El ministro de justicia de Brasil causó revuelo esta semana cuando acusó a la policía militar de Rio de Janeiro de mantener nexos con el crimen organizado, y encuestas recientes muestran la falta de confianza de los ciudadanos en la institución. Pero los “cariocas”, como se conoce localmente a los habitantes de la ciudad, parecen no saber qué hacer para encontrar alternativas a la corrupción y abusos que saltan a la vista en el organismo de seguridad.

En entrevista con el blogger brasileño Josías de Souza, publicada el 31 de octubre, el ministro de justicia Torquato Jardim denunció que el gobernador de Rio Luiz Fernando Pezão y el secretario de seguridad del estado Roberto Sá no son incapaces de ejercer control sobre la policía militar local.

En lugar de eso, dijo Jardim, la cúpula de la institución “actúa en concertación con el crimen organizado”.

En un comienzo tanto Pezão como Sá manifestaron indignación por los comentarios de Jardim, mientras que la policía militar respondió llamándolos “una irresponsabilidad inadmisible [que] merece nuestro repudio más vehemente”.

Posteriormente, sin embargo, los oficiales parecieron bajar el tono de su indignación.

“No creo que él haya mentido. Le tengo una profunda admiración”, afirmó Pezão de Jardim en una entrevista radial el 2 de noviembre. “Dice que eso [la acusación] se basa en la historia de la policía militar. No era una afirmación del gobierno, era una cosa [opinión] personal suya”.

De hecho, muchas veces la policía militar se ha visto bajo la lupa de la opinión pública por presuntos nexos con elementos criminales. A comienzos del año, casi cien agentes y exagentes de policía fueron arrestados por supuestos vínculos con el narcotráfico en lo que se describió como el mayor escándalo de corrupción policial en la historia de Rio.

‘Más miedo que confianza’

La polvareda que levantaron las declaraciones de Jardim se dio justo después de la divulgación de varios informes que indican que los cariocas no confían en la policía militar.

Una encuesta reciente realizada por la firma de sondeos de opinión Datafolha halló que dos terceras partes de los habitantes de Rio sienten “más miedo que confianza” hacia la policía militar, y que menos de cada diez encuestados creen que la institución es “muy eficiente” en la prevención y lucha contra el crimen.

Otro estudio aparte, publicado en agosto por el Centro de Estudios sobre seguridad y ciudadanía (Centro de Estudos de Segurança e Cidadania – CESeC), llegó a una conclusión similar, al afirmar que dos terceras partes de los cariocas opinaban que la iniciativa de la policía militar, conocida con el acrónimo de UPP (Unidade de Polícia Pacificadora, o “Unidad de Policía Pacificadora”), no había logrado sus principales objetivos.

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Al mismo tiempo, casi el 60 por ciento de los encuestados declararon estar a favor de mantener el programa de UPP, aunque con algunas modificaciones a la estrategia.

El respaldo al mantenimiento de las UPP parecía tener correlación con la experiencia personal de los encuestados frente al programa.

Por ejemplo, en las zonas centro y sur de la ciudad, cuyos habitantes son en general más blancos y adinerados, el 48 por ciento de los encuestados tuvo una opinión positiva de las UPP. En la zona oeste, con mayor densidad de población de piel más oscura y menos recursos, cuyos ciudadanos tienen más probabilidades de ser objeto de abusos policiales, solo el 23 por ciento afirmó que respalda el programa.

“Como el sur es la zona más pudiente de la ciudad, hay la percepción general de que las UPP implementadas en esas áreas recibían mayor atención de las autoridades, mayores recursos y agentes mejor entrenados”, comentó Felipe Medeiros, analista de la consultora S-RM, a InSight Crime.

Recrudecimiento de la inseguridad

Parte de las razones para los bajos índices de aprobación de la policía militar puede estar en el deterioro de las condiciones de seguridad en Rio. Un informe divulgado el 2 de octubre por el Instituto de Seguridad Pública (Instituto de Segurança Pública) muestra que la tasa de homicidios en la ciudad tiene una tendencia ascendente.

La encuesta reciente de Datafolha halló que más del 70 por ciento de los cariocas quiere irse de Rio de Janeiro por causa de la inseguridad. De las 812 personas encuestadas por la firma, el 40 por ciento se sentía muy insegura durante el día en sus mismos vecindarios, y el 78 por ciento afirmaba sentirse insegura durante la noche en la ciudad.

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Esos temores tienen un impacto directo en las vidas de las personas, pues 35 por ciento de los encuestados afirmaron haber modificado su rutina diaria por la inseguridad. Más del 70 por ciento declararon que viven en toque de queda, y otro 70 por ciento declararon que oyen tiroteos a diario. (Se han puesto en circulación varias apps que funcionan con base en internet para ayudar a los ciudadanos a evitar verse atrapados en los tiroteos que suelen estallar en diversos puntos de la ciudad).

El tamaño de la muestra es más bien reducido, y el informe señala que la encuesta se realizó solo diez días después de un brote de violencia que llevó a las autoridades a desplegar el ejército en Rocinha, una de las “favelas” más grandes de la ciudad, como se llama a los barrios marginados que suelen construirse en faldas montañosas en condiciones precarias. Estos hechos, retratados por muchas agencias de noticias como una evocación de una guerra, pueden haber incidido en las respuestas.

Sin alternativas claras

Los elevados índices de violencia e inseguridad son resultado de varios factores relacionados, pero es innegable que uno de ellos es la incapacidad de las UPP para mantener los logros iniciales en seguridad logrados con su implementación a mediados de la década de 2000. Sin embargo, el estudio del CESeC publicado en agosto indica que los ciudadanos no tienen necesariamente una idea clara de una estrategia alternativa.

“Funcionó por un tiempo, y no tenemos una solución mejor”, opinó Júlio Altieri, analista residente en Rio de la firma de consultoría en seguridad Amarante, en conversación con InSight Crime.

Un obstáculo importante para cambiar el curso es la crisis presupuestal de la ciudad, que ha generado frustraciones entre la policía por la falta de recursos suficientes, mientras que la mayor temeridad por parte de poderosas organizaciones criminales sigue contribuyendo a la escalada de la violencia en Rio.

“Están diversificando sus fuentes de ingreso, no solo con el expendio de drogas, sino también cometiendo delitos en las calles”, observó Altieri. “Esto no era así anteriormente… Las pandillas de drogas normalmente no participaban en delitos que llamaran la atención y atrajeran operativos policiales. Pero ahora… roban cajeros automáticos, camiones de carga, joyerías, tiendas de teléfonos móviles [y] tiendas de aparatos electrónicos, o se asocian con gente del lugar para suministrarles armas para robos grandes, cuyas ganancias se compartirían entre ambos”.

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En respuesta a los crecientes temores por el aumento de la violencia en Rio, el gobierno ha recurrido a una estrategia que ya había resultado infructuosa; a saber, el envío de fuerzas armadas federales. Pero como le comentara la periodista brasileña Cecília Olliveira a InSight Crime en julio pasado, “Si esa fuera una estrategia efectiva, no necesitaríamos al ejército otra vez en las calles”.

Rio de Janeiro no es el único lugar de Brasil afectado por la creciente inseguridad. De hecho, la situación puede ser mucho peor en las regiones rurales situadas más hacia el norte del país. Pero aunque recientemente el presidente Michel Temer calificó el problema de “emergencia nacional”, las autoridades en todo el país también parecen no saber qué hacer para enfrentar el problema.