El decomiso de más de tres toneladas de cocaína en Ecuador en menos de una semana es un gran botín que indica la mayor participación del país en el negocio transnacional de la droga y la posibilidad de que los flujos de estupefacientes por el país ocasionen problemas de seguridad.
La enorme cantidad de 3,2 toneladas de cocaína fue incautada en solo cuatro días en Ecuador en varios operativos de policía entre el 4 y el 7 de mayo, informó El Universo del 8 de mayo.
Los narcóticos se captaron en mar y tierra a lo largo de la costa Pacífica del país. Se dice que los cargamentos estaban destinados a Estados Unidos y Europa.
Una de las toneladas se incautó en la provincia costera de Manabí, y otra tonelada en la provincia de Esmeraldas, sobre el litoral.
Lo interesante es que ambas provincias eran puntos de tránsito para las rutas de tráfico usadas por Washington Prado Álava, alias “Gerard” o “Gerald”, para el transporte ilegal de cocaína desde Tumaco, en Colombia, hasta la costa Pacífica de Ecuador.
Prado, figura criminal prácticamente desconocida para el público hasta su reciente captura en el mes de abril en Colombia, fue apodado el “Pablo Escobar” de Ecuador luego de que las autoridades declararan que su organización sin nombre movió la sorprendente cantidad de 250 toneladas de cocaína colombiana en un periodo de dos años.
Como ya lo había informado InSight Crime, el brazo armado de la organización de Prado había asegurado Esmeraldas, localizada cerca de la frontera con Colombia, para garantizar el tránsito de cocaína del departamento de Nariño en el vecino país hasta las provincias de Guayas y Manabí, en Ecuador, desde donde zarpaban los cargamentos por mar.
Análisis de InSight Crime
Ecuador ha sido por largo tiempo un país de trasbordo. Limita con los dos mayores productores de coca del mundo, Perú y Colombia. Desde la década de 1970, se dice que el verdadero Pablo Escobar transportaba coca peruana sin procesar por Ecuador hasta Colombia, donde transformaba la hoja en cocaína.
Sin embargo, en los últimos años ha habido señales recurrentes de un incremento en el papel de Ecuador en el negocio de la droga, que eventualmente puede crear condiciones adversas para la seguridad en un país que se consideraba uno de los más seguros de la región.
Los descubrimientos de cargamentos de cocaína de varias toneladas, que en ocasiones rompían récords de décadas, ahora parecen comunes en Ecuador. Entre tanto, el total de decomisos ha aumentado de año en año. En 2016, el país interceptó 110 toneladas de estupefacientes, según El Universo. De esta cifra, 61 toneladas eran cocaína, incautada en los primeros once meses del año, una cantidad que superaba el total de 59 toneladas de cocaína decomisadas en 2015, según el informe sobre Estrategia Internacional del Control de Narcóticos 2017, del Departamento de Estado de Estados Unidos.
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Varios factores pueden explicar esta tendencia, incluyendo el auge de la producción de coca en la vecina Colombia, así como un incremento estimado en la producción en Perú.
Además, en el contexto del proceso de paz y la desmovilización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en Colombia, los grupos criminales han estado tomando control de los territorios en los que se cultiva coca, dejados por la guerrilla. Estas zonas han incluido el punto álgido de cultivos de coca de Tumaco, en el departamento de Nariño. Por esta razón no es una gran sorpresa que los informes que describen las enormes operaciones de narcotráfico de Prado apunten a Tumaco como uno de los puntos de origen de la cocaína.
Más allá de la mayor participación de Ecuador como punto de transbordo en la cadena internacional de las drogas, el alza de los decomisos también puede indicar cierta eficiencia de las autoridades ecuatorianas. Entre enero y julio de 2016, el país realizó 4.800 operativos contra el narcotráfico y desmanteló 29 grupos criminales, según el Ministerio del Interior de Ecuador.
Con un tasa de seis homicidios por 100.000 habitantes, Ecuador goza actualmente una de las tasas de homicidios más bajas de Latinoamérica y el Caribe. Pero el incremento de la actividad de estupefacientes puede eventualmente llegar a suponer un problema para la seguridad del país. A Prado, por ejemplo, se lo acusa de haber ordenado la muerte de varios funcionarios ecuatorianos con el fin de proteger sus operaciones.
Más aún, el movimiento de estupefacientes por el país puede abastecer el mercado de consumo local en Ecuador, lo que puede generar conflicto entre los grupos traficantes por el control del mercado. Además, los informes ya han señalado la corrupción en ciertas instituciones del gobierno como consecuencia directa de las actividades de tráfico de drogas.
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Aunque el panorama criminal en Ecuador ha sido por tradición labrado por organizaciones criminales extranjeras, en particular colombianas, y más recientemente mexicanas, la revelación de la red de Prado también indica que las ingentes ganancias criminales que pueden generarse en el país pueden promover la aparición de poderosas organizaciones narcotraficantes locales.