Los alcaldes de las “zonas de paz” de El Salvador dicen que la iniciativa ha llegado a un punto muerto debido a la falta de fondos nacionales; otra señal de que la tregua entre pandillas del país se está muriendo lentamente.
Los alcaldes de ocho de las 11 zonas de paz de El Salvador -áreas donde los miembros de las dos principales pandillas, la Mara Salvatrucha (MS13) y Barrio 18, se han comprometido a poner fin a toda actividad criminal- dicen que los fondos prometidos por el gobierno, destinados a las iniciativas de prevención de la violencia, no han logrado materializarse, informó La Prensa Gráfica. Los funcionarios dijeron al periódico que por eso la tregua se había vuelto insostenible.
Salvador Ruano, alcalde de Ilopango, que en enero pasado se convirtió en la primera zona de paz en ser inaugurada, dijo, “el gobierno actual (…) ya no quiso conocer (el proyecto). El presidente también se econdió cuando él fue uno de los iniciadores de esto”.
Raúl Mijango, exasesor del Ministerio de Defensa y uno de los mediadores de la tregua entre pandillas acordada entre la MS13 y Barrio 18 en marzo de 2012, dijo que los pandilleros eran los únicos que estaban poniendo esfuerzos en la tregua y estaban adoptando las medidas prometidas.
El ministro de Seguridad Ricardo Perdomo afirmó que cada ministerio tenía programas de prevención de la violencia, y que el dinero había sido invertido en los municipios de todo el país sin que se hubiera hecho un acto “pomposo” al respecto. “Esas son mentiras, pregúntele cuánto ha sumado esta admnistración en ellos”, dijo Mijango.
Análisis de InSight Crime
Inicialmente hubo un gran motivo de optimismo en cuanto a la tregua entre pandillas de El Salvador, con las tasas de homicidio reduciéndose en un 45 por ciento a un año de haber sido firmada. Pero desde que esa impresionante hazaña fue anunciada, las malas noticias sólo han seguido llegando: incluyendo aumentos en la extorsión; desapariciones y descubrimientos de fosas clandestinas; informes de que los líderes de las pandillas no pueden hacer cumplir el acuerdo entre todos los miembros; y quejas de que los programas sociales necesarios para garantizar la sostenibilidad de la tregua no se han promulgado.
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El gobierno no ha sido claro sobre si apoya o no la tregua, y en los últimos meses el debate político sobre su valor se ha vuelto cada vez más amargo, a medida que las campañas para las elecciones presidenciales del próximo año se ponen en marcha.
Sin una inversión social significativa y comprometida, el proyecto está destinado al fracaso, y los comentarios de los alcaldes de esta semana sugieren más que nunca que tal resultado es sólo una cuestión de tiempo.