, las pandillas han perpetrado múltiples ataques letales contra la policía, disparando con rifles de asalto M-16 y AK-47, lo que plantea interrogantes sobre el origen de su armamento. Ahora, una investigación ha descubierto evidencia de que los propios militares están traficando las armas, y el fiscal general de El Salvador ha señalado que el más alto funcionario militar del país, el ministro de Defensa, David Munguía Payés, está implicado.
En una conferencia de prensa sorpresa el 10 de junio, el fiscal general Luis Martínez, anunció que Munguía Payés era uno de los varios oficiales militares de alto nivel que estaban siendo investigados en relación con el tráfico de cientos de armas de fuego que debieron haber sido destruidas. Martínez dijo que “no sería sorpresivo” que las armas hubieran terminado en manos de las pandillas.
El anuncio de Martínez se presentó sólo momentos después de que el recién inaugurado presidente, Salvador Sánchez Cerén, dejara una ceremonia de cambio de mando, donde la policía colmaba las calles en su honor. Las acusaciones contra Munguía Payés -un controvertido vestigio de la anterior administración del expresidente Mauricio Funes- ponen al nuevo presidente en aprietos, dijo Douglas Farah, investigador principal del International Assessment and Strategy Center (IASC), ubicado en Washington.
“Durante mucho tiempo ha habido serios informes de que hubo venta de armas bajo su mando [de Munguía Payés]”, dijo. “Creo que va a ser una vergüenza”.
En la conferencia de prensa, Martínez dijo que Munguía Payés no había podido asistir a dos audiencias sobre la investigación del caso de tráfico de armas. Una tercera está prevista para el 18 de junio.
“Él ya mandó a su defensor particular y eso reafirma que está en proceso de investigación así como otros altos oficiales de la Fuerza Armada” dijo Martínez.
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El anuncio de Martínez se presenta luego de un enfrentamiento el 30 de mayo, en el que funcionarios militares bloquearon el ingreso de investigadores de la Fiscalía General a cinco guarniciones, en su intento por apoderarse de los documentos relacionados con el caso de las armas traficadas.
Los documentos se pidieron para un inventario completo del arsenal de la nación, según el fiscal general. Después de que los investigadores no pudieran tener acceso a ellos, Martínez fue tan lejos que afirmó: “No he conocido ningún ministro [de Defensa] más mentiroso y falso como el general Munguía Payés”.
Munguía Payés respondió que el fiscal general había excedido sus límites, y que la divulgación de esa información habría sido una amenaza para la seguridad nacional.
Munguía Payés se desempeñó como ministro de Defensa de El Salvador entre 2009 y 2011, y posteriormente fue nombrado ministro de Seguridad, cargo que ocupó durante la tregua entre pandillas de El Salvador en 2012. Una investigación de El Faro reveló que funcionarios de Munguía Payés habían permitido a los principales líderes de las pandillas Mara Salvatrucha (MS13) y Barrio 18, ser trasladados a prisiones de baja seguridad, posiblemente para hacer más atractivo el acuerdo, así como también para que puedieran hablar con sus soldados de a pie acerca del cese al fuego.
El año pasado, la Corte Suprema de El Salvador dictaminó que era inconstitucional que un oficial militar estuviera a cargo de la fuerza de policía civil, y Munguía Payés fue devuelto a su antiguo puesto como ministro de Defensa. Su sustituto, Ricardo Perdomo, es un feroz crítico de la tregua entre pandillas que utilizó su posición para socavar el proceso y el pacto se fue a pique. Este año, las calles se han vuelto a tornar sangrientas, volviendo a los niveles de asesinatos previos a la tregua, con casi 12 al día.
La decisión del recién inaugurado presidente Salvador Sánchez Cerén de mantener a Munguía Payés fue una sorpresa para los observadores dentro y fuera de El Salvador, dada la capacidad del ministro de Defensa para atraer rumores y polémica.
Farah dijo que el papel de Munguía Payés en la tregua fue una de las posibles razones que tuvo el nuevo gobierno para mantenerlo en el cargo. “Creo que había una sensación de que si cortaban los lazos con Munguía Payés inmediatamente se podría desatar una oleada aún más significativa de violencia de pandillas que la que ya están viendo”.
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Sin embargo, como consecuencia de las nuevas acusaciones contra Munguía Payés, el gobierno de Sánchez Cerén ha anunciado que ya no prestará su apoyo a la tregua.
Si las acusaciones resultan ser ciertas, significaría que un arquitecto clave de la tregua estaba involucrado en, o se hizo el de la vista gorda a, la venta de armas militares que terminaron en manos de las pandillas.
“Esto va a elevar todos los tipos de señales de alerta”, dijo Farah.
El ejército de El Salvador tiene una larga historia de enriquecerse vendiendo de todo, desde gasolina hasta armas. Fuentes de inteligencia dicen que no hay controles externos para detener o prevenir el tráfico de armas por parte del personal militar, y que ha habido varios casos de tráfico durante el mandato de Munguía Payés como ministro de Defensa.
En 2011, el capitán del ejército salvadoreño Héctor Antonio Martínez Guillén, se declaró culpable en una corte federal de Estados Unidos por terrorismo después de haber ofrecido vender fusiles automáticos, municiones y explosivos plásticos, a agentes encubiertos que se hacían pasar por miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Durante una investigación de un año que comenzó en 2010, Martínez Guillén, también conocido como “El Capitán”, afirmó tener acceso a rifles de asalto AK-47 y M-16 e incluso a granadas propulsadas por cohetes. Una fuente de inteligencia regional dijo a InSight Crime que la investigación preliminar sobre “El Capitán” se inició después de que miembros de pandillas provocaran varias explosiones en el centro de San Salvador. Los explosivos plásticos y varias granadas utilizadas en los ataques finalmente fueron rastreados hasta Martínez Guillén y a un alijo de armas militares.
En octubre de 2013, la policía salvadoreña retiró 213 granadas y un lanzador ruso de misiles portátiles que habían sido robados de un depósito de armas de guerra. Las armas, que se encontraron enterradas en una casa en la parte occidental del país, estaban destinadas al notorio cartel de los Zetas en México, y habían sido sacadas de contrabando del depósito en un camión lleno de arena. Los investigadores luego acusaron al mayor del Ejército Elmer Espinoza Hércules de trafico de armas -que se suponía que habían sido destruidas.
La fuente de inteligencia regional que pidió no ser identificada debido a la naturaleza sensible del tema, dijo que, a menudo, las armas decomisadas son traficadas.
Señalando que rifles de asalto dañados y en desuso, que están programados para ser destruidos, son contrabandeados por partes y reparados. Las armas reconstruidas después se venden en el mercado negro.
“El tráfico de armas en el ejército es común”, dijo la fuente. “Munguía Payés no es el hombre clave, pero si tiene conocimiento de lo que está sucediendo.”